/ martes 10 de noviembre de 2020

Entre la ineptitud y la corrupción


Julen Rementería(*)

Más de 14 visitas ha hecho el Presidente de la República a Veracruz, en las cuales siempre ha arropado de manera constante al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de quien siempre reconoció su “honestidad”, pero dice una de las máximas de Voltaire que “Aquellos que pueden hacerte creer disparates, pueden hacerte cometer atrocidades”.

Esta vez la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial por 2 mil 413 millones de pesos, al gasto federalizado de seis programas en la cuenta pública 2019, en la entidad veracruzana, misma que es visitada constantemente por López Obrador, y que encabeza el “honesto” García Jiménez.

La mal llamada Cuarta Transformación desde campaña pregonó el “no mentir, no robar, no traicionar”, un lema cargado de “moralidad”, que al parecer olvidó el veracruzano, ya que los informes que entregó la ASF a la Cámara de Diputados, de la Cuenta Pública 2019 arrojó un resumen de 48 observaciones y acciones, de los cuales 19 -menos de la mitad- son los que no resultaron con alguna irregularidad, y 29 de estas, generaron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Llegué a pensar que algunas de las excusas del gobernador serían tales como: “fue una jugada de los adversarios”, “son intrigas de los conservadores” o de los neoliberales, cosa que también sonaría absurda, porque dicha institución está en manos del partido que actualmente gobierna y que auditó a la entidad que dirige el “honesto” gobernador emanado de Morena.

Pero hubiera sonado menos inverosímil que la respuesta que dio el pasado lunes, ante los medios de comunicación, y cito textual: "Se van a aclarar las observaciones, no hay nada grave. Se nos acumuló el trabajo de marzo a la fecha porque el área administrativa se fue a su casa, provocó retrasos de la documentación".

Si traducimos su respuesta podríamos pensar que no fue culpa de ellos, que la poca paciencia de la ASF fue muy rigurosa al no recibir a destiempo los documentos comprobatorios, (si es que existen), y así evitar esas observaciones; o también pensar que no son “corruptos”, solo un poco “despistados” por no decir de más, por un pequeño olvido de más de 2 mil millones de pesos. En dichas observaciones se mencionan manejos turbios de los recursos, pagos excesivos y una cantidad notable de aviadores; al parecer olvidaron lo que dijo López, en una de sus visitas al puerto de Veracruz, el 19 de abril de 2019, “se va a acabar la corrupción, tenemos que limpiar la corrupción de Veracruz”.

Dicha limpieza simplemente no ha llegado, tan solo uno de los programas con más observaciones, fue el ahora extinto seguro popular con 1 mil 963 millones de pesos de posible daño, esquema a cargo de la Secretaría de Salud, donde auditores mencionan a más de mil trabajadores matriculados en nómina que no fueron encontrados en su centro de trabajo, transferencias irregulares en cuentas bancarias, e inconsistencias en los contratos para la compra de medicamentos al empresario y exfuncionario de la 4T, Carlos Lomelí.

El folio de observación 2019-B-30000-19-1296-08-010, la ASF exhibe una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, al no haber manera de verificar si en un contrato de más de 30 millones de pesos para la adquisición de medicamentos el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el mismo, ya que no hay evidencia que se haya entregado lo convenido.

También, en el folio 2019-A-30000-19-1296-06-001, el órgano fiscalizador indica que la SS de Veracruz, no proporcionó evidencia documental de mil 40 servidores públicos, los cuales no se encontraron en sus lugares de adscripción o en actividades relacionadas con la prestación de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular, durante el ejercicio fiscal 2019, donde el daño patrimonial de esta observación es por 295 millones 782 mil 600 pesos.

Y como esas irregularidades siguen otras más, como las asignaciones directas, pagos excesivos o con sobreprecio y contratos sin comprobar, donde la Hacienda Pública de la Federación, exige un reintegro por mil 963 millones 186 mil 921 pesos, más los intereses que se generen, al no existir documentación comprobatoria sobre el destino de dichos recursos.

Al parecer ese “90 por ciento de honestidad y el 10 por ciento de experiencia”, que dijo el presidente sería necesario para formar parte del gabinete y acabar con la corrupción, nos está dejando un resultado fatídico, con un 100 por ciento de desconocimiento e improvisación; en realidad la proporción podría ser cualquiera, cuando ambos conceptos significan exactamente lo mismo.

Decía Abraham Lincoln: se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos durante algún tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, y hasta ahora el ejecutivo estatal nos da una muestra de engaño, de la opacidad en su gestión, más la suma a su incapacidad para gobernar, no cabe duda que la ineptitud e ineficacia también son actos de corrupción.

