/ viernes 28 de junio de 2019

Ediles y parientes exhiben a Hérviz

Ángel R. Cabada es un municipio al que el Orfis, el Congreso del Estado y la Fiscalía General del estado deberían prestarle mayor atención, lo mismo que a otros municipios de la zona, como Santiago Tuxtla e incluso San Andrés Tuxtla, donde existen abusos y no se les tiene confianza a las autoridades municipales, sobre todo en el manejo de los recursos públicos. En Cabada, en particular, la situación es conflictiva entre los miembros del Cabildo que en su mayoría acusan al alcalde Arturo Hérviz Reyes de presumible desvío de al menos 20 millones de pesos en obras realizadas con deficiencias y sospechosamente asignadas a empresas foráneas. Los miembros edilicios ya realizaron recorridos por los trabajos ejecutados y encontraron que “están mal hechas y los expedientes (de esas obras) no están integrados correctamente”.

En rueda de prensa, dieron la cara e hicieron esta denuncia pública la síndica Claudia Santamaría García y los regidores Juan Guillermo Uscanga Monterrosa, Mariana Parra Zapot y Anselmo González Rivera, quienes señalaron haber enviado un oficio al Contralor Interno de dicho Ayuntamiento, Freddy A. Pardiña Mojica, para que les fueran entregados y verificar cada expediente de esas obras “y encontramos infinidad de irregularidades, (… entre ellas) obras donde no existen comités de contraloría social, otras carecen de fianzas por anticipo, vicios ocultos (y) de cumplimiento. (Queremos) evitar que se sigan cometiendo este tipo de atropellos, los recursos deben de ser canalizados en obras de beneficio social, obras que abatan el rezago de nuestro municipio, no que se desvíen a otros lados”.

Ese municipio tiene enormes necesidades, sobre todo de empleo desde hace ya varios años cuando cerró el ingenio San Francisco y dejó de recibir la caña que se cultiva de esa zona y también quedaron cesantes todos los trabajadores de esa industria, y sin ningún tipo de seguridad social.

Por esta causa, el comercio agoniza al no tener ventas por la escasez de circulante y los delitos del fuero común se multiplican. Pese a esa situación, no hay una estrategia de las autoridades para aliviar el drama que sufren cientos de familias, muchas de las cuales emigran a otros lados, incluso a Estados Unidos, para obtener recursos que les permita vivir.

Lo lamentable es que ahora se sume este presunto caso de corrupción que los ediles tendrán que formalizar en denuncia penal ante la Fiscalía General del estado o de la República para que se proceda en contra de los responsables, pero además la autoridad también tendrá que actuar contra familiares del Alcalde que, embriagados de poder, hace unos días junto con otros valientes empleados municipales atentaron contra la vida de dos ancianitos y un discapacitado, a quienes apedrearon en su domicilio.

En su defensa, ayer el edil de Cabada no tuvo más argumentos que decir atribuir esos señalamientos de los ediles debido que no aceptó ser extorsionado por ellos y los va a denunciar, aunque se contradijo al decirse dispuesto a dialogar, y acerca de sus familiares golpeadores indicó que los señalados ya fueron separados de sus cargos en el gobierno municipal, incluido un hermano suyo, y la FGE será quien determine lo que proceda. Santiago Tuxtla es otro caso que abordaremos en un próximo comentario; ahí es alcalde Argenis Vázquez Copete, hijo de la ahora esposa de Hérviz, Jazmín Copete Zapot, quien a su vez es suegra de la diputada local Krystel Hernández Topete, quien desde luego jamás se atrevería a levantar la voz en el Congreso en contra de su familia política. Una situación compleja y lastimosa para los habitantes de esos dos municipios gobernados por una misma familia.

Escriba a opedro2006@gmail.com


Ángel R. Cabada es un municipio al que el Orfis, el Congreso del Estado y la Fiscalía General del estado deberían prestarle mayor atención, lo mismo que a otros municipios de la zona, como Santiago Tuxtla e incluso San Andrés Tuxtla, donde existen abusos y no se les tiene confianza a las autoridades municipales, sobre todo en el manejo de los recursos públicos. En Cabada, en particular, la situación es conflictiva entre los miembros del Cabildo que en su mayoría acusan al alcalde Arturo Hérviz Reyes de presumible desvío de al menos 20 millones de pesos en obras realizadas con deficiencias y sospechosamente asignadas a empresas foráneas. Los miembros edilicios ya realizaron recorridos por los trabajos ejecutados y encontraron que “están mal hechas y los expedientes (de esas obras) no están integrados correctamente”.

En rueda de prensa, dieron la cara e hicieron esta denuncia pública la síndica Claudia Santamaría García y los regidores Juan Guillermo Uscanga Monterrosa, Mariana Parra Zapot y Anselmo González Rivera, quienes señalaron haber enviado un oficio al Contralor Interno de dicho Ayuntamiento, Freddy A. Pardiña Mojica, para que les fueran entregados y verificar cada expediente de esas obras “y encontramos infinidad de irregularidades, (… entre ellas) obras donde no existen comités de contraloría social, otras carecen de fianzas por anticipo, vicios ocultos (y) de cumplimiento. (Queremos) evitar que se sigan cometiendo este tipo de atropellos, los recursos deben de ser canalizados en obras de beneficio social, obras que abatan el rezago de nuestro municipio, no que se desvíen a otros lados”.

Ese municipio tiene enormes necesidades, sobre todo de empleo desde hace ya varios años cuando cerró el ingenio San Francisco y dejó de recibir la caña que se cultiva de esa zona y también quedaron cesantes todos los trabajadores de esa industria, y sin ningún tipo de seguridad social.

Por esta causa, el comercio agoniza al no tener ventas por la escasez de circulante y los delitos del fuero común se multiplican. Pese a esa situación, no hay una estrategia de las autoridades para aliviar el drama que sufren cientos de familias, muchas de las cuales emigran a otros lados, incluso a Estados Unidos, para obtener recursos que les permita vivir.

Lo lamentable es que ahora se sume este presunto caso de corrupción que los ediles tendrán que formalizar en denuncia penal ante la Fiscalía General del estado o de la República para que se proceda en contra de los responsables, pero además la autoridad también tendrá que actuar contra familiares del Alcalde que, embriagados de poder, hace unos días junto con otros valientes empleados municipales atentaron contra la vida de dos ancianitos y un discapacitado, a quienes apedrearon en su domicilio.

En su defensa, ayer el edil de Cabada no tuvo más argumentos que decir atribuir esos señalamientos de los ediles debido que no aceptó ser extorsionado por ellos y los va a denunciar, aunque se contradijo al decirse dispuesto a dialogar, y acerca de sus familiares golpeadores indicó que los señalados ya fueron separados de sus cargos en el gobierno municipal, incluido un hermano suyo, y la FGE será quien determine lo que proceda. Santiago Tuxtla es otro caso que abordaremos en un próximo comentario; ahí es alcalde Argenis Vázquez Copete, hijo de la ahora esposa de Hérviz, Jazmín Copete Zapot, quien a su vez es suegra de la diputada local Krystel Hernández Topete, quien desde luego jamás se atrevería a levantar la voz en el Congreso en contra de su familia política. Una situación compleja y lastimosa para los habitantes de esos dos municipios gobernados por una misma familia.

Escriba a opedro2006@gmail.com


lunes 01 de julio de 2019

Bienvenida la Guardia Nacional

viernes 28 de junio de 2019

Ediles y parientes exhiben a Hérviz

viernes 14 de junio de 2019

El memorándum de AMLO

miércoles 15 de mayo de 2019

Las complicidades, según Cisneros

Cargar Más