/ miércoles 26 de agosto de 2020

Justicia politizada

Este domingo, en los corrillos políticos de Xalapa, corrió como reguero de pólvora...

La noticia de que el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México había concedido en última instancia el amparo a la Auditoría Superior de la Federación para reabrir una investigación por presunto desvío de recursos del Seguro Popular en el gobierno de Fidel Herrera, pesquisa que la entonces PGR turnó indebidamente a la Fiscalía General del Estado, que la archivó en el sexenio siguiente, el del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, exsecretario de Finanzas de Herrera Beltrán.

Según la opinión de algunos abogados, el brazo de la justicia difícilmente alcanzará al exmandatario cuenqueño, quien desde hace tres años convalece de un problema neurológico que lo mantiene semiparalizado.

Y es que estaría por prescribir la acción penal del presunto peculado y otros probables delitos no graves que se le pudieran imputar.

De hecho, por este mismo caso, al inicio de la administración del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes, en enero de 2017, Leonel "N", exdirector general del Régimen Estatal de Seguridad Social de Veracruz, fue puesto en prisión preventiva como presunto responsable de un desvío por dos mil 300 millones de pesos destinados para el Seguro Popular y el Programa Oportunidades. Sin embargo, a mediados de mayo de 2018, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, le otorgaron el amparo y la protección de la justicia federal al exfuncionario en contra de la orden de aprehensión que se giró en su contra un año antes al ser requerido por la Fiscalía estatal por los probables delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias.

Por la politización de la justicia que se ha venido dando en el ámbito nacional con el caso del exdirector de Pemex, Emilio “L”, es que a esta resolución del Tribunal Colegiado se le atribuye también una connotación política más que jurídica.

Y es que pese a su disminuido estado de salud, todo mundo sabe que el exgobernador Herrera Beltrán sigue moviendo algunos hilos de la política en el estado que gobernó de 2004 a 2010. Por ejemplo, su hijo Javier Herrera Borunda y su excolaborador Alberto Silva Ramos –ambos muy allegados al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, actualmente bajo sospecha por la filtración del video donde su exasesor David León Romero le entrega un millón de pesos en efectivo a un hermano del presidente López Obrador– son los operadores electorales del PVEM en la entidad, mientras que en el PRI maniobra a través de su exsecretario Jorge Carvallo Delfín, quien ejerce gran ascendiente sobre Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del partido tricolor, en el cual han sido designados otros fidelistas como Ana Rosa Valdés Salazar, secretaria de Gestión Social, mientras que a su esposo Adolfo Ramírez Arana, primo del dirigente priista, le dieron la Secretaría General de la CNOP estatal.

Este domingo, en los corrillos políticos de Xalapa, corrió como reguero de pólvora...

La noticia de que el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México había concedido en última instancia el amparo a la Auditoría Superior de la Federación para reabrir una investigación por presunto desvío de recursos del Seguro Popular en el gobierno de Fidel Herrera, pesquisa que la entonces PGR turnó indebidamente a la Fiscalía General del Estado, que la archivó en el sexenio siguiente, el del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, exsecretario de Finanzas de Herrera Beltrán.

Según la opinión de algunos abogados, el brazo de la justicia difícilmente alcanzará al exmandatario cuenqueño, quien desde hace tres años convalece de un problema neurológico que lo mantiene semiparalizado.

Y es que estaría por prescribir la acción penal del presunto peculado y otros probables delitos no graves que se le pudieran imputar.

De hecho, por este mismo caso, al inicio de la administración del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes, en enero de 2017, Leonel "N", exdirector general del Régimen Estatal de Seguridad Social de Veracruz, fue puesto en prisión preventiva como presunto responsable de un desvío por dos mil 300 millones de pesos destinados para el Seguro Popular y el Programa Oportunidades. Sin embargo, a mediados de mayo de 2018, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, le otorgaron el amparo y la protección de la justicia federal al exfuncionario en contra de la orden de aprehensión que se giró en su contra un año antes al ser requerido por la Fiscalía estatal por los probables delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias.

Por la politización de la justicia que se ha venido dando en el ámbito nacional con el caso del exdirector de Pemex, Emilio “L”, es que a esta resolución del Tribunal Colegiado se le atribuye también una connotación política más que jurídica.

Y es que pese a su disminuido estado de salud, todo mundo sabe que el exgobernador Herrera Beltrán sigue moviendo algunos hilos de la política en el estado que gobernó de 2004 a 2010. Por ejemplo, su hijo Javier Herrera Borunda y su excolaborador Alberto Silva Ramos –ambos muy allegados al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, actualmente bajo sospecha por la filtración del video donde su exasesor David León Romero le entrega un millón de pesos en efectivo a un hermano del presidente López Obrador– son los operadores electorales del PVEM en la entidad, mientras que en el PRI maniobra a través de su exsecretario Jorge Carvallo Delfín, quien ejerce gran ascendiente sobre Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del partido tricolor, en el cual han sido designados otros fidelistas como Ana Rosa Valdés Salazar, secretaria de Gestión Social, mientras que a su esposo Adolfo Ramírez Arana, primo del dirigente priista, le dieron la Secretaría General de la CNOP estatal.