/ domingo 21 de marzo de 2021

Ley del Garrote, a revisión

Son tantas las voces que siguen expresándose en contra de la utilización política del delito de “ultrajes a la autoridad” en contra de opositores al gobierno, incluidos periodistas, tras modificarse el Código Penal del estado para un mayor castigo, que es sólo cuestión de tiempo escuchar y atender esas críticas, a riesgo de que escalen.

Pese a resistencias, que las hay, en breve podría darse a conocer esa marcha atrás en el texto referido, para clarificar su aplicación y evitar que sigan presentándose actos de abusos de autoridad. Esa reforma tenía el propósito de frenar las inaceptables agresiones físicas a representantes del orden, policías, soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional, principalmente, cometidas por hordas violentas sin ley ni Dios. Este fin se semana, la organización Article 19 se sumó a esa cauda de críticas de la iglesia, organizaciones civiles, asociaciones, barras y colegios de abogados, partidos políticos, diputados y cámaras empresariales, por convertir ese delito en “ley del garrote” aplicable a todos aquellos que son incómodos o protestan contra el gobierno. En particular, la organización internacional Artículo 19, defensora de los derechos humanos, libertad de expresión y el derecho a la información, pidió la derogación, por atentar contra derechos fundamentales, y basándose en el precedente de la declaración de inconstitucionalidad dictada desde 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido al uso criminalizante en contra la libre expresión; además, A-19 observó que “va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad”. Esta organización recriminó que este delito ha sido utilizado por las autoridades del estado para restringir la labor periodística, la protesta y, en general, el derecho a la libertad de expresión. Interesante, también, es la posición de diputados sobre la citada modificación de este delito, el cual “no fue analizado a fondo; hay exceso en las funciones de las autoridades de la Fiscalía General del estado (y ciertos jueces, agregaríamos). El delito no es para privar de la libertad”, en palabras de Gonzalo Guízar Valladares. Otro diputado, el priista Jorge Moreno Salinas, expresó que endurecer este delito era para devolver el respeto a las instituciones, “porque no vamos a tener un país sin ley; y no se trata de reprimir tampoco”. El sábado, la coordinadora de Grupo Legislativo PRI-PVEM en el Congreso local, diputada Erika Ayala Ríos, señaló que “la modificación al Código Penal era necesaria, pero no podemos permitir que haya vacíos (…) hay que cuidar que no se mal interprete” y agregó “estamos trabajando en una iniciativa para modificar esos vacíos que aún quedan”. Esto significa que, debido a los hechos recientes, con la aplicación modificada del delito de “ultrajes a la autoridad que alcanza hasta siete años de prisión, hay consenso para dar marcha atrás en lo aprobado. Los casos más significativos señalados de uso político de este delito, son los de Rogelio Franco Castán, secretario de gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares, detenido la semana pasada, a quien la juez del caso lo vinculó a proceso y, como medida cautelar, le dictó prisión preventiva por ocho meses que pasará en el penal de Amatlán de los Reyes, y del líder de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación en Veracruz, Eduardo Mario Cáseres, por supuesto bloqueo de una calle cuando con otros encabezó una manifestación de protesta contra la Secretaria del Medio Ambiente; tres días después, le otorgaron su libertad con el pago de una multa de tres mil pesos.

E-mail:

opedro2006@gmail.com

Son tantas las voces que siguen expresándose en contra de la utilización política del delito de “ultrajes a la autoridad” en contra de opositores al gobierno, incluidos periodistas, tras modificarse el Código Penal del estado para un mayor castigo, que es sólo cuestión de tiempo escuchar y atender esas críticas, a riesgo de que escalen.

Pese a resistencias, que las hay, en breve podría darse a conocer esa marcha atrás en el texto referido, para clarificar su aplicación y evitar que sigan presentándose actos de abusos de autoridad. Esa reforma tenía el propósito de frenar las inaceptables agresiones físicas a representantes del orden, policías, soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional, principalmente, cometidas por hordas violentas sin ley ni Dios. Este fin se semana, la organización Article 19 se sumó a esa cauda de críticas de la iglesia, organizaciones civiles, asociaciones, barras y colegios de abogados, partidos políticos, diputados y cámaras empresariales, por convertir ese delito en “ley del garrote” aplicable a todos aquellos que son incómodos o protestan contra el gobierno. En particular, la organización internacional Artículo 19, defensora de los derechos humanos, libertad de expresión y el derecho a la información, pidió la derogación, por atentar contra derechos fundamentales, y basándose en el precedente de la declaración de inconstitucionalidad dictada desde 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido al uso criminalizante en contra la libre expresión; además, A-19 observó que “va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad”. Esta organización recriminó que este delito ha sido utilizado por las autoridades del estado para restringir la labor periodística, la protesta y, en general, el derecho a la libertad de expresión. Interesante, también, es la posición de diputados sobre la citada modificación de este delito, el cual “no fue analizado a fondo; hay exceso en las funciones de las autoridades de la Fiscalía General del estado (y ciertos jueces, agregaríamos). El delito no es para privar de la libertad”, en palabras de Gonzalo Guízar Valladares. Otro diputado, el priista Jorge Moreno Salinas, expresó que endurecer este delito era para devolver el respeto a las instituciones, “porque no vamos a tener un país sin ley; y no se trata de reprimir tampoco”. El sábado, la coordinadora de Grupo Legislativo PRI-PVEM en el Congreso local, diputada Erika Ayala Ríos, señaló que “la modificación al Código Penal era necesaria, pero no podemos permitir que haya vacíos (…) hay que cuidar que no se mal interprete” y agregó “estamos trabajando en una iniciativa para modificar esos vacíos que aún quedan”. Esto significa que, debido a los hechos recientes, con la aplicación modificada del delito de “ultrajes a la autoridad que alcanza hasta siete años de prisión, hay consenso para dar marcha atrás en lo aprobado. Los casos más significativos señalados de uso político de este delito, son los de Rogelio Franco Castán, secretario de gobierno con Miguel Ángel Yunes Linares, detenido la semana pasada, a quien la juez del caso lo vinculó a proceso y, como medida cautelar, le dictó prisión preventiva por ocho meses que pasará en el penal de Amatlán de los Reyes, y del líder de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación en Veracruz, Eduardo Mario Cáseres, por supuesto bloqueo de una calle cuando con otros encabezó una manifestación de protesta contra la Secretaria del Medio Ambiente; tres días después, le otorgaron su libertad con el pago de una multa de tres mil pesos.

E-mail:

opedro2006@gmail.com