/ lunes 8 de marzo de 2021

Elecciones a sangre y fuego

Melquiades Vázquez Lucas, expresidente municipal de La Perla, fue asesinado por un comando armado frente al Palacio Municipal de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz.

Aspirante a candidato por el PRI, Melquiades fue la víctima número 66 en los seis meses que han transcurrido desde el inicio del proceso electoral. Cada semana ejecutan a más de dos actores políticos en México.

Antes de resolver el homicidio, el gobierno de Veracruz lo acusó de inmediato de vínculos con la delincuencia organizada. La exhibición de un narcomensaje sólo mostró la ruindad de las autoridades: no se aclaró el crimen, se concedió credibilidad absoluta a los criminales y se violentó la presunción de inocencia de la víctima. En la lógica del gobierno morenista, su muerte es su responsabilidad, no la de sus asesinos.

Con Morena México ha vivido los dos años más violentos de los que se tenga registro. Sin embargo, el gobierno de la 4T pretende inducir que la descomposición en materia de seguridad y de justicia es producto de la resistencia de las fuerzas políticas en contienda.

La violencia llegó mucho antes de las elecciones; durante este gobierno se han asesinado a más de un centenar de políticos entre ellos un exgobernador, diputados federales y locales, al menos 10 presidentes municipales, 18 exalcaldes y más de 50 funcionarios municipales. Por omisión y complicidad, Morena anidó el huevo de la serpiente que hoy amenaza con devorarnos, en medio de elecciones a sangre y fuego.

En este contexto de violencia y polarización, el presidente López Obrador presentó un plan de protección para más de 21 mil candidatos a cargos de elección popular que estarán en disputa en las próximas elecciones y para evitar que sean impuestos por el crimen organizado o lo que él llama la delincuencia del cuello blanco. El plan no es otra cosa que el Estado cumpla con su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, lo que hasta ahora no ha hecho.

Según sus propias cifras, en lo que va del actual proceso electoral (de septiembre de 2020 a febrero de 2021), al menos 64 políticos mexicanos han sido víctimas de homicidio, a los que habría que agregar los asesinatos de Melquiades Vázquez en Veracruz y de Yuriel Armando González Lara en Chihuahua. Además, de las 73 agresiones relacionadas con violencia política, más de la mitad han ocurrido en siete estados. Se trata de Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

La propia secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, pidió al gobierno de Veracruz colaborar en la protección de aspirantes y candidatos a cargo públicos amenazados.

No es casual. En sólo dos años, en Veracruz se han asesinado al menos a nueve personajes políticos, entre ellos un diputado local, dos presidentas municipales, regidores, exalcaldes y aspirantes a cargos de elección de varios partidos. Tres de estos homicidios sucedieron en las últimas dos semanas; la mayoría de los casos siguen impunes y ninguna persona ha sido procesada por ellos.

La intervención del gobierno federal develó el clima de inseguridad que se vive en el estado y que la administración de Cuitláhuac García había negado de manera sistemática, asegurando que “en Veracruz se cuenta con las condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral 2021”.

Exhibido por el Presidente y por la secretaria de Seguridad Pública federal, el mandatario estatal acusó que “los grupos delincuenciales en Veracruz financian campañas electorales para los Ayuntamientos a cambio de que puedan imponer a personas en los puestos de director de la policía municipal, la Dirección de Obras, la Tesorería”. Hasta ahora, habían dicho exactamente lo contrario.

Dijo también, sin ninguna prueba de por medio, que las bandas delictivas pretenden insertarse en las estructuras municipales y por ello ofrecen a los candidatos financiar sus campañas a cambio de poder, pero que incluso en algunos casos imponen a los alcaldes. Por la gravedad de la acusación, el gobierno está obligado a presentar las pruebas y actuar en contra de los criminales que señala.

A quienes vamos a participar en este proceso electoral nos preocupa de sobremanera que el plan para protegernos anunciado por el Presidente, no es más que otra estrategia de polarización que sólo alimenta la violencia desbordada que estamos viviendo. Las agresiones no se detienen, los homicidios no se resuelven y el gobierno mantiene su discurso de que son las víctimas quienes provocan su fatal desenlace.

Esta escalada de inseguridad sólo busca ahuyentar a los votantes de las urnas como último recurso para disuadir el descontento social. De continuar así, las boletas electorales podrían convertirse en los obituarios que reflejen la violencia que se vive en este proceso electoral.

