El gobernador Cuitláhuac García ha sido bastante generoso con Sofía Martínez Huerta, a la que sin grandes méritos profesionales promovió a finales del año pasado como magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia; sin embargo, la titular del Poder Judicial de
Veracruz no ha sido tan honesta y leal con el Jefe del Poder Ejecutivo, quien inclusive ha tomado partido a favor de ella al autorizarle el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la disputa que actualmente libra con el representante del Poder
Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, que pretende arrebatarle varias posiciones administrativas en el TSJE.
Y es que, por ejemplo, doña Sofía no le ha informado fidedignamente al mandatario veracruzano la verdadera situación jurídica acerca de la jubilación forzosa de varios magistrados, para cuyas vacantes el gobernador planea proponer al Congreso local los respectivos candidatos no obstante que algunos togados que han cumplido o están por llegar a los 70 años de edad han tramitado y obtenido el amparo provisional y hasta definitivo de la justicia federal.
Jorge Espinosa, quien ya tiene 72 años de edad; Roberto Dorantes y Marco Antonio Lezama Moo, quien cumplió 70 en enero pasado, obtuvieron la suspensión definitiva, aunque en el caso de este último magistrado interpuso también la demanda de amparo 262/2020 ante el Juzgado Décimo Quinto, el cual sigue en trámite tras negarle la
suspensión provisional basándose en una jurisprudencia por una reforma similar en el estado de Jalisco pero que en el caso de Veracruz es distinto por un artículo transitorio aprobado por el Congreso que protege a los magistrados designados antes de la
modificación constitucional.
Lezama Moo ya había interpuesto el 11 de diciembre pasado otra demanda de amparo, la número 1136/2019 ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito de Xalapa, concediéndosele la suspensión definitiva, misma que sigue vigente toda vez que en su informe la presidenta del TSJE aprobó la inaplicación de los artículos 58 Bis último párrafo y 59 fracción II de la Constitución Política del estado con base en lo dispuesto por el artículo tercero transitorio
del Decreto 606, de 26 de diciembre de 2017, dando pauta al sobreseimiento del Juicio de Amparo por haber cesado el acto reclamado.
El Congreso local se inconformó con esta decisión del Juez, aunque al haber interpuesto su recurso de revisión la medida protectora de la suspensión aún sigue vigente.
¿Le ha informado la presidenta del TSJE al gobernador que el 14 de enero de este año, en sesión plenaria, ella misma aprobó la inaplicación de la jubilación forzosa para todos aquellos magistrados que fueron designados para un periodo de 10 años antes de la reforma constitucional de 2017?
¿Sabrán que en caso de no acatar un mandamiento del Poder Judicial federal estarían incurriendo principalmente en el delito de repetición del acto reclamado que se sanciona con la destitución del cargo, inhabilitación y hasta con pena corporal?
