Fue un escándalo el resultado de la revisión a la cuenta pública 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
El órgano auditor federal presentó más de 800 informes sobre la fiscalización a los gobiernos estatales, los tres poderes de la Unión, los entes públicos y, en general, todas las instancias que manejan recursos públicos federales.
Destacaron las observaciones por irregularidades detectadas en proyectos estratégicos del actual gobierno de la 4T: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y al Aeropuerto de Santa Lucía.
Fue el resultado de 98 auditorías de desempeño y más de mil revisiones de cumplimiento, informó el titular de la ASF, David Colmenares.
El órgano autónomo detectó, por ejemplo, anomalías por más de 560 millones de pesos en los pagos a los servidores de la Nación, que son quienes dispersan los programas sociales; indica, además, que es poco confiable el censo realizado por estos servidores públicos.
El informe de la ASF a la cuenta pública representó un golpe al gobierno estatal de Veracruz, al detectar un posible daño patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos en la Secretaría de Salud.
El Seguro Popular no comprobó en Veracruz recursos superiores a mil 900 millones de pesos.
En reacción a esas observaciones, el gobernador Cuitláhuac García dijo que éstas son mínimas y que las finanzas estatales están bien.
Sin embargo, llama la atención que el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Orfis, no haya presentado aún su informe sobre la revisión a la cuenta pública de 2019.
En marzo del año pasado el Orfis dio a conocer que continuaba la recepción de “la documentación comprobatoria correspondiente a las Cuentas Públicas del ejercicio 2019 por parte de autoridades municipales”.
La ley establece que el Orfis debió entregar en octubre de 2020 su informe sobre la auditoría al ejercicio de 2019; sin embargo, la titular del ente, Delia González Cobos, se ha cansado de pedir prórrogas; pidió más tiempo y en el Congreso local le dieron hasta el 31 de enero.
Se le venció ese plazo y pidió una prórroga más y al final se ubicó la fecha de la entrega de ese informe para septiembre de 2021; esto es, cuando ya haya pasado el proceso local electoral.
Ese retraso en el cumplimiento de esa obligación despertó todo tipo de especulaciones y suspicacias; ya sabe usted como es la oposición de desconfiada; comenzó a correr la versión de que desde el órgano fiscalizador se retrasaba el informe, debido a que éste revelaría datos que podrían ser utilizados por partidos y actores políticos opositores a Morena para lanzar golpes a la línea de flotación del barco morenista en Veracruz, relacionados con el manejo de los recursos públicos.
En todo caso, se trata sólo de especulaciones; lo cierto es que todas esas versiones podrían evitarse si el Orfis cumpliera con su encomienda, como dicen los abogados “en tiempo y forma”; pero el órgano auditor ha optado por dejar pasar el tiempo y mirar hacia otro lado, desentendido, cuando le cuestionan su trabajo.
Curioso caso: con todo y cuestionamientos, la ASF ya presentó su informe de resultados de la revisión a la cuenta pública 2019; auditó a todos los entes públicos que manejan recursos federales, al gobierno y sus tres poderes, a las administraciones estatales y a los órganos descentralizados; pero los veracruzanos tendrán que esperar 7 meses para conocer el trabajo del Orfis, que informará casi un año después de lo que establece la ley.
