Este miércoles el panista José Alfredo López Carreto, quien ha venido exigiendo a la LXV Legislatura local que acate el mandamiento del Poder Judicial Federal...
Ordena instalarlo en la alcaldía de Actopan ante la ausencia del munícipe propietario Paulino Domínguez Sánchez –desaforado en marzo y actualmente prófugo por otra orden de aprehensión girada en su contra por la presunta autoría intelectual del crimen del periodista Celestino Ruiz Vázquez–, fue detenido arbitrariamente en Xalapa por elementos de la Policía Ministerial al pretender implicarlo también la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso del comunicador asesinado en agosto de 2019; sin embargo, horas más tarde el juez de control determinó liberarlo por falta de pruebas del delito que se le imputa.
Sería plausible la acción diligente de la FGE si con esa misma determinación actuara en otros casos similares. Pero lamentablemente no es así.
Y es que, por ejemplo, el diputado federal priista Héctor Yunes Landa acaba de hacer un señalamiento grave en contra del líder de los diputados locales de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín.
“No suelo debatir con el chiquillaje. Contigo @JJavierGomezCa1 hice una excepción que hoy concluye. Ocúpate mejor de la denuncia en tu contra por fraude, aclara su participación en el homicidio del periodista Cándido Ríos y atiende tus constructoras. Eso sí es tener la cola larga”, le replicó este lunes en Twitter el exsenador al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado.
Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, fue asesinado a balazos la tarde del martes 22 de agosto de 2017 por un comando armado afuera de una tienda Oxxo en Juan Díaz Covarrubias, congregación del municipio de Hueyapan de Ocampo, de donde es nativo Gómez Cazarín.
Hasta ahora este crimen sigue impune y se ignora si la Fiscalía ha tomado declaración al líder de la bancada de Morena en el Congreso local. Tampoco se ha visto que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) presione, como en cambio sí lo hizo en el caso de Ruiz Vázquez, de cuyo homicidio señaló inmediatamente como sospechoso al exalcalde panista de Actopan, el cual fue desaforado por presunto desvío de recursos no obstante que él y la exsíndica Yazmín Palmeros Barradas, actualmente encarcelada, habían denunciado primero ante la Fiscalía Anticorrupción a la extesorera María Nelly Alarcón por la malversación de 22 millones de pesos.
Sin embargo, mediante un acuerdo con el fiscal José Alfredo Corona Lizárraga, ahora comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Alarcón revirtió la denuncia en contra del exalcalde y la exsíndica para ser destituidos y procesados penalmente; pero en vez de llamar al suplente López Carreto, del PAN, la mayoría de Morena impuso ilegalmente al dócil regidor de Movimiento Ciudadano, Eduardo Carranza Barradas, aliado de la diputada local morenista Mary López, aspirante a la presidencia municipal de Actopan en 2021.
