Sin duda alguna, la zona sur es la más violenta del estado, y en la conurbación Coatzacoalcos-Minatitlán se libra la más cruenta batalla entre grupos del crimen organizado que se disputan el control de la plaza.
El hecho de mayor horror ocurrió hace casi dos años, cuando un comando armado atacó el bar “Caballo Blanco” de ese lugar, prendió fuego a las instalaciones y selló las puertas para evitar la salida de clientes, 28 de los cuales murieron a consecuencia de impactos de arma de fuego o calcinados, y otros quedaron heridos, uno de los cuales falleció días después. Antes, el 19 de abril de 2019, otro atentado sacudió a Minatitlán, cuando un salón de fiestas fue atacado por un grupo de pistoleros que disparon ráfagas de fuego para dejar como saldo 13 víctimas. Ese suceso hizo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador acudiera días después a la zona para anunciar la instalación en ese lugar el primer cuartel de la Guardia Nacional, con el cual reforzar la seguridad de la zona y evitar más hechos de este tipo. No funcionó. La presencia de la GN de poco ha servido para dar tranquilidad a los habitantes de esas demarcaciones, donde los grupos criminales mantienen el control y poder, y todos días, sin exagerar, se presentan casos de ejecuciones o atentados. Lo grave es que no sólo se trata de una lucha entre ellos, los daños colaterales han hecho tanto daño, sobre todo a Coatzacoalcos, que muchas familias han decidido dejar todo e irse a vivir a otros lugares; muchos negocios, de todos los giros, reciben amenazas de muerte si no pagan cuotas, lo que también ha provocado que infinidad de ellos bajen las cortinas, y otros tantos han corrido peor suerte, secuestros y hasta muertes por no pagar sus rescates. ¿Qué más necesita pasar para que se preste una mayor atención que resulte efectiva ante esa violencia desmedida en todo el sur de Veracruz y en especial en Minatitlán y Coatzacoalcos? Apenas el martes en la noche volvió a suceder otro caso sangriento, en una taquería localizada en la céntrica Plaza Quadrum del también conocido como puerto México, a cuyo lugar llegó un grupo de matones que disparó contra tres comensales. No se evitó esa nueva masacre. Es grave la situación y, por lo que se observa, puede empeorar. Hay otras localidades donde también la violencia escala peligrosamente, indicador de la necesidad de cambiar estrategias. Está visto que los patrullajes son insuficientes. Los expertos en la materia deberán determinar qué es lo que se requiere, probablemente un mayor trabajo de inteligencia para mayor precisión en los resultados, que puedan devolver la tranquilidad perdida en el estado.
Vaya, por fin comenzó a trabajar la Dirección General de Tránsito y Transporte Público del estado (DGTTE), frente a la emergencia sanitaria por contagios y muertes atribuibles al COVID-19 que se presenta en varios municipios de Veracruz, particularmente en el puerto jarocho y la capital Xalapa. Esa dependencia determinó dispuso desde el pasado el uso obligatorio de mascarillas de los usuarios del servicio de transporte urbano, de lo contrario no podrán abordar los autobuses, y quienes tienen la obligación de hacer cumplir dicha medida son los conductores, a quienes les aplicarán sanciones si permiten la violación a esta regla. Tardada la medida, pero aún sirve, y la DGTT deberá estar muy atenta para que los choferes sean los primeros en acatar esta disposición, incluso retirándose la licencia indefinidamente, y a los agentes de Tránsito fincar las responsabilidades si, a cambio de una dádiva, dejaran de cumplir con la ley. Aplausos para las autoridades por esta acertada medida.
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