Sobre el II Informe de Gobierno que rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador, los análisis han sido muchos y variados, como corresponde a una sociedad plural que goza de libertades y cuyas opiniones enriquecen la vida pública de México; al margen de todas esas voces, lo importante son los hechos, que avalan las palabras, y el informe fue puntual en lo realizado durante un año, que ha sido mucho a pesar de las dos crisis que afectan al país: la sanitaria y la económica.
Aun así se dio cuenta del cumplimiento de 95 de los 100 compromisos adquiridos en diciembre de 2018 y como resultado de la austeridad republicana, que quitó lujos y privilegios al gobierno, y a que se acabó la robadera “de los de arriba”, se ahorraron y destinaron 560 mil millones de pesos al bienestar del pueblo, lo que refleja la decisión de este gobierno cuyo principal legado será purificar la vida pública de México.
Un punto relevante es cómo se enfrentó la pandemia del Covid-19, que ha dejado dolor y tristeza por muertes infortunadas, pero más allá de recibirse en un deficiente sistema de salud que además registraba un déficit de 200 mil médicos, éste no fue rebasado y los hospitales públicos siguen ofreciendo atención médica a los enfermos; e igualmente destacado es la fórmula, distinta y única en el mundo de atenuar los efectos de crisis económica que deja la pandemia, a pesar de reproches por no haberse emprendido un rescate económico elitista hacia las grandes empresas y bancos como antes se acostumbraba, otorgándose apoyos y créditos directos para reactivar la economía de abajo hacia arriba, primero rescatando al pueblo, por el bien de todos.
Basta decir que siete de cada diez familias reciben al menos un beneficio de los programas sociales que llegan a 23 millones de beneficiarios y de ellos en un 100 por ciento a las comunidades indígenas, de los más pobres del campo y de la ciudad. En el caso de los adultos mayores, niños y niñas con discapacidad, en el informe se señala que recibieron por anticipado sus pensiones y únicamente falta pagar noviembre y diciembre. En ocho meses se destinaron a estos programas 115 mil millones de pesos en beneficio de 9 millones de personas, lo que es inversión, no gasto; tampoco dádivas, sólo justicia.
Otra parte de necesaria mención es que a pesar de la crisis se han mantenido la mayor parte de los empleos, pues de acuerdo a la base de datos del Seguro Social, antes de la pandemia estaban inscritos a la institución 20.5 millones de trabajadores de cerca de un millón de empresas; a la fecha, el IMSS registra 19.5 millones de derechohabientes, lo que significa que durante el problema sanitario se han perdido un millón de empleos formales, lo que es un desmentido a los críticos de la transformación que señalan que se perdieron millones de puestos de trabajo; además, las empresas aceptaron aumentar el año pasado 16 por ciento al salario mínimo, este año un 20 por ciento más y decidieron voluntariamente aportar más para pensionar mejor a los trabajadores.
Son buenas noticias las del Presidente, pero el apartado que más debe destacarse de su II Informe es su reiterado compromiso al proyecto de nación que propuso a la sociedad: “algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto, que apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado o que seamos tolerantes con la corrupción que nos propusimos erradicar. Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y renuncie a mi congruencia, y eso, lógicamente, no va a ocurrir; está en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia (…y) sigue en pie el compromiso de terminar de sentar las bases del México del porvenir; a partir de entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, sólo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo, para contar siempre con su respaldo”.
