/ miércoles 12 de agosto de 2020

Congreso: ¡una tras otra!

No obstante que ya existía el antecedente del amparo que un juez federal había concedido para reinstalar al magistrado Jorge Espinosa Castillo...

A quien el año antepasado el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, le quiso aplicar la reforma promulgada por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares que desde diciembre de 2017 estableció el retiro forzoso de los togados al cumplir 70 años de edad, en el Congreso local la bancada de Morena, liderada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y los legisladores yunistas del PAN aprobaron la designación de cinco nuevas magistradas, dos de las cuales ocuparían las vacantes impugnadas ante el Poder Judicial de la federación.

Pese a que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero demostraron haber obtenido la protección de la justicia federal para no ser removidos, la LXV Legislatura local los desoyó y procedió indebidamente a reemplazarlos sin que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, expresara públicamente su desaprobación.

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Ahora, la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso, Georgina Maribel Chuy Díaz, acaba de notificarle al titular del Juzgado Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez, que “por falta de tiempo” no pudieron dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a favor del magistrado Lezama en los tres días que se les ordenó, pero que “las medidas tendientes a dar cumplimiento a la suspensión otorgada” se harán efectivas en la próxima sesión de la Diputación Permanente.

Por supuesto, la funcionaria del Poder Legislativo solicitó al juez que “se deje sin efectos” el apercibimiento con el que se le conminó a cumplir con la medida cautelar otorgada a Lezama, pues con la designación de la magistrada María Lilia Viveros Ramírez para ocupar su vacante se violentó la Ley de Amparo, cuyo artículo 262 estipula que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (…) No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra” o que “sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo”.

El problema, ahora, es que sobran magistrados, pues el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado estipula que el TSJE se integrará con 33 magistrados, y que el Pleno, “excepcionalmente”, podrá disponer de un número mayor o menor de magistrados o salas para la integración del Tribunal, “siempre que exista una causa justificada y de acuerdo con las necesidades del servicio”.

¿Acaso las tonterías del Congreso serán “causa justificada”?

No obstante que ya existía el antecedente del amparo que un juez federal había concedido para reinstalar al magistrado Jorge Espinosa Castillo...

A quien el año antepasado el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, le quiso aplicar la reforma promulgada por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares que desde diciembre de 2017 estableció el retiro forzoso de los togados al cumplir 70 años de edad, en el Congreso local la bancada de Morena, liderada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y los legisladores yunistas del PAN aprobaron la designación de cinco nuevas magistradas, dos de las cuales ocuparían las vacantes impugnadas ante el Poder Judicial de la federación.

Pese a que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero demostraron haber obtenido la protección de la justicia federal para no ser removidos, la LXV Legislatura local los desoyó y procedió indebidamente a reemplazarlos sin que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, expresara públicamente su desaprobación.

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Ahora, la subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso, Georgina Maribel Chuy Díaz, acaba de notificarle al titular del Juzgado Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez, que “por falta de tiempo” no pudieron dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a favor del magistrado Lezama en los tres días que se les ordenó, pero que “las medidas tendientes a dar cumplimiento a la suspensión otorgada” se harán efectivas en la próxima sesión de la Diputación Permanente.

Por supuesto, la funcionaria del Poder Legislativo solicitó al juez que “se deje sin efectos” el apercibimiento con el que se le conminó a cumplir con la medida cautelar otorgada a Lezama, pues con la designación de la magistrada María Lilia Viveros Ramírez para ocupar su vacante se violentó la Ley de Amparo, cuyo artículo 262 estipula que “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (…) No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra” o que “sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo”.

El problema, ahora, es que sobran magistrados, pues el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado estipula que el TSJE se integrará con 33 magistrados, y que el Pleno, “excepcionalmente”, podrá disponer de un número mayor o menor de magistrados o salas para la integración del Tribunal, “siempre que exista una causa justificada y de acuerdo con las necesidades del servicio”.

¿Acaso las tonterías del Congreso serán “causa justificada”?

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