/ lunes 24 de enero de 2022

Que alguien le explique

El tema ya generó comentarios negativos, en su mayoría, sobre ese planteamiento del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que “para que aprenda, el @INEMexico, debería pedir asesoría al @ople_Ver para organizar elecciones sin pedir ampliación presupuestal”.

Esto refiriéndose a las elecciones extraordinarias de finales de marzo en Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, comparando ese proceso con el de Revocación de Mandato. A la luz de registros oficiales, es imposible compararlos. En el estado, son cuatro municipios de escasa población: Chiconamel, con 7 mil habitantes, de los cuales 4 mil 469 se encuentran en la lista nominal, requiere seis casillas; Jesús Carranza, con 30 mil habitantes y lista nominal de 19 mil 322 ciudadanos con credencial de elector vigente, requiere 26 casillas; Amatitlán, con 8 mil habitantes y lista nominal de 5 mil 907 electores, requiere 8 casillas, y Tlacotepec de Mejía, con 4 mil habitantes y lista nominal de 3 mil 37 ciudadanos, requiere 4 casillas. En total, suman 32 mil 725 ciudadanos con credencial de elector vigente (de 5 millones 979 mil 606 en el estado), que, considerando la regla de una casilla por cada 750 electores, votarían en 44 casillas (de un total de 7 mil 973 casillas instaladas en las elecciones del año pasado en el estado), lo que apenas alcanza un 0.5% de los ciudadanos de la lista nominal, y en el número de casillas. Cosa distinta es la Revocación de Mandato, proceso de gran calado, en el que la ley exige instalar el mismo número de casillas al de un proceso electoral federal, es decir, alrededor de 160 mil en el país. El INE ha ha planteado: “por la gravedad de sus posibles consecuencias --conclusión anticipada del periodo de gobierno del Presidente electo en 2018--, debe llevarse a cabo con absoluto rigor técnico, profesionalismo, legalidad, certeza y transparencia, estándares de calidad que (…) ha garantizado en todos y cada uno de los procesos electorales que (este Instituto) organiza a nivel federal y local en colaboración con los OPLE’s; es un asunto serio que no permite ligerezas, ni simulaciones; la Revocación de Mandato de un Presidente debe tener las mismas garantías de certeza e imparcialidad que una elección presidencial”. Quienes se mantienen atentos sobre este asunto, conocen el recorte de 4 mil 900 millones de pesos al presupuesto del INE en 2022, que es más de lo que había solicitado para realizar este proceso, de tres mil 830 millones, de lo cual la Cámara de Diputados sólo le autorizó 813 millones, es decir, una quinta parte, por lo que tiene un faltante de 3 mil 17 millones de pesos. A eso no se refiere el Gobernador García en su comentario, y podría no haber mala fé, pero sí carece de información, más allá de la decisión del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz de no solicitar una ampliación presupuestal para desarrollar esos procesos electorales de los cuatro municipios, innecesarios por el tamaño, y por lo cual son suficientes los 660 millones de pesos asignados de presupuesto de este año. La advertencia del INE es que, si no dispone de los recursos necesarios para garantizar este ejercicio democrático, se corre el riesgo de “regresar a un México donde las elecciones baratas permitían que los mismos rufianes de siempre se robaran elección tras elección”. Nada menos.

mail:

opedro2006@gmail.com

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El tema ya generó comentarios negativos, en su mayoría, sobre ese planteamiento del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que “para que aprenda, el @INEMexico, debería pedir asesoría al @ople_Ver para organizar elecciones sin pedir ampliación presupuestal”.

Esto refiriéndose a las elecciones extraordinarias de finales de marzo en Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, comparando ese proceso con el de Revocación de Mandato. A la luz de registros oficiales, es imposible compararlos. En el estado, son cuatro municipios de escasa población: Chiconamel, con 7 mil habitantes, de los cuales 4 mil 469 se encuentran en la lista nominal, requiere seis casillas; Jesús Carranza, con 30 mil habitantes y lista nominal de 19 mil 322 ciudadanos con credencial de elector vigente, requiere 26 casillas; Amatitlán, con 8 mil habitantes y lista nominal de 5 mil 907 electores, requiere 8 casillas, y Tlacotepec de Mejía, con 4 mil habitantes y lista nominal de 3 mil 37 ciudadanos, requiere 4 casillas. En total, suman 32 mil 725 ciudadanos con credencial de elector vigente (de 5 millones 979 mil 606 en el estado), que, considerando la regla de una casilla por cada 750 electores, votarían en 44 casillas (de un total de 7 mil 973 casillas instaladas en las elecciones del año pasado en el estado), lo que apenas alcanza un 0.5% de los ciudadanos de la lista nominal, y en el número de casillas. Cosa distinta es la Revocación de Mandato, proceso de gran calado, en el que la ley exige instalar el mismo número de casillas al de un proceso electoral federal, es decir, alrededor de 160 mil en el país. El INE ha ha planteado: “por la gravedad de sus posibles consecuencias --conclusión anticipada del periodo de gobierno del Presidente electo en 2018--, debe llevarse a cabo con absoluto rigor técnico, profesionalismo, legalidad, certeza y transparencia, estándares de calidad que (…) ha garantizado en todos y cada uno de los procesos electorales que (este Instituto) organiza a nivel federal y local en colaboración con los OPLE’s; es un asunto serio que no permite ligerezas, ni simulaciones; la Revocación de Mandato de un Presidente debe tener las mismas garantías de certeza e imparcialidad que una elección presidencial”. Quienes se mantienen atentos sobre este asunto, conocen el recorte de 4 mil 900 millones de pesos al presupuesto del INE en 2022, que es más de lo que había solicitado para realizar este proceso, de tres mil 830 millones, de lo cual la Cámara de Diputados sólo le autorizó 813 millones, es decir, una quinta parte, por lo que tiene un faltante de 3 mil 17 millones de pesos. A eso no se refiere el Gobernador García en su comentario, y podría no haber mala fé, pero sí carece de información, más allá de la decisión del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz de no solicitar una ampliación presupuestal para desarrollar esos procesos electorales de los cuatro municipios, innecesarios por el tamaño, y por lo cual son suficientes los 660 millones de pesos asignados de presupuesto de este año. La advertencia del INE es que, si no dispone de los recursos necesarios para garantizar este ejercicio democrático, se corre el riesgo de “regresar a un México donde las elecciones baratas permitían que los mismos rufianes de siempre se robaran elección tras elección”. Nada menos.

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opedro2006@gmail.com

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