El abuso en la disposición de los recursos públicos tributarios desde el gobierno federal, asfixia a estados y municipios y genera una inconformidad social que amenaza con convertirse en inestabilidad nacional y rompimiento del pacto hacendario federal.
El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, impone a los mexicanos la obligación de contribuir al gasto público de la Federación, de los gobiernos de los estados, Ciudad de México y municipios en que residan. Lo anterior es a cambio del sostenimiento del estado y de la obtención del bien público temporal en favor de los mexicanos.
De los ingresos del Estado mexicano, prevén su regulación, los artículos 73, 115 y 116 de la ley máxima, puesto qué hay ingresos exclusivos federales; impuestos y contribuciones municipales e impuestos y otros ingresos exclusivos de los gobiernos estatales. La queja recurrente de alcaldes y gobernadores ha sido por la inequitativa redistribución del “peso fiscal”, ya que de los impuestos federales participables, que son de los que se obtiene la mayor recaudación por los gravámenes que se imponen exclusivos de la SHCP, ésta se queda con 80 centavos de cada peso, entregando a los estados 16 centavos y a los municipios 4 centavos, igual de cada peso.
Hoy 10 gobiernos estatales, gobernados por quienes fueron abanderados por partidos opositores al del Presidente AMLO, le reclaman una revisión para modificar equitativamente la distribución del peso fiscal, o advierten que acudirán a instancias legales competentes que terminen con el acaparamiento de los ingresos de estados y municipios, de los que hoy dispone la Federación, en forma discrecional, en políticas clientelares, encaminadas a la compra de votos del proceso electoral que culmina el próximo año, para favorecer a los candidatos de MORENA.
El reclamo de justicia fiscal se apoya en la necesidad de aplicar los recursos públicos provenientes de los impuestos que se pagan en estados y municipios, para la construcción de obras y servicios públicos de los contribuyentes que cumplen con el pago de tributos, sin recibir nada a cambio.
El gobierno de la 4T, desde los sótanos del Poder (Palacio Nacional), ignora a los contribuyentes que se desprenden de su dinero para pagar los impuestos y no reciben nada a cambio, a pesar de que radican en 2,467 municipalidades, pues la discriminación social de los gobiernos de MORENA, atenta en contra de sus derechos fundamentales.
