/ miércoles 9 de septiembre de 2020

Cuando la paciencia ciudadana acaba, el periodo gubernamental termina

Los derechos humanos consignan, en orden de importancia, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica; limitan a las autoridades en su actuar arbitrario cuando al amparo de la fuerza pública imponen abusivas determinaciones, en perjuicio de cualquier miembro de la colectividad.

Un gobierno que no es capaz de atender las necesidades de la población, en la búsqueda del bien público temporal, no tiene justificación alguna para permanecer al mando de la fuerza y las instituciones públicas.

El derecho a la vida, a partir del número de homicidios y desaparición de personas, ha sido relegado por el Estado mexicano, considerando los informes oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde aparecen registros por los que tendrá que responder el gobierno de la 4T por las cifras de muertos y desaparecidos en lo que va de la presente administración, cifras que no se esperaban desde la “guerra contra las drogas” decretada por el expresidente Calderón.

Sin un sistema de seguridad en el que el Estado responda por los derechos humanos de la población y la familia, considerada ésta como célula fundamental del Estado, no puede haber un ejercicio pleno de la libertad que garantice el desarrollo y la capacidad de los mexicanos para acceder a mejores niveles de vida.

La paz y la confianza prometidas en campaña por los activistas de la 4T se han desvanecido. La actuación bien aprovechada por los promotores de Morena convenció a los electores en el año 2018 para llevar al triunfo a López Obrador; sin embargo, no hay que olvidar que “de falsos profetas, demagogos, mentirosos y tramposos está lleno el ambiente político”.

Sobre él se cierne una nube espesa de inconformidad de la gente, que amenaza con la destitución de pésimos servidores públicos y su consignación por las fiscalías para ser sancionados por jueces y magistrados del Poder Judicial, que harán efectiva la promesa de acabar con la corrupción y finalmente devolver al pueblo lo robado.

La ineficacia en el manejo de la pandemia del Covid 19, los negocios multimillonarios desde el gobierno y el autoritarismo suman en contra de la 4T.

Sus funcionarios, quienes no tienen derecho alguno a seguir ejerciendo los privilegios y la arrogancia con que se comportan en sus funciones, tendrán que responder por los abusos cometidos desde el poder público, más pronto de lo que se imaginan.

Los derechos humanos consignan, en orden de importancia, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica; limitan a las autoridades en su actuar arbitrario cuando al amparo de la fuerza pública imponen abusivas determinaciones, en perjuicio de cualquier miembro de la colectividad.

Un gobierno que no es capaz de atender las necesidades de la población, en la búsqueda del bien público temporal, no tiene justificación alguna para permanecer al mando de la fuerza y las instituciones públicas.

El derecho a la vida, a partir del número de homicidios y desaparición de personas, ha sido relegado por el Estado mexicano, considerando los informes oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde aparecen registros por los que tendrá que responder el gobierno de la 4T por las cifras de muertos y desaparecidos en lo que va de la presente administración, cifras que no se esperaban desde la “guerra contra las drogas” decretada por el expresidente Calderón.

Sin un sistema de seguridad en el que el Estado responda por los derechos humanos de la población y la familia, considerada ésta como célula fundamental del Estado, no puede haber un ejercicio pleno de la libertad que garantice el desarrollo y la capacidad de los mexicanos para acceder a mejores niveles de vida.

La paz y la confianza prometidas en campaña por los activistas de la 4T se han desvanecido. La actuación bien aprovechada por los promotores de Morena convenció a los electores en el año 2018 para llevar al triunfo a López Obrador; sin embargo, no hay que olvidar que “de falsos profetas, demagogos, mentirosos y tramposos está lleno el ambiente político”.

Sobre él se cierne una nube espesa de inconformidad de la gente, que amenaza con la destitución de pésimos servidores públicos y su consignación por las fiscalías para ser sancionados por jueces y magistrados del Poder Judicial, que harán efectiva la promesa de acabar con la corrupción y finalmente devolver al pueblo lo robado.

La ineficacia en el manejo de la pandemia del Covid 19, los negocios multimillonarios desde el gobierno y el autoritarismo suman en contra de la 4T.

Sus funcionarios, quienes no tienen derecho alguno a seguir ejerciendo los privilegios y la arrogancia con que se comportan en sus funciones, tendrán que responder por los abusos cometidos desde el poder público, más pronto de lo que se imaginan.