/ martes 8 de septiembre de 2020

Los fallos del TEPJF definirán el rumbo democrático de México

La construcción de consensos produjo en 1996 los acuerdos incipientes para resolver pacíficamente los conflictos sociales que amenazaban con desestabilizar la tranquilidad y la paz pública, a través de acciones guerrilleras desde la clandestinidad.

El cambio de régimen anunciado por Vicente Fox como candidato presidencial del PAN, quedó truncado por la frivolidad en su desempeño presidencial. La segunda oportunidad para el cambio democrático fue desaprovechada por Felipe Calderón, quien hoy pretende volver a contender por la presidencia para gobernar al país. Por último, la salida catastrófica del gobierno de Peña Nieto solo sirvió para que llegara AMLO y su 4T al Palacio Nacional. En menos de dos años, el líder tabasqueño sembró el desencanto de sus correligionarios y de muchos luchadores sociales, que hoy protestan por los incumplimientos del gobierno fallido de la esperanza.

El proceso electoral federal, que ya dio inicio, será el escenario crudo y realista de una lucha por el poder, en el que el Tribunal Electoral desempeñará la función jurisdiccional más importante de su historia, porque será la elección más grande, en número y estructura, de los tres órdenes de gobierno. Habrá renovación de cuadros políticos fundamentales y el número de electores, de la elección de 2018 a la de 2021, se verá incrementado en 5 millones, aproximadamente.

La Constitución federal otorga el rango de máxima autoridad jurisdiccional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su función es permanente, con una Sala Superior y 5 Salas Regionales, ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. Las resoluciones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en aquellas elecciones de competencia federal en las que se elijan diputados y senadores, precisando la Carta Magna que toda impugnación sobre la elección Presidencial será resolverá en única instancia por la Sala Superior.

De ahí que los dirigentes nacionales de partidos políticos con registro insisten en una vigilancia escrupulosa del actuar de los magistrados cuando se pretenda anular alguna elección, particularmente después de realizarse el cómputo final de la elección del titular del Poder Ejecutivo federal.

En política, el fin no siempre justifica los medios para alcanzar y sostenerse en el poder, porque el autoritarismo sepultará, más temprano que tarde, a la democracia.

La construcción de consensos produjo en 1996 los acuerdos incipientes para resolver pacíficamente los conflictos sociales que amenazaban con desestabilizar la tranquilidad y la paz pública, a través de acciones guerrilleras desde la clandestinidad.

El cambio de régimen anunciado por Vicente Fox como candidato presidencial del PAN, quedó truncado por la frivolidad en su desempeño presidencial. La segunda oportunidad para el cambio democrático fue desaprovechada por Felipe Calderón, quien hoy pretende volver a contender por la presidencia para gobernar al país. Por último, la salida catastrófica del gobierno de Peña Nieto solo sirvió para que llegara AMLO y su 4T al Palacio Nacional. En menos de dos años, el líder tabasqueño sembró el desencanto de sus correligionarios y de muchos luchadores sociales, que hoy protestan por los incumplimientos del gobierno fallido de la esperanza.

El proceso electoral federal, que ya dio inicio, será el escenario crudo y realista de una lucha por el poder, en el que el Tribunal Electoral desempeñará la función jurisdiccional más importante de su historia, porque será la elección más grande, en número y estructura, de los tres órdenes de gobierno. Habrá renovación de cuadros políticos fundamentales y el número de electores, de la elección de 2018 a la de 2021, se verá incrementado en 5 millones, aproximadamente.

La Constitución federal otorga el rango de máxima autoridad jurisdiccional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su función es permanente, con una Sala Superior y 5 Salas Regionales, ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. Las resoluciones del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en aquellas elecciones de competencia federal en las que se elijan diputados y senadores, precisando la Carta Magna que toda impugnación sobre la elección Presidencial será resolverá en única instancia por la Sala Superior.

De ahí que los dirigentes nacionales de partidos políticos con registro insisten en una vigilancia escrupulosa del actuar de los magistrados cuando se pretenda anular alguna elección, particularmente después de realizarse el cómputo final de la elección del titular del Poder Ejecutivo federal.

En política, el fin no siempre justifica los medios para alcanzar y sostenerse en el poder, porque el autoritarismo sepultará, más temprano que tarde, a la democracia.