Panistas nos comentan que las controvertidas y, literalmente, peleadas elecciones del PAN para elegir al candidato a la presidencia municipal de Veracruz, quién sabe cómo terminen en cuanto a sus resultados legales.
Pero en lo que respecta a lo que decidirán las autoridades panistas, nos dicen que las cosas huelen a que avalarán los 12 votos más que alega para su triunfo Miguel Ángel Yunes Márquez.
El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, en ningún momento se ha referido a irregularidades, sino que pidió unidad, y del CEN del PAN no han dicho esta boca es mía, nos apuntan panistas.
Huele a que a Bigen Rementería le darán su compensación, nos exponen. ¿Será?
Durante muchos años locutores, comentaristas y periodistas de radio y televisión tuvieron que cuidar mucho su lenguaje a la hora de comunicarse con radioescuchas o televidentes, nos hacen ver a propósito de cambios legales que vienen.
Se recuerda que se metían en serios problemas con sus empresas si decían “malas palabras”, pues éstas corrían el riesgo de ser fuertemente sancionadas por autoridades de la Secretaría de Gobernación.
Con el paso del tiempo esto fue relajándose, al grado que hoy escuchamos “malas palabras” o “palabrotas” en muchos programas, sobre todo en la televisión de paga, aunque las disposiciones legales al respecto de cuidar el lenguaje siguen vigentes.
Sobre este tema, nos indican que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, que preside la diputada panista Isabel Margarita Guerra Villarreal, emitió ayer un comunicado en el que en que informa que aprobó el dictamen a la iniciativa que deroga la fracción IX del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia del uso correcto del lenguaje.
Ese dictamen, se precisa, deroga la citada fracción, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió jurisprudencias en torno a ello.
La diputada Guerra señala que “este artículo se refiere al uso correcto del lenguaje, sin embargo, la Suprema Corte consideró que esta disposición impone una restricción injustificada a la libertad de expresión, ya que no advierte que sea validada desde el punto de vista constitucional”.
“El documento indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la fracción IX sobre el uso correcto del lenguaje del artículo 223 de la mencionada ley, es una violación a la libertad de expresión a los concesionarios de radio y televisión. La SCJN estimó que esta disposición impone una restricción injustificada a la libertad de expresión, pues no se advierte que persiga una finalidad válida desde el punto de vista constitucional”, puntualizó.
Señala que el pleno de la SCJN determinó que la discusión desinhibida exige que los agentes regulados no estén sujetos a un permanente temor de ser sancionados por el uso incorrecto del lenguaje, además de que la necesaria creatividad para la transmisión de ideas exige, como presupuesto, la preservación de la libertad para emplear el lenguaje de la manera que mejor se considere.
¿Cómo la ven, qué les parece queridos lectores? Los tiempos cambias, la forma de comunicarse, también. Y a quien no le guste la forma de expresarse de algunos comentaristas, pues tiene un gran poder: cambiar de canal, apagar su radio o tv o nunca escuchar a quienes no hagan un “uso correcto del lenguaje”.
Compareció ante los diputados de la Legislatura del Estado la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la periodista Naldy Rodríguez, quien dicho sea de paso es la primera comunicadora que asume esa importante función.
Fue en abril del año pasado cuando los diputados locales eligieron a la también maestra en Derechos Humanos y Juicio de Amparo como comisionada del IVAI, cargo para el cual desde hace más siete años se venía preparando y al que le costó mucho esfuerzo y perseverancia poder llegar.
Esperamos que luego de esta comparecencia el pleno del Instituto se ponga a trabajar en los asuntos realmente importantes, para que Veracruz vuelva a ser punta de lanza en materia de derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.
