Todos, o casi todos los mexicanos observamos cómo una turba desarmó, acorraló y humilló a soldados en el poblado La Huacana, en Michoacán.
Los militares fueron obligados a sentarse en el piso, mientras los agresores insultaban, gritaban, empujaban y exigían a los elementos del Ejército Mexicano la devolución de las armas, incluido un fusil Barret calibre .50 con el que puede derribarse un helicóptero, municiones y camionetas que horas les habían decomisado.
Las imágenes difundidas en redes sociales sólo pueden generar inquietud y enojo por el trato indigno a los uniformados, y por la facilidad con la que ahora se le puede faltar al respeto a una autoridad, cualquiera que fuere, sobre todo a los militares que en estos casos siempre habían ocupado el más alto rango, además de un justo reconocimiento y admiración, más allá de errores históricos que han cometido por órdenes recibidas.
Los miembros del Ejército Mexicano siempre han sido leales y patrióticos, y solidarios con la población civil. Si bien ahora han recibido instrucciones desde los altos mandos políticos, y también advertidos, de no cometer excesos contra la población, lo cual es acertado, tampoco se les puede exponer al escarnio ni a la deshonra. Esos grupos que se han formado en ese estado de la República, y en algunos otros, con etiqueta de ‘guardias comunitarios’, no pueden estar por encima de la ley, por más argumentos que existan de que su creación es para defenderse de grupos delictivos que los acosan, ante la incapacidad del estado para garantizar la función básica de la seguridad.
Además, esas ‘guardias comunitarios’ ya le tomaron la medida al gobierno, forman escudos humanos con mujeres y niños al frente, para disuadir a las fuerzas públicas a bajar la guardia, a no confrontarlos, para no provocar hechos lamentables; y aunque no fuere en todos los casos, por lo menos hay la sospecha de que algunos, o muchos de ellos, sirven a intereses de los propios grupos delincuenciales a los que dicen combatir.
En esas circunstancias, cualquiera se preguntaría que si eso le pasa a los soldados, ¿qué espera a la población civil?
Lo ocurrido, y no es la primera vez, debería prender luces de alarma al gobierno de si esa es la forma más adecuada para combatir la violencia que azota a todo el país, la de “no apagar el fuego con el fuego” dejando que grupos armados agredan a las fuerzas de seguridad, o si debe hacerse uso de la fuerza de forma proporcional, como lo señala la ley, para evitar este tipo de actos violentos y nocivos contra la propia autoridad legal, además de reconsiderar, con este tipo de actos denigrantes que siguen presentándose, de si debe regresarse de inmediato a los militares a los cuarteles o esperar hasta el fin del sexenio para que eso ocurra.
AHORA SÍ, VAN POR EX FUNCIONARIOS CORRUPTOS
+++Ya le habían reclamado cumplir al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció no barrer hacia atrás porque, con tanta corrupción en anteriores gobiernos, no habría cárceles suficientes para meter a tanto corrupto, decisión muy discutible; sin embargo, sí señaló que las denuncias que ya estaban en proceso seguirían su curso, e incluso dejó una rendija al decir que “si el pueblo lo pide”, procedería contra acusados por actos delictivos.
Ya se dio el primer paso para proceder contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien sin embargo obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión liberada en su contra.
Y, en el estado de Veracruz, la Fiscalía General de la República va contra tres ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación acusados por desvíos multimillonarios recursos federales, lo cual es una buena señal.
Lo importante no es que los metan a la cárcel y ya, si son encontrados responsables, sino que no se simule y en realidad se recupere lo que hayan obtenido ilícitamente.
Esperemos.
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