Durante el primer año de gobierno del presidente López Obrador, ocho periodistas mexicanos fueron asesinados, según informe de la Organización "Reporteros Sin Fronteras", lo que ubicó a México en el segundo lugar de la clasificación mundial, después de Afganistán, como el país que en tiempos de paz, resultó ser más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión.
Hace dos días asesinaron al periodista Israel Vázquez en Salamanca, Guanajuato; es el tercer crimen en menos de un mes y séptimo en lo que va de este año 2020, de un profesional de la comunicación y ha merecido la condena del Comité de Protección de los Periodistas y de la sociedad en su conjunto, para que se esclarezca el proditorio asesinato.
La Fiscalía del Estado de Guanajuato comunicó oficialmente que Israel trabajaba para el periódico digital "el Salmantino", tenía a su cargo la fuente policiaca y daba a conocer en el momento de su ejecución, un hallazgo criminal, cuando recibió disparos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte.
Desde la puesta en vigor de la Ley de Imprenta en 1917 y de la Constitución Política vigente en México desde su promulgación en el mismo año, los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, garantizan la libertad de expresión, pluralismo informativo, acceso a la información, máxima publicación y protección de datos personales; además de la inviolable libertad para opinar y divulgar las ideas, que también forman parte de Tratados Internacionales aprobados por el Senado.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se garantiza la libertad de expresión, sin que ello implique limitación, molestia o restricción por parte del Estado o de la sociedad o grupo de individuos que actuando en contra de la Ley, violentan el orden público, trastocando el bienestar de una sociedad democrática.
El incumplimiento del deber legal del gobierno actual (4T) y sus funcionarios públicos, es manifiesto ante el número de muertes, desapariciones, amenazas y secuestros de periodistas, comunicadores, reporteros y columnistas; puesto que en un país sin guerra, la seguridad de todos sus habitantes, comienza protegiendo la libertad de expresión y en última instancia, persiguiendo y castigando con severidad a quien violentamente silencia la libertad de prensa y el derecho a la información.