(*) Senador panista


Julen Rementería(*)

Más de 14 visitas ha hecho el Presidente de la República a Veracruz, en las cuales siempre ha arropado de manera constante al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de quien siempre reconoció su “honestidad”, pero dice una de las máximas de Voltaire que “Aquellos que pueden hacerte creer disparates, pueden hacerte cometer atrocidades”.

Esta vez la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial por 2 mil 413 millones de pesos, al gasto federalizado de seis programas en la cuenta pública 2019, en la entidad veracruzana, misma que es visitada constantemente por López Obrador, y que encabeza el “honesto” García Jiménez.

La mal llamada Cuarta Transformación desde campaña pregonó el “no mentir, no robar, no traicionar”, un lema cargado de “moralidad”, que al parecer olvidó el veracruzano, ya que los informes que entregó la ASF a la Cámara de Diputados, de la Cuenta Pública 2019 arrojó un resumen de 48 observaciones y acciones, de los cuales 19 -menos de la mitad- son los que no resultaron con alguna irregularidad, y 29 de estas, generaron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Llegué a pensar que algunas de las excusas del gobernador serían tales como: “fue una jugada de los adversarios”, “son intrigas de los conservadores” o de los neoliberales, cosa que también sonaría absurda, porque dicha institución está en manos del partido que actualmente gobierna y que auditó a la entidad que dirige el “honesto” gobernador emanado de Morena.

Pero hubiera sonado menos inverosímil que la respuesta que dio el pasado lunes, ante los medios de comunicación, y cito textual: "Se van a aclarar las observaciones, no hay nada grave. Se nos acumuló el trabajo de marzo a la fecha porque el área administrativa se fue a su casa, provocó retrasos de la documentación".

Si traducimos su respuesta podríamos pensar que no fue culpa de ellos, que la poca paciencia de la ASF fue muy rigurosa al no recibir a destiempo los documentos comprobatorios, (si es que existen), y así evitar esas observaciones; o también pensar que no son “corruptos”, solo un poco “despistados” por no decir de más, por un pequeño olvido de más de 2 mil millones de pesos. En dichas observaciones se mencionan manejos turbios de los recursos, pagos excesivos y una cantidad notable de aviadores; al parecer olvidaron lo que dijo López, en una de sus visitas al puerto de Veracruz, el 19 de abril de 2019, “se va a acabar la corrupción, tenemos que limpiar la corrupción de Veracruz”.

Dicha limpieza simplemente no ha llegado, tan solo uno de los programas con más observaciones, fue el ahora extinto seguro popular con 1 mil 963 millones de pesos de posible daño, esquema a cargo de la Secretaría de Salud, donde auditores mencionan a más de mil trabajadores matriculados en nómina que no fueron encontrados en su centro de trabajo, transferencias irregulares en cuentas bancarias, e inconsistencias en los contratos para la compra de medicamentos al empresario y exfuncionario de la 4T, Carlos Lomelí.

El folio de observación 2019-B-30000-19-1296-08-010, la ASF exhibe una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, al no haber manera de verificar si en un contrato de más de 30 millones de pesos para la adquisición de medicamentos el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el mismo, ya que no hay evidencia que se haya entregado lo convenido.

También, en el folio 2019-A-30000-19-1296-06-001, el órgano fiscalizador indica que la SS de Veracruz, no proporcionó evidencia documental de mil 40 servidores públicos, los cuales no se encontraron en sus lugares de adscripción o en actividades relacionadas con la prestación de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular, durante el ejercicio fiscal 2019, donde el daño patrimonial de esta observación es por 295 millones 782 mil 600 pesos.

Y como esas irregularidades siguen otras más, como las asignaciones directas, pagos excesivos o con sobreprecio y contratos sin comprobar, donde la Hacienda Pública de la Federación, exige un reintegro por mil 963 millones 186 mil 921 pesos, más los intereses que se generen, al no existir documentación comprobatoria sobre el destino de dichos recursos.

Al parecer ese “90 por ciento de honestidad y el 10 por ciento de experiencia”, que dijo el presidente sería necesario para formar parte del gabinete y acabar con la corrupción, nos está dejando un resultado fatídico, con un 100 por ciento de desconocimiento e improvisación; en realidad la proporción podría ser cualquiera, cuando ambos conceptos significan exactamente lo mismo.

Decía Abraham Lincoln: se puede engañar a algunos todo el tiempo y se puede engañar a todos durante algún tiempo. Pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, y hasta ahora el ejecutivo estatal nos da una muestra de engaño, de la opacidad en su gestión, más la suma a su incapacidad para gobernar, no cabe duda que la ineptitud e ineficacia también son actos de corrupción.

(*) Senador panista