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HectorYunes

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hectoryuneslanda

twitter:

@HectorYunes

Melquiades Vázquez Lucas, expresidente municipal de La Perla, fue asesinado por un comando armado frente al Palacio Municipal de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz.

Aspirante a candidato por el PRI, Melquiades fue la víctima número 66 en los seis meses que han transcurrido desde el inicio del proceso electoral. Cada semana ejecutan a más de dos actores políticos en México.

Antes de resolver el homicidio, el gobierno de Veracruz lo acusó de inmediato de vínculos con la delincuencia organizada. La exhibición de un narcomensaje sólo mostró la ruindad de las autoridades: no se aclaró el crimen, se concedió credibilidad absoluta a los criminales y se violentó la presunción de inocencia de la víctima. En la lógica del gobierno morenista, su muerte es su responsabilidad, no la de sus asesinos.

Con Morena México ha vivido los dos años más violentos de los que se tenga registro. Sin embargo, el gobierno de la 4T pretende inducir que la descomposición en materia de seguridad y de justicia es producto de la resistencia de las fuerzas políticas en contienda.

La violencia llegó mucho antes de las elecciones; durante este gobierno se han asesinado a más de un centenar de políticos entre ellos un exgobernador, diputados federales y locales, al menos 10 presidentes municipales, 18 exalcaldes y más de 50 funcionarios municipales. Por omisión y complicidad, Morena anidó el huevo de la serpiente que hoy amenaza con devorarnos, en medio de elecciones a sangre y fuego.

En este contexto de violencia y polarización, el presidente López Obrador presentó un plan de protección para más de 21 mil candidatos a cargos de elección popular que estarán en disputa en las próximas elecciones y para evitar que sean impuestos por el crimen organizado o lo que él llama la delincuencia del cuello blanco. El plan no es otra cosa que el Estado cumpla con su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, lo que hasta ahora no ha hecho.

Según sus propias cifras, en lo que va del actual proceso electoral (de septiembre de 2020 a febrero de 2021), al menos 64 políticos mexicanos han sido víctimas de homicidio, a los que habría que agregar los asesinatos de Melquiades Vázquez en Veracruz y de Yuriel Armando González Lara en Chihuahua. Además, de las 73 agresiones relacionadas con violencia política, más de la mitad han ocurrido en siete estados. Se trata de Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

La propia secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, pidió al gobierno de Veracruz colaborar en la protección de aspirantes y candidatos a cargo públicos amenazados.

No es casual. En sólo dos años, en Veracruz se han asesinado al menos a nueve personajes políticos, entre ellos un diputado local, dos presidentas municipales, regidores, exalcaldes y aspirantes a cargos de elección de varios partidos. Tres de estos homicidios sucedieron en las últimas dos semanas; la mayoría de los casos siguen impunes y ninguna persona ha sido procesada por ellos.

La intervención del gobierno federal develó el clima de inseguridad que se vive en el estado y que la administración de Cuitláhuac García había negado de manera sistemática, asegurando que “en Veracruz se cuenta con las condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral 2021”.

Exhibido por el Presidente y por la secretaria de Seguridad Pública federal, el mandatario estatal acusó que “los grupos delincuenciales en Veracruz financian campañas electorales para los Ayuntamientos a cambio de que puedan imponer a personas en los puestos de director de la policía municipal, la Dirección de Obras, la Tesorería”. Hasta ahora, habían dicho exactamente lo contrario.

Dijo también, sin ninguna prueba de por medio, que las bandas delictivas pretenden insertarse en las estructuras municipales y por ello ofrecen a los candidatos financiar sus campañas a cambio de poder, pero que incluso en algunos casos imponen a los alcaldes. Por la gravedad de la acusación, el gobierno está obligado a presentar las pruebas y actuar en contra de los criminales que señala.

A quienes vamos a participar en este proceso electoral nos preocupa de sobremanera que el plan para protegernos anunciado por el Presidente, no es más que otra estrategia de polarización que sólo alimenta la violencia desbordada que estamos viviendo. Las agresiones no se detienen, los homicidios no se resuelven y el gobierno mantiene su discurso de que son las víctimas quienes provocan su fatal desenlace.

Esta escalada de inseguridad sólo busca ahuyentar a los votantes de las urnas como último recurso para disuadir el descontento social. De continuar así, las boletas electorales podrían convertirse en los obituarios que reflejen la violencia que se vive en este proceso electoral.

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