El 7 de junio, en plena conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un “Plan de Seguridad Social para Periodistas por Cuenta Propia”, que representa uno de los pasos más esperados y necesarios hacia la justicia social para el gremio.
El 16 de febrero de este año, durante la conferencia mañanera en Ciudad Juárez, Chihuahua, le preguntaron al presidente si habría alguna forma de atender la precariedad del gremio periodístico, refiriendo a aquellos periodistas que trabajan por cuenta propia y no pertenecen a grupos mediáticos empresariales, es decir, en el argot laboral, los freelance. Esta petición de ayuda se hizo por la histórica precariedad de esa fracción del gremio, donde encontramos a periodistas, redactores, reporteros gráficos o de video, cuyos ingresos dependen exclusivamente de su productividad diaria y de un pago por producto publicado, el cual no alcanza a cubrir muchas veces sus necesidades básicas. A lo anterior se le suma la carencia de seguridad social, nulas prestaciones y la crisis por la pandemia. El anuncio consistió en la creación de un fondo de 760 mdp para dar seguridad social a los periodistas. Este monto representa el 25% de la partida para las campañas gubernamentales. De acuerdo al INEGI, hasta 2021 existen alrededor de 41 mil trabajadores en el campo del periodismo; de estos, 85% cuenta con contrato y, por ende, prestaciones. Sin embargo, hay casi un 15% que labora por cuenta propia y no cuentan con derecho a la seguridad social.
La propuesta consiste en otorgar cinco seguros: acceso a un seguro de enfermedades y maternidad (para el trabajador y su familia), seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida (con beneficios legales a los deudos), seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ahorro para el retiro), y seguro de guarderías y prestaciones sociales.
Es todo un paquete integral de seguridad, de derechos básicos para quienes no gozan de ninguno hasta ahora.
Un Comité Consultivo, que tendrá carácter de honorario, conformado por cinco periodistas con alta calidad moral y amplia trayectoria, fue el encargado de definir los criterios para la incorporación de los profesionales del periodismo, para que soliciten su incorporación desde una plataforma digital.
Impresiona la rápida atención que le darán al tema, pues a partir del mes de agosto se prevé se realicen los aseguramientos, e incluso, se prevé que nuevos beneficios se sumen en un futuro inmediato, particularmente el acceso a créditos de vivienda. Tras el anuncio hubo reacciones diversas, donde prevaleció el ánimo positivo por proteger con medidas concretas a uno de los sectores laborales más desprotegidos; sin embargo hubo quien perversamente tachó la medida de una especie de compra o chayoteo a los periodistas.
Por todo lo anterior, otorgar a personas trabajadoras independientes un beneficio como este es un acto apegado a los derechos internacionales y constitucionales en materia de trabajo.
Es una oportunidad para acceder a lo que la Organización Internacional del Trabajo considera como un trabajo decente, el cual define como “acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias”.
Con esta medida, el Gobierno de México demuestra, una vez más, su compromiso para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos del país. Manuel Huerta,
* Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz.
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