/ miércoles 17 de abril de 2019

Calambre a pederastas

La orden de aprehensión que la magistrada federal María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, acaba de librar en contra del ex gobernador poblano Mario Marín y del empresario textilero Kamel Nacif por la presunta comisión del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho hace más de 13 años, está por colocar en el ojo del huracán mediático a la actual secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró en noviembre de 2007 que no había ni un solo elemento que probara la concertación de Marín con el Poder Judicial de Puebla y el gobierno de Quintana Roo para actuar en contra de la autora del libro “Los Demonios del Edén”, cuando fue detenida en Cancún, en diciembre de 2005, y trasladada por carretera hasta la entidad poblana.

A lo más hubo “tortura sicológica”, sostuvo hace 11 años y cinco meses la ahora titular de la SEGOB.

Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero desacreditaron el dictamen presentado a finales de noviembre de 2007 por el ministro Juan Silva Meza, quien después de un año de investigaciones realizadas por mandato de la Corte, había logrado establecer la “componenda” de autoridades, encabezadas por Marín, para perseguir a la periodista a solicitud del influyente empresario Nacif Borge, amigo, entre otros poderosos políticos, del priista Emilio Gamboa Patrón.

El dictamen fue desechado en las sesiones del martes 27 y jueves 29 de noviembre, cuando finalmente se exoneró “por falta de pruebas” al mandatario poblano del PRI.

El camino lo abrió Aguirre Anguiano al desacreditar una parte central del informe, argumentando que el ministro Silva Meza se había excedido del mandato recibido al incluir las redes de pederastia y pornografía infantil en su investigación. Fue apoyado por los ministros Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela, Sergio Valls y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN. Con seis votos contra cuatro, la resolución desechó esa parte de la investigación.

Con este primer deslinde a favor de Marín, se desactivó la acusación en su contra en el sentido de que protegía las redes de pederastia y pornografía infantil descritas por Cacho en su libro, en el que mencionaba a Kamel Nacif, al empresario pedófilo Jean Succar Kuri, actualmente preso, y a políticos como Miguel Ángel Yunes Linares, quien acababa de renunciar al PRI en protesta por la postulación de su acérrimo enemigo Fidel Herrera Beltrán a la gubernatura de Veracruz.

La segunda y definitiva votación a favor de Marín fue promovida dos días después por doña Olga.

La orden de aprehensión que la magistrada federal María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, acaba de librar en contra del ex gobernador poblano Mario Marín y del empresario textilero Kamel Nacif por la presunta comisión del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho hace más de 13 años, está por colocar en el ojo del huracán mediático a la actual secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró en noviembre de 2007 que no había ni un solo elemento que probara la concertación de Marín con el Poder Judicial de Puebla y el gobierno de Quintana Roo para actuar en contra de la autora del libro “Los Demonios del Edén”, cuando fue detenida en Cancún, en diciembre de 2005, y trasladada por carretera hasta la entidad poblana.

A lo más hubo “tortura sicológica”, sostuvo hace 11 años y cinco meses la ahora titular de la SEGOB.

Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero desacreditaron el dictamen presentado a finales de noviembre de 2007 por el ministro Juan Silva Meza, quien después de un año de investigaciones realizadas por mandato de la Corte, había logrado establecer la “componenda” de autoridades, encabezadas por Marín, para perseguir a la periodista a solicitud del influyente empresario Nacif Borge, amigo, entre otros poderosos políticos, del priista Emilio Gamboa Patrón.

El dictamen fue desechado en las sesiones del martes 27 y jueves 29 de noviembre, cuando finalmente se exoneró “por falta de pruebas” al mandatario poblano del PRI.

El camino lo abrió Aguirre Anguiano al desacreditar una parte central del informe, argumentando que el ministro Silva Meza se había excedido del mandato recibido al incluir las redes de pederastia y pornografía infantil en su investigación. Fue apoyado por los ministros Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela, Sergio Valls y Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN. Con seis votos contra cuatro, la resolución desechó esa parte de la investigación.

Con este primer deslinde a favor de Marín, se desactivó la acusación en su contra en el sentido de que protegía las redes de pederastia y pornografía infantil descritas por Cacho en su libro, en el que mencionaba a Kamel Nacif, al empresario pedófilo Jean Succar Kuri, actualmente preso, y a políticos como Miguel Ángel Yunes Linares, quien acababa de renunciar al PRI en protesta por la postulación de su acérrimo enemigo Fidel Herrera Beltrán a la gubernatura de Veracruz.

La segunda y definitiva votación a favor de Marín fue promovida dos días después por doña Olga.

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