No cabe duda que todo es circunstancial, algunos temas obedecen a los calendarios y otros son de moda o agenda, como lo quiera usted ver. Viene al caso un tema porque desde mediados del año pasado se incluyó en la agenda pública de Veracruz como un ejercicio la entrega-recepción de las administraciones municipales.
Por ser un mandato de ley, se define desde el mes de junio anterior a la administración que concluye su ejercicio, la manera cómo se va a realizar, los tiempos de las acciones y finalmente su conclusión.
Así emiten una guía mancomunadamente la Secretaria de Fiscalización del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior. Este ordenamiento consta de tres de etapas:
1.- Mayo-julio: con los preliminares de integraciones del comité de entrega y documentales preliminares, así como la capacitación.
2.- Agosto-septiembre: integración documental financiera y actualización documental sujeta a fiscalización, se integra el comité de recepción, una vez declarado formalmente legal el Ayuntamiento entrante.
3.- Octubre-diciembre: capacitación a las autoridades electas, realización de una reunión de transición con los dos comités; actualización e integración final de documentos. Enero: acto protocolario de entrega-recepción. Acta Circunstanciada.
A partir de esta fecha entra en funciones la nueva administración municipal, que será la principal responsable de lo que recibió, pues son ediles y funcionarios designados quienes deben seguir valorando la calidad de lo recibido.
Tiene como obligación legal difundir el contenido del Acta Circunstanciada en los medios de comunicación disponibles, así como en el portal de internet, para su consulta por parte de la ciudadanía; su entrega al Congreso del Estado, a través de la Secretaria de Fiscalización y el Órgano de Fiscalización, plazo que no excederá quince días regulares.
Continúa el actual Ayuntamiento, que nombrará una Comisión Especial que se encargará de analizar el expediente de entrega y deberá establecer un dictamen en un plazo de 30 días naturales, mismo que someterá al Ayuntamiento dentro de los cinco días siguientes.
Dentro de este periodo podrá llamar por conducto del contralor municipal a los funcionarios salientes, para aclaraciones, solventaciones o explicaciones a que haya lugar de todas aquellas dudas y omisiones que hayan encontrado en este periodo.
De acuerdo con esta norma podrá revisar la autoridad para su satisfacción o su negativa, durante un año. Esto no exime de responsabilidad a los funcionarios salientes sobre su actuación, pues tendrán una revisión fiscal por parte del Orfis del ejercicio 2021; de los daños patrimoniales fincados en los años 2019 y 2020; la responsabilidad fenecerá a los 7 años después de observada.
¿Pero qué es lo que se entrega? Por citar algunos: El patrimonio financiero, los activos integrados por los inmuebles y muebles, los deudores de todo tipo, los recursos humanos, las obras terminadas y en proceso, así como los pasivos; deudas, las públicas y no públicas, el estado que guardan los fondos del ramo 33, los conceptos en estado de devengado, las observaciones del Orfis pendientes de solventar; en fin, más 30 puntos a cumplir.
Estamos a más de noventa días de la entrega, a más de 60 días del Acta Circunstanciada y del mes de análisis, y ¿qué ha pasado? La respuesta es simple: nada relevante; qué hay de las responsabilidades de los que se fueron, ¿quien sabe?
Quien debería estar enterado qué paso es la actual administración, pero externamente poco se sabe, los actuales funcionarios están inmersos en la operación, ¿pero qué se cita?; falta equipo, no se pueden atender los servicios porque no hay con qué; no encuentran las computadoras, los aires acondicionados, los escritorios; no hay patrullas, menos ambulancias en el DIF. Todo eso se sabe, pero qué pasa: nada; los ex andan en nuevas actividades aspirando a nuevos encargos.
Además, los tiempos municipales son atender el predial, ver las plantillas, los elementos que hay, que se requiere tener colaboradores de confianza, hay que pagar la nómina, cuándo van a llegar los recursos de las participaciones, ya llegó CFE con su recibo de pago; hay que hacer el Plan Municipal de Desarrollo, se tiene que integrar el PGI que se va a incluir o considerar; en fin, la operación los ocupa.
Mientras en la oficina del contralor están los pendientes de la entrega, reposando porque lo absorbe la operación, atendiendo revisiones de los recursos humanos, estableciendo la vigilancia en las compras y más delante de las asignaciones de obra; el hombre está rebasado.
El ciudadano, por su parte, desinformado o desinteresado, solo con las noticias relevantes publicadas: que falta esto, que no está el otro, que las obras están mal, que se filtran o sea todas aquellas que denostan políticamente a los que se fueron.
Pero y las publicaciones del acta, de lo bien o mal que recibió y conoció; de las publicaciones de transparencia municipal, ¿quién la conoce? La respuesta es nadie o muy pocos; los ciudadanos tienen bloqueada cualquier información, o sea, como dijera el maestro Gómez Malagón: “Que siga el vacilón”.
A nadie le importa los municipios, son la parte vulnerable de la administración pública a la cual todos van por una parte de su patrimonio; pero también hay responsabilidad de los ciudadanos, que no exigen los señalado en las leyes, incluida la transparencia.
Desagraciadamente el Órgano de Fiscalización Superior opinará un año después, cuando nadie se acuerda qué paso.
