El año pasado, en una cena con un grupo de comunicadores en Casa Veracruz, uno de los invitados le expuso al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que su administración necesitaba mandar señales más contundentes de su combate a la corrupción.
Y es que, por ejemplo, se le dijo que al menos la opinión pública estaba desconcertada por el sorpresivo nombramiento de Miguel Ángel Vega García como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado, pues este personaje había sido el titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y la Sedatu que encabezó Rosario Robles Berlanga en el sexenio pasado y que jamás procedió contra los funcionarios implicados en la llamada "Estafa Maestra" —un megafraude de más de 5 mil millones de pesos, desviados a través de 128 empresas fantasmas—, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara.
Ahora, en plena pandemia del Covid-19 se están dando situaciones que, por absurdas, igualmente son deshonestas, por lo que la Contraloría estaría obligada a corregir y hasta sancionar, ya que como bien decía el presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), "la ineptitud también es otra forma de corrupción".
Y es que no es posible que mientras en varios hospitales públicos del estado continúa la escasez de medicamentos y el personal médico y de enfermería siguen demandando insumos y mejores equipos de protección para evitar ser contagiados, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, esté por invertir alrededor de 4 millones de pesos en arreglar sus oficinas, tal como lo documentó este lunes un diario porteño.
La reportera Noemí Valdez exhibió que Ramos Alor busca rehabilitar el edificio Plaza Galerías en Xalapa para ocuparlo como centro administrativo, por lo que el área de licitaciones y adjudicaciones de Sesver invitó el pasado 2 de julio a tres empresas para que presentaran sus propuestas. La cotización más alta fue la de la compañía Ingeniería Telinco, por 4 millones 151 mil 375 pesos, y la más baja la del constructor Rafael Orozco Romo, por 3 millones 879 mil 306 pesos. Este viernes 17, la dependencia notificará a quién le será asignado el contrato.
Con esta obra suntuosa el secretario de Salud está contraviniendo la instrucción emitida hace meses por la Sefiplan, que puntualmente advertía a todos los secretarios de despacho que no se gestionarían solicitudes de dictamen de suficiencia presupuestal en partidas de gasto no prioritario, desde mantenimiento y arrendamiento de vehículos hasta las relacionadas con el capítulo del gasto 5000 referentes a bienes muebles, inmuebles e intangibles.
¿Acaso no corresponde a la Contraloría vigilar que los recursos financieros, humanos y materiales del estado se ejerzan escrupulosamente bajo los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia economía, racionalidad y austeridad, máxime en plena pandemia?
