Con tres periodistas asesinados en el estado en lo que va del año, de once víctimas de medios de comunicación que han caído en el país, ayer se reunieron periodistas con motivo del Día de la Libertad de Expresión, una de ellas de la Asociación de Periodistas de Veracruz, sin patrocinio oficial, pero sin festejo, porque no hubo nada que festejar. Se realizó una misa en memoria de los compañeros caídos en el ejercicio de su profesión, una guardia ante el busto del valiente de origen tlacotalpeño periodista Juan Malpica Silva, y un desayuno. En los casos del y las periodistas que han sido asesinados en el puerto de Veracruz y en Cosoleacaque, José Luis Gamboa, Yesenia Mollinedo y Sheila García, respectivamente, hay presuntos culpables detenidos por las autoridades de la Fiscalía General del estado, presentados como autores materiales, pero en otros asuntos, ocurridos en gobiernos anteriores y en el actual, los autores intelectuales de esos crímenes siguen impunes, caso específico de Maria Elena Ferral. Bajo estas circunstancias, es imposible festejar esas agresiones. Peor aún, ante los constantes ataques a la prensa, a quienes ejercen la función de informar a la sociedad, no existen protocolos de protección efectivos. La periodista Lordes Maldonado fue asesinada en enero pasado en Tijuana por balas de sicarios, a pesar de estar dentro un programa de protección y de que, en 2019, pidió ayuda del propio presidente de la República. Siguen las muertes violentas; y ni siquiera existe una orden terminante y extendida para que los uniformados, de la institución pública o nivel de gobierno que sea, incluyendo a las fuerzas armadas, respeten a los periodistas. Ayer, el propio secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó que cuando hay denuncias contra elementos de la SSP por agresión a comunicadores “se ha procedido contra la mala actuación policial, mediante sanciones administrativas, suspensiones y reparación del daño”, por lo que exhortó al gremio “a denunciar cualquier acto que atente contra el libre ejercicio periodístico”. En otras palabras, los policías no tienen la indicación directa del secretario Maldonado o de mandos superiores, de no tocar a la prensa, respetarla; y a menos que haya denuncia, aplicarán sanciones. Llama la atención que diez de los once casos de periodistas asesinados, se han cometido en gobiernos de extracción morenista: José Luis Gamboa Arenas, Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, en Veracruz, bajo administración de Cuitláhuac García Jiménez; Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, en Baja California, gobernado por Marina del Pilar Avila Olmeda; Roberto Toledo y Armando Linares, Michoacán, en el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla; Jorge Camero Zazueta, Sonora, donde el titular del gobierno del estado es Alfonso Durazo Montaño; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas, con David Monreal Ávila de Gobernador; Luis Enrique Ramírez Ramos, Sinaloa, gobernado por Rubén Rocha Moya, y Heber López, Oaxaca, con el gobernador Alejandro Ismael Murat, de PRI. Es la realidad que no puede ocultarse, en un país que ocupa los primeros lugares en la estadística mundial en muerte de reporteros, semejante a las cifras de Ucrania que libra una guerra con Rusia. Los festejos podrían regresar cuando pare esa espiral de violencia, no durante la época de mayores agresiones, generada por la impunidad.
Con tres periodistas asesinados en el estado en lo que va del año, de once víctimas de medios de comunicación que han caído en el país, ayer se reunieron periodistas con motivo del Día de la Libertad de Expresión, una de ellas de la Asociación de Periodistas de Veracruz, sin patrocinio oficial, pero sin festejo, porque no hubo nada que festejar. Se realizó una misa en memoria de los compañeros caídos en el ejercicio de su profesión, una guardia ante el busto del valiente de origen tlacotalpeño periodista Juan Malpica Silva, y un desayuno. En los casos del y las periodistas que han sido asesinados en el puerto de Veracruz y en Cosoleacaque, José Luis Gamboa, Yesenia Mollinedo y Sheila García, respectivamente, hay presuntos culpables detenidos por las autoridades de la Fiscalía General del estado, presentados como autores materiales, pero en otros asuntos, ocurridos en gobiernos anteriores y en el actual, los autores intelectuales de esos crímenes siguen impunes, caso específico de Maria Elena Ferral. Bajo estas circunstancias, es imposible festejar esas agresiones. Peor aún, ante los constantes ataques a la prensa, a quienes ejercen la función de informar a la sociedad, no existen protocolos de protección efectivos. La periodista Lordes Maldonado fue asesinada en enero pasado en Tijuana por balas de sicarios, a pesar de estar dentro un programa de protección y de que, en 2019, pidió ayuda del propio presidente de la República. Siguen las muertes violentas; y ni siquiera existe una orden terminante y extendida para que los uniformados, de la institución pública o nivel de gobierno que sea, incluyendo a las fuerzas armadas, respeten a los periodistas. Ayer, el propio secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó que cuando hay denuncias contra elementos de la SSP por agresión a comunicadores “se ha procedido contra la mala actuación policial, mediante sanciones administrativas, suspensiones y reparación del daño”, por lo que exhortó al gremio “a denunciar cualquier acto que atente contra el libre ejercicio periodístico”. En otras palabras, los policías no tienen la indicación directa del secretario Maldonado o de mandos superiores, de no tocar a la prensa, respetarla; y a menos que haya denuncia, aplicarán sanciones. Llama la atención que diez de los once casos de periodistas asesinados, se han cometido en gobiernos de extracción morenista: José Luis Gamboa Arenas, Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, en Veracruz, bajo administración de Cuitláhuac García Jiménez; Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, en Baja California, gobernado por Marina del Pilar Avila Olmeda; Roberto Toledo y Armando Linares, Michoacán, en el gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla; Jorge Camero Zazueta, Sonora, donde el titular del gobierno del estado es Alfonso Durazo Montaño; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas, con David Monreal Ávila de Gobernador; Luis Enrique Ramírez Ramos, Sinaloa, gobernado por Rubén Rocha Moya, y Heber López, Oaxaca, con el gobernador Alejandro Ismael Murat, de PRI. Es la realidad que no puede ocultarse, en un país que ocupa los primeros lugares en la estadística mundial en muerte de reporteros, semejante a las cifras de Ucrania que libra una guerra con Rusia. Los festejos podrían regresar cuando pare esa espiral de violencia, no durante la época de mayores agresiones, generada por la impunidad.
