México define al Estado de Derecho como un principio de gobernanza en el que todos están sujetos al cumplimiento de la ley. Los gobernantes se comprometen, bajo juramento, a cumplir la Constitución General de la República y hacerla cumplir. La administración de justicia, dice Héctor Fix-Zamudio, es un concepto con dos acepciones: en primer término, se refiere a la actividad jurisdiccional del Estado y, en segundo lugar, implica el gobierno y administración de los tribunales.
La Administración de Justicia existe para zanjar las diferencias en las que no se han puesto de acuerdo los ciudadanos y resolver los conflictos que entre ellos se originen. Dirimir las controversias con ciudadanos, con empresas o entidades, o bien con el propio Estado y sus diversas dependencias. “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial” (Art. 17 Constitucional.).
Un Estado de derecho tiene a su cargo la delicada labor de individualizar las normas generales a los problemas y situaciones específicas que se presentan cotidianamente con la ciudadanía y en la vida social, económica y cultural. El ideal de justicia es una aspiración legítima de cualquier sociedad democrática como la nuestra, basada en la fragmentación y la desigualdad.
Las reformas en materia de derechos humanos y juicio de amparo crearon un nuevo sistema de control constitucional. Este nuevo sistema cuenta con nuevas vías y supuestos de impugnación para que se procesen reclamos de grupos e intereses (como los pueblos indígenas) o de derechos colectivos, (de grupos diversos) que antes no tenían acceso a la justicia constitucional. (E. Tomás Medina M.)
Otro reto de la justicia constitucional será definir el alcance del principio de progresividad en materia de derechos humanos. Este principio condiciona toda posibilidad de cambio normativo si representa un retroceso respecto de derechos que ya han sido reconocidos y dotados de contenido. (Ibíd).
Lo que preocupa es aquello que la ciudadanía percibe, que no siempre puede respaldarse con datos. Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad en América, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad. (https://pbi-mexico.org/es/themes/impunidad-y-acceso-la-justicia). Los índices no han variado, a menos que usted tenga otros datos.
Dificulta la aplicación de la justicia, la falta de independencia del poder judicial, la inadecuada implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, el uso de la tortura como medio para obtener confesiones, las figuras legales que obstaculizan el acceso a la justicia (por ejemplo, el arraigo), la ausencia de mecanismos que garantizan la reparación del daño a víctimas y, sobre todo, la falta de voluntad política para fortalecer la impartición de justicia en el país (PBI México).
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México se ha visto gravemente afectado por el contexto de impunidad, pues el 99 por ciento de los homicidios contra periodistas ha quedado en la impunidad, lo que pone en riesgo la defensa de los derechos humanos, ya que obstaculiza la difusión de información y la búsqueda de la verdad. (Ibíd). Esto, es otro mal de México.
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