Entre dimes y diretes, el pleito por el recurso estratégico del agua crece cada día entre el gobierno de Chihuahua, que encabeza Javier Corral, y el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, por la cuota pactada en el tratado entre Estados Unidos y México, que se llevó a cabo en 1944, cuando el vital líquido se comenzaba a valorar como un recurso de seguridad nacional.
La escasez de agua y la contaminación que se consideraron de manera integral por Estados Unidos y México, al aceptar el aprovechamiento de los escurrimientos para compensar los faltantes registrados por el uso de los canales de riego y con el fin de evitar las inundaciones de predios agrícolas sin cauce, agravaron la problemática del reparto del agua entre vecinos fronterizos colindantes, y es también resultante del insuficiente líquido, además de que los responsables de Conagua no han hecho uso del financiamiento para modernizar y operar eficazmente la explotación racional del agua.
Los defensores del medio ambiente insisten en parar aquellas actividades humanas culpables de la escasez y la contaminación, causantes de un mayor daño al agua dulce mediante su uso no sustentable del preciado líquido.
El gobernador Corral defiende a sus coterráneos y López Obrador encabeza la defensa, que con la Guardia Nacional y Conagua garantizan el cumplimiento del tratado internacional, con el señuelo de beneficiar a los productores.
No es ajeno al conflicto del agua el proceso electoral de Estados Unidos, para atender con ese tema la reelección presidencial de Donald Trump. Ahora que AMLO no lo ha resuelto de tajo, conviene a nuestro país acudir ante organismos internacionales.
El conflicto crece políticamente y a todos los sectores parece envolverlos en un catastrofismo hidráulico, entre el gobierno federal de Morena y el PAN. A todos los involucrados parece llevarlos a un conflicto de graves proporciones el tema hidráulico, que alcanzará la lucha política en el año 2024, con escarceos en la elección intermedia de 2021 que racionalmente perjudicará los intereses de la 4T y su partido Morena.
No hay uso racional, pero sí hay una sobreexplotación de los subsidios, tampoco se ha terminado el conflicto del agua cuyo único responsable será a la postre el presidente López Obrador y su partido, Morena.
