Este lunes 8 de marzo, fecha en que mundialmente se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en Veracruz –segundo estado con mayor número de feminicidios en el país– no hay mucho qué celebrar.
Tampoco en todo México, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que a 14 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ninguna de las 32 entidades federativas ha reunido los elementos básicos para considerar que podía implementar una política que le permitiera prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El máximo órgano fiscalizador evaluó la implementación de la política nacional en la materia durante la década 2010-2019, y concluyó que de continuar en las mismas condiciones, seguirán creciendo los feminicidios en el país.
De acuerdo con las cifras oficiales del periodo 2016-2019 (en 2015 inició formalmente la estadística en la materia), estos crímenes de género se incrementaron a un ritmo de 14.2 por ciento en promedio anual. En los últimos tres años pasaron de 914 en 2018 a 968 en 2019 y 969 en 2020. Y, en enero pasado, Veracruz registró 6 nuevos casos, sólo superado por Estado de México, con 12.
La ASF estimó que en 2030 los feminicidios tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9 por ciento.
De prevalecer las mismas condiciones del periodo anterior a nivel nacional, persistirá el riesgo de que la violencia contra la mujer incremente en su expresión más extrema, incluso en su grado más extremo, alertó la ASF, en cuya evaluación, publicada como parte del informe general de la Cuenta Pública 2019, encontró que si bien el problema de la violencia contra las mujeres ha sido definido de forma correcta por los gobiernos, no ha sido cuantificado de manera adecuada.
Además, si bien los diseños de la política para atender y sancionar la violencia contra las mujeres atienden algunas de las causas del problema, no fueron consistentes entre sí, sobre todo en cuanto a lograr una atención multidisciplinaria y coordinada, lo que ocasionó que la implementación de la política fuera desarticulada.
La ASF señaló también que entre 2010-2019 no se logró que las acciones en los ejes de la política se realizaran de manera coordinada; tampoco se concretó la consolidación del Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y de la Sociedad contra las Mujeres, del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, que permitieran conocer el grado de avance en la atención del problema.
Según la ASF, en 2019 la política pública en la materia se vio limitada para atender este problema público, ya que en ninguna de las 32 entidades federativas se logró establecer los elementos base para generar a nivel local las condiciones mínimas para contribuir a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.