Siempre he desconfiado de las organizaciones políticas sociales, civiles o incluso deportivas que se construyen y edifican en torno a un personaje. Una sola personalidad que convoca, organiza, aglutina y sienta las bases fundadoras para cualquier organización. En el sector social, las asociaciones filantrópicas se concentran y trabajan por años en conseguir la “institucionalización” que les permita sobrevivir y crecer, más allá de sus fundadores.
Recordemos que se requiere por lo menos el 3% de firmas de la lista nominal de 17 de las 32 entidades federativas, además, el mismo porcentaje de la lista nominal nacional, esto por lo que hace a la solicitud de los ciudadanos que, por supuesto, en este caso, sobrepaso, dicho mínimo indispensable con 6 millones 127 mil firmas recabadas, equivalente al 6.6% de electores y con casi 3 millones validadas por el INE. Ahora, por llevar a cabo la validez del proceso de revocación se requiere la participación mínima del 40% de electores, es decir poco menos de 38 millones de mexicanos que deben votar y la mayoría de ellos en un mismo sentido.
Este 10 de abril coinciden dos fechas históricas para nuestro país, la primera es el cobarde asesinato de un transformador revolucionario, el Caudillo del Sur, el general Emiliano Zapata; la segunda es el inédito ejercicio de revocación de mandato que podrá realizarse cada 3 años, tomando en cuenta que puede darse también en cada entidad federativa con los titulares de las gubernatura, si así la ciudadanía lo decide mediante el procedimiento señalado. Sería deseable que este mecanismo fuera un hábito de trienio y forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación y de los estados. Incluso, este ejercicio debiera equiparar el piso mínimo de votos que le da vinculatoriedad con porcentaje de los votos obtenidos por el mandatario calificado, demostrando si aún cuenta o no con la legitimidad que colocó al gobernante en el cargo.
La revocación de mandato debe fomentarse a nivel nacional, pues ratifica también la presencia electoral y de operación política de regidores, alcaldes, gobernadores y liderazgos de organizaciones políticas que integran el movimiento de regeneración nacional, mismo que es sabido se compone de múltiples expresiones y no necesariamente sólo de militantes, de hecho, estos últimos son la minoría.
Los liderazgos locales se ponen a prueba, es un laboratorio electoral donde también se definirán, de manera anticipada, quién es quién en la influencia política nacional y, sin duda, beneficia la legitimidad que requiere el Presidente para que su legado se garantice al 2024 y, por qué no decirlo, al 2030, es avalar las becas a los jóvenes y los apoyos a los adultos mayores, entre otros, traducidos hoy en derechos constitucionales.
Sin duda, beneficia a la economía interna, ya que las campañas que realizan los ciudadanos y su movilización utilizan la infraestructura operativa que se requiere en una elección con las magnitudes casi similares a la de una federal. La revocación de mandato beneficia a la cultura y a la historia de la democracia en México, donde una vez más la innovación de un movimiento social escribe una página junto al pueblo de México.
Según la página oficial del (INE), “la revocación es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza”. Han dicho que “la revocación es un derecho de los agraviados”, no de seguidores. Pese a que el debate ha sido acalorado, lo cierto es que, hasta el momento, la revocación de mandato no ha logrado emocionar a la sociedad ni a convertirse en la gran batalla que muchos pretendían que fuera. La pregunta flota en el ambiente, ¿cuánta gente participará? El más reciente sondeo publicado por El Financiero indica que la participación en la consulta podría estar entre 18 y 27%.
Los posicionamientos a favor y en contra siguen presentes. Habrá que esperar el resultado final de este ejercicio. Dejemos a un lado ideologías, seamos pragmáticos: todo gobierno democrático tiene la obligación de ver primero por el bienestar de su país.
En algún momento el tigre (o águila calva) reaccionará, si México no hace lo primero.
En otro orden de ideas vivimos hoy una realidad en la que es muy fácil perder la objetividad, ya que en ocasiones sostenerla es ir en contra de las creencias más extendidas. Sin embargo, es precisamente en esas circunstancias cuando es más útil preservar la objetividad, con independencia de lo que piensen otros. Le explico algunas de esas percepciones que hoy identifico. Dice el canciller Marcelo Ebrard que la reforma eléctrica es un tema del Congreso, de política en interior, no exterior, interrogado durante su gira por Oriente Medio, respecto a las declaraciones del embajador Ken Salazar, quien manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma eléctrica y demandó respeto a los contratos ya firmados para evitar el retiro de inversiones por parte de empresarios estadounidenses. El embajador sostuvo que percibe una situación “difícil”, donde “no sé a qué vamos a llegar”.
No fue una queja aislada. Empresarios y legisladores, que de éste y del otro lado de la frontera han expresado su preocupación por las leyes aprobadas en 2021 y cuya constitucionalidad estará a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que se suma a la propuesta de reforma constitucional que el Presidente quiere que esté aprobada antes del feriado de Semana Santa.
Katherine Tai, representante comercial del gobierno de Estados Unidos, expresó serias preocupaciones sobre las políticas energéticas en México, que “dañan el medio ambiente y a los intereses de negocios e inversionistas”. Lo dijo en un encuentro virtual con legisladores, empresarios y asociaciones medio ambientalistas de su país.
Katherine Tai habló de los cambios aprobados en 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México, que han ocasionado, dijeron empresarios y legisladores, “retrasos crónicos en los permisos para las instalaciones de energía renovable y los cierres abruptos de numerosas terminales de combustible cerca de la frontera con los Estados Unidos”.
Se equivoca Ebrard al considerar que éste es un tema de política interior. Golpea a lo más profundo de la relación de México con el mundo y en particular con los Estados Unidos y la Unión Europea. El eje, debería ser, de nuestra inserción en el mundo.
