A fines del año pasado, dos senadores de Morena enderezaron severas críticas contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhiuac García Jiménez.
Uno de ellos, el coordinador de la bancada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, señaló que en Veracruz hay un “mal gobierno” del que no se da cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por esa causa pueden enfrentarse dificultades para ratificar el triunfo electoral de su partido en 2021, y en esa misma clasificación metió a Miguel Barbosa Huerta, de Puebla, y a Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos. ‘Lastres de Morena’, los llamó. El otro mensaje fue de Germán Martínez Cázares. El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el inicio del actual gobierno federal, observó que existen fallas del gobernante veracruzano: “hay que tener gobiernos correctos; hay desfiguros en Morelos, en Veracruz, (esa es) la verdad”. Son voces de peso que, sin embargo, no gravitaron en el ánimo del gobierno veracruzano, y por lo cual existe un ambiente conflictivo en el estado, en la víspera electoral, lo que plantea un escenario amenazante.
No sólo han ocurrido atentados contra candidatos de filiaciones diversas y autoridades, repentinamente también surgen investigaciones de delitos que mueven a la sospecha por ser contra políticos opositores del PRD, PAN y PRI, que los han llevado a la cárcel y sujetos a proceso, el último contra el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que no es una perita en dulce, y su primogénito Miguel Ángel, también acaba de expresar que quieren encarcelarlo para sacarlo de la contienda electoral. Habrá que ver de que se le acusa y si existen fundamentos, aunque su candidatura permanece tambaleante por incumplir requisitos de ley para poder serlo. Es parte de lo que sucede, y resulta tan inquietante como la velada amenaza a otro medio de comunicación porteño debido a su definición política, a lo que editorial y constitucional tiene derecho, al igual que su crítica en contra del poder del estado. Ese medio publicó, recientemente, información de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros; el funcionario tardó casi una semana en desmentirla, y después mandó a que se le requiera algún pago de algún de impuesto atrasado que no ha hecho esa empresa. ¿Es legal?, puede serlo, pero más que otra cosa, resulta autoritaria.
En agosto pasado, el propio Cisneros, quien fue duramente cuestionado por el periódico decano, escribió vía whatsapp a la Directora: “el que se lleva, se aguanta; así es esto”. Días después, a las oficinas de ese periódico llegó un requerimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación para presentarse la “a la Oficina de Hacienda de Veracruz para recibir un oficio de la Subsecretaría de Ingresos de la Sefiplan”.
La autoridad está en su derecho de reclamar este tipo de contribuciones, pero cuando éstas se inspiran en el revanchismo, es una mala señal de autoritarismo.
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