Lo ocurrido hace dos semanas en Orizaba, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado tomaron por asalto las instalaciones de la policía municipal y varios de los uniformados municipales trasladados a Xalapa “para investigación”...
Asumiendo la SSP el mando en ese lugar, prende focos rojos en otros municipios del estado, no tanto por probables vínculos entre agentes del orden y grupos de la delincuencia organizada, sino por los abusos de la autoridad estatal y violación de derechos humanos a esos servidores públicos, y más en este caso, con una corporación que ha realizado esfuerzos por certificar a todos sus integrantes; sí procedía, en éste y en cualquier otra corporación de seguridad, la revisión del armamento que utilicen, pero sólo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable de expedir las autorizaciones de uso de armas. El ataque de un grupo armado que terminó en la muerte de tres elementos estatales que resguardaban el edificio del edificio del Servicio de Medicina Forense (Semefo) en la Pluviosilla, pudo provocar esa radical reacción de la policía estatal, atribuyéndose a una supuesta complicidad entre los policías locales y los asesinos; sin embargo, al paso de los días no existe evidencia real de esa presunción, y sí la sospecha de haberse aprovechado este acto criminal para quitar el control de su policía a un gobierno municipal “de oposición”, lo que pudiera convertirse en un ‘modus operandi’ en municipios con gobiernos contrarios al morenismo, para uso electoral, aún en aquellos donde los índices delictivos no se justificaran, en nombre del combate a la delincuencia. Esto se suma a denuncias de presiones, amenazas y chantajes hacia alcaldes de partidos distintos al que ahora gobierna en Veracruz para que apoyen a los candidatos de Morena en las elecciones de junio próximo. En octubre del año pasado, Sergio Cadena Martínez, presidente estatal del PRD en Veracruz, pidió inclusive la intervención de su bancada en el Congreso federal ante las muchas presiones políticas que enfrentan sus ediles en el estado. ¿La advertencia de Orizaba debería poner en alerta a los alcaldes de municipios como Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan, Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Pánuco y otros que no se han alineado al gobierno morenista? Es una posibilidad que no debería descartarse, para evitar sorpresas.
El fin de semana hubo cientos de personas metiéndose a la playas del puerto, Boca del Río y Antón Lizardo, como si el coronavirus no existiera. Las áreas costeras eran un Carnaval, por sus concentraciones, y no solamente nadaban, comían, bailaban, sino que hubo tal exceso en el consumo de alcohol que, en Antón Lizardo, una bronca entre palaperos y turistas a punto estuvo de convertirse en tragedia, cuando uno de los agresores blandía un machete en mano y se abalanzó varias veces contra su adversario. No hubo vigilancia de Protección Civil, responsable de tomar medidas preventivas, ni de las policías municipales para evacuar a tantas personas reunidas, simplemente se dejó hacer y pasar. La mayoría de los que no respetaron las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios, eran visitantes de ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tlaxcala, aunque también hubo presencia de personas que radican en estas localidades. Lamentable espectáculo que, sin duda, traerá consecuencias, incluso trágicas. Esa iniciativa de ley presentada hace unos días en el Congreso local, por el Grupo legislativo PRI-PVEM, para hacer obligatorio el uso de cubrebocas y respetar las medidas sanitarias, debe ser aprobada cuanto antes. Es necesario poner orden y salvar vidas.
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