Hace más de dos meses, cuando el Congreso local aprobó con 34 de 50 votos la reforma al Código Penal para otorgar mayor penalidad al delito de “ultraje a la autoridad”, la Asociación de Periodistas de Veracruz advirtió el riesgo que eso representaría para los comunicadores en sus labores de cobertura de noticias cuando existe la presencia de policías, de por sí alérgicos a los medios, y con esa nueva disposición los haría sentir ‘intocables’.
Había un antecedente: la detención del reportero Antonio de Marco Arango, de Foro Tuxpan, quien durante una cobertura en ese municipio fue acusado de ese delito, por el hecho de utilizar un dron para hacer tomas de un hombre que yacía sin vida en la vía pública. Ese hecho prendió los focos rojos de la agrupación y de inmediato buscó asesoría, en previsión que pudiera presentarse en la zona del puerto jarocho un caso parecido. El lunes por la noche, cuando maestros se manifestaron frente a las oficinas de la SEV para plantear varias exigencias y después, por no ser escuchados ni atendidos, bloquearon la carretera, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar liberarla y detener a 13 de ellos y a su líder, José Arturo Hernández, bajo cargos de “obstrucción a vías de comunicación, ultrajes a la autoridad y privación ilegal de la libertad”, según un tuit del titular de la SSP, Hugo Maldonado Gutiérrez. Sin embargo, el secretario evitó comentar sobre las agresiones a algunos periodistas por parte de los uniformados, uno de los cuales trató de esposar a uno de ellos y al fotorreportero Sergio Hernández otro lo amenazó de que si seguía tomando fotos lo iba “a levantar, llevar a San José y ahí iba a madrearlo”, según el testimonio del afectado. Esa actitud contra la prensa es visible, ocurre en todas partes del estado, y mientras no haya una orden expresa del señor Hugo Gutiérrez para frenar ese tipo de actitudes de su personal hacia los reporteros, no habrá nada que evite esas agresiones e inclusive, la detención de periodistas con el ardid de que hubo “ultraje a la autoridad”. Y, a diferencia de otras ocasiones, ahora sí hubo una puntual respuesta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) que solicitó al secretario Maldonado tomar cartas en el asunto y otorgar protección a los comunicadores agredidos, además de que este organismo ofreció acompañamiento para presentar las denuncias penales por las amenazas recibidas. Las organizaciones de reporteros de todo el estado, por lo pronto, estarían por definir un acuerdo mediante el cual se realicen distintas acciones para exigir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez las garantías del derecho a la libre expresión para quienes ejercen actividades periodísticas, y que los policías reciban la instrucción de no obstruir las coberturas informativas a los representes de los distintos medios de comunicación.
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