Son tan frecuentes las quejas por abusos que cometen agentes de Tránsito, principalmente, y elementos policiacos, que ya resulta necesario hacer una revisión a la ley y normar la conducta de esos servidores públicos.
Hace poco surgieron quejas de lo que sucede en Xalapa con esos elementos en los filtros de revisión, donde cualquier motivo es suficiente para llevar retenidas a las personas al Cuartel de San José, así sea por aliento alcohólico (no necesariamente en estado de ebriedad) del conductor, falta de licencia o algún documento del vehículo o una luz fundida. Se trata de intimidar para forzar un “arreglo”, lo que en realidad es una extorsión disfrazada. Esa misma situación ocurre en el puerto de Veracruz y otros municipios del estado, aunque con algunas variantes. Los retenes están prohibidos por la ley al establecer que no se le puede molestar a ninguna persona sin un motivo justificado, pero sirven en el mejor de los casos como una modalidad de recaudación de los gobiernos o dádivas que tendrían que llegar a los altos mandos de esas corporaciones tratándose del gobierno del estado, o a los alcaldes en los municipios; esto se ha generalizado, y es muy común ver a los agentes en motocicletas o patrullas realizando infracciones sin ton ni son, por causas leves o injustificadas. En vías rápidas, por ejemplo, cazan a los automovilistas que no logran pasar con semáforo en verde y lo hacen cuando éste parpadea o con luz ámbar, sin considerar que esas vías son para dar fluidez, y cuando no se pone en riesgo la seguridad de los peatones o no hay un manejo temerario del auto, no habría razón para sancionar, si acaso una llamada de atención. Peor es en los tramos de pasos obligados en viajes por carreteras que atraviesan ciudades, como en Cardel o los Tuxtlas, donde hay una desmedida y hasta delictiva actuación de los uniformados que literalmente inventan que el conductor no hizo caso a alguna señal o que maneja sin precaución para amedrentarlos con multas de miles de pesos, y tratándose de personas con domicilios en otros estados o ciudades alejadas que tendrían que regresar a recoger sus documentos tras el pago de la multa, son casi obligados a llegar a un arreglo con ellos para dejarlos seguir su viaje. Otra situación que ha sido denunciada es la actuación de policías estatales que, sin motivo, ordenan detenerse a automovilistas, motociclistas y ciclistas para hacer una revisión de sus unidades o mochilas, lo cual a todas luces está fuera de la legalidad. Esas circunstancias colocan al ciudadano en una situación de vulnerabilidad, por sus excesos que la ley les permite. No se dice que se deba permitir el desorden, sino prohibir los retenes o se especifique en qué casos específicos los agentes del pueden intervenir un vehículo; destituir y castigar con dureza los abusos de autoridad y la extorsión, como en los casos denunciados en Xalapa; moderar el monto de las multas, algunas excesivas, y cuando se trate de corporaciones municipales, casos del puerto de Veracruz, Boca del Río o Santiago Tuxtla, entre otros, exhortar públicamente a los ediles a evitar que esas áreas públicas las utilicen como cajas recaudadoras. Es un tema importante en la que los nuevos integrantes del Congreso Local deben analizar para proponer cambios en la legislación que establezca orden, pero también garantice la protección de los ciudadanos que ahora son víctimas de esas autoridades viales y policiacas. Esperemos que se atiendan esas quejas ciudadanas y se busque una inmediata solución.
