/ miércoles 3 de marzo de 2021

La 4T exige auditorías a modo

El gran poder que la Constitución Política federal ha concentrado en la Auditoría Superior de la Federación, ha permitido revisar las cuentas públicas desde el año 1999, principalmente el ejercicio del gasto autorizado a los tres Poderes de la Unión, a las tesorerías o dependencias que ejerzan esa función en las 32 entidades federativas, a las de los ayuntamientos, así como la revisión y fiscalización de organismos autónomos y todo aquel que disponga de recursos económicos provenientes de la Federación.

Las facultades y atribuciones del auditor superior, que actualmente recaen en el doctor David Colmenares Páramo, resultan ser tan fuertes y a la vez vulnerables por los grandes intereses políticos y económicos que puede tocar, en los dictámenes que se elaboran y suscriben. La Auditoría Superior de la Federación define la continuidad de los funcionarios públicos o su salida anticipada de la función pública, generalmente acompañada de una denuncia ante la Fiscalía General de la República por desvío de recursos públicos, robo a la nación, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y cohecho.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pretende completar el objetivo de la sociedad y sus representantes populares, para combatir la corrupción y la Ley de Extinción de Dominio, es el instrumento jurídico que sirve al Estado para recuperar la riqueza malhabida de funcionarios y delincuentes en general. Todo lo anterior, con el propósito final de “devolver al pueblo lo robado”.

Qué lamentable ha resultado que el fin del aparato burocrático y los textos jurídicos de combate a la corrupción se queden hasta hoy en “letra muerta”, que sólo ha servido para negociar en lo oscurito los carpetazos, archivos y exoneraciones a muchos que inexplicablemente continúan en el servicio público.

Veremos lo que sigue en el caso del titular de la ASF, luego de haber exhibido al propio presidente de la República y a sus más cercanos colaboradores en irregularidades administrativas y financieras, entre las que destaca de manera fundamental la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco.

El gran poder que la Constitución Política federal ha concentrado en la Auditoría Superior de la Federación, ha permitido revisar las cuentas públicas desde el año 1999, principalmente el ejercicio del gasto autorizado a los tres Poderes de la Unión, a las tesorerías o dependencias que ejerzan esa función en las 32 entidades federativas, a las de los ayuntamientos, así como la revisión y fiscalización de organismos autónomos y todo aquel que disponga de recursos económicos provenientes de la Federación.

Las facultades y atribuciones del auditor superior, que actualmente recaen en el doctor David Colmenares Páramo, resultan ser tan fuertes y a la vez vulnerables por los grandes intereses políticos y económicos que puede tocar, en los dictámenes que se elaboran y suscriben. La Auditoría Superior de la Federación define la continuidad de los funcionarios públicos o su salida anticipada de la función pública, generalmente acompañada de una denuncia ante la Fiscalía General de la República por desvío de recursos públicos, robo a la nación, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y cohecho.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pretende completar el objetivo de la sociedad y sus representantes populares, para combatir la corrupción y la Ley de Extinción de Dominio, es el instrumento jurídico que sirve al Estado para recuperar la riqueza malhabida de funcionarios y delincuentes en general. Todo lo anterior, con el propósito final de “devolver al pueblo lo robado”.

Qué lamentable ha resultado que el fin del aparato burocrático y los textos jurídicos de combate a la corrupción se queden hasta hoy en “letra muerta”, que sólo ha servido para negociar en lo oscurito los carpetazos, archivos y exoneraciones a muchos que inexplicablemente continúan en el servicio público.

Veremos lo que sigue en el caso del titular de la ASF, luego de haber exhibido al propio presidente de la República y a sus más cercanos colaboradores en irregularidades administrativas y financieras, entre las que destaca de manera fundamental la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco.