Por lo menos hasta hace un par de meses, luego de los fallidos juicios políticos que el gobierno estatal y los diputados locales de Morena pretendieron iniciarle al fiscal general Jorge Winckler, una de las que más abogaban ante algunos periodistas por el titular de la FGE era la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), Numiko Matzumoto.
La amistad entre ambos se fortaleció aún más con la incorporación como fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de Luis Eduardo Coronel Gamboa, un joven abogado que había colaborado con Matzumoto entre 2010 y 2017 en el Programa de Derechos Humanos de la UV, en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y como secretario ejecutivo de la propia CEDHV.
Por eso a muchos sorprendió, generando todo tipo de conjeturas, la Recomendación 25/2019 que la semana anterior dirigió a la Fiscalía General del Estado “en carácter de responsable” por los “actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio de una persona privada de su libertad”.
La víctima denunciante es Gilberto Aguirre Garza, extitular de Servicios Periciales de la Fiscalía, a quien según la recomendación del organismo autónomo le fueron violados el “derecho a la integridad personal en su modalidad de tortura física y psicológica”, y el del “debido proceso”.
Como elementos de prueba la CEDHV presentó “informes realizados por la propia Fiscalía, entrevistas con testigos y entrevistas a la víctima, además, especialistas externos realizaron al solicitante valoraciones físicas y psicológicas de acuerdo con estándares internacionales determinados por la ONU (Protocolo de Estambul)”.
En dicha investigación la Comisión acreditó:
que durante las madrugadas de abril y mayo de 2018, Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y que actualmente se desempeña como fiscal regional en Xalapa, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo (…) Sin dejar constancia en los filtros de seguridad con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura.
Ante tales evidencias, la CEDHV recomendó a las autoridades correspondientes “investigar a los servidores públicos señalados para determinar sus responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con su participación, debido a que la tortura es considerada como un delito grave por el derecho internacional”, o sea, de lesa humanidad, por lo que el abogado Jorge Reyes Peralta, defensor de la víctima, está por presentar ante la Fiscalía General de la República la respectiva denuncia que jurídicamente sería mucho más consistente que la recién interpuesta en contra de Winckler por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, por omisión en la procuración de justicia.
