Hace poco se publicó que un exsecretario de Gobierno, exdiputado y exdirigente estatal del PRI ya andaba operando abiertamente para Morena.
Esto en los municipios de los distritos electorales de Santiago Tuxtla y Acayucan, que en los sexenios de los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte representó ante los congresos local y federal, respectivamente.
En su afán por justificarlo, un excolaborador de este personaje argumentó coloquialmente que “el miedo no anda en burro”, pues nos hizo ver que hasta ahora todas las señales apuntan que el presidente López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García no van a dejar que su partido pierda la mayoría que actualmente tiene en el Congreso de la Unión y en el de Veracruz, pues de lo contrario se les complicaría a ambos gobernantes morenistas el segundo trienio de sus mandatos, de cuyos resultados dependerá que retengan el poder en las sucesiones estatal y presidencial de 2024. En el nivel federal ha quedado suficientemente claro que el gobierno lopezobradorista va a operar a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para desacreditar a la oposición por sus corruptelas y perseguir a sus candidatos más competitivos pero de dudoso historial.
Como ejemplo nos señalan el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cuyo juicio reiniciará hasta finales de enero del año próximo, en vísperas de las campañas electorales de 2021, mientras que la UIF filtró un expediente contra el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, fuerte aspirante del Partido Verde a la gubernatura de San Luis Potosí, quien estaría siendo investigado por operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y por sus presuntos vínculos con Los Zetas y el Cártel de Juárez.
El caso de Gallardo tiene algunas similitudes con el del exfuncionario priista del sur de Veracruz que estaría operando ya para Morena.
Y es que además de haber acumulado bienes inmuebles y de hacerse inexplicablemente de una fortuna personal inmensa en los sexenios de Herrera y Duarte, también se le ligó con los zetas tras una declaración ministerial que en diciembre de 2011 realizó Raúl Lucio Hernández Lechuga, (a) “el Lucky” o Z-26, un capo que se escondía en Córdoba y que según la DEA y la Marina era cofundador y jefe regional de este grupo criminal en Veracruz y otras nueve entidades.
Por su parte, AMLO advirtió desde a mediados de junio a gobernantes y funcionarios de todos los partidos que procederá penalmente contra quienes desvíen recursos públicos a las campañas electorales, remarcando también que tampoco permitirá que asociaciones civiles empresariales, “con el fin de no pagar impuestos a futuro”, aporten fondos “para comprar votos o espacios en radio y televisión” a favor de candidatos opositores. Coincidentemente, tras la extradición de Lozoya, el PRI se ha vuelto muy “cooperativo” con el presidente y Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
