/ lunes 23 de agosto de 2021

‘Ratificación de mandato’, el engaño de los 5 mmdp

En América Latina, una serie de gobiernos populistas y autoritarios convirtieron a la revocación de mandato en un instrumento de manipulación social para romper el orden constitucional y perpetuarse en el poder mediante la inexistente figura de la ‘ratificación’.

Así, por ejemplo, la revocación de mandato sólo existe en Venezuela –donde Hugo Chávez gobernó por 14 años hasta su muerte, seguido de Nicolás Maduro que lleva 8 años en el poder-, en Bolivia –Evo Morales fue Presidente durante 14 años hasta que la protesta social lo obligó a renunciar- y en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa gobernó por una década. Se trató de ratificaciones para disimular el ascenso de una dictadura.

En México, la revocación de mandato tiene el mismo propósito. Por esta razón, los partidos políticos buscamos cerrar la puerta a la tentación reeleccionista de Morena, y al mismo tiempo, ahorrar al menos 5 mil millones de pesos en un ejercicio estéril de propaganda política y culto a la personalidad.

López Obrador no pretende que le revoquen el mando; busca que lo ‘ratifiquen’ para ocultar el grave deterioro social y económico que viven un país en crisis y un gobierno en quiebra financiera.

Esa es la razón por la que la semana pasada, el bloque de contención en el Congreso de la Unión (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) decidimos no aprobar un periodo extraordinario para debatir la ley reglamentaria de esta figura jurídica.

Ahora, desde el 1 de septiembre cuando inicia la 65 Legislatura, Morena buscará sacar adelante esta ley, justo cuando tendrían que estar dedicados a recibir el Tercer Informe de Gobierno del Presidente. Los tiempos se agotan para convocar a esta consulta que tendría que realizarse a finales del mes de febrero o el primer domingo de marzo.

A ello responde la desesperación morenista por aprobar un Decreto que incuba el huevo de la serpiente. El dictamen dice que se trata de “un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de presidente de la República”, sin embargo, el artículo 34 confirma la pretensión de ‘ratificar’ a López Obrador al proponer una pregunta contraria a la naturaleza de la revocación:

¿Estás de acuerdo en que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?

En ello consiste el engaño. Los mexicanos no tienen la opción de revocar –lo que no se plantea en la pregunta- sino de ratificar al Presidente. La revocación no aparece en ningún momento como objeto de la consulta, misma que tendría que plantearse en términos similares a: ¿Estás de acuerdo en que se revoque el mandato al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, antes de que concluya su mandato?

Hacerlo de esa manera obligaría a una respuesta mayoritaria por el NO, algo que en términos de psicología colectiva sería mucho más difícil de transmitir a los simpatizantes morenistas. Hay que recordar que el eje de la difusión y propaganda de la fallida consulta popular fue el SI, como un primer ejercicio de lo que sería la respuesta de la ‘ratificación’ de mandato.

La revocación de mandato es un derecho político de quienes se sienten agraviados por el desempeño de un gobernante a quien buscan remover de forma anticipada. Usar la figura de revocación como un instrumento para movilizar a las bases que apoyan al Presidente distorsiona por completo este derecho político, como lo ha dicho el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

Los mexicanos tenemos otras preocupaciones: frenar la tercera ola del Covid-19, recuperar los empleos, reabrir los negocios, no ser víctimas de la inseguridad y la delincuencia, enfrentar el aumento de la gasolina, la energía eléctrica y los alimentos. Son esas preocupaciones, y no la obsesión presidencial de seguir apareciendo en una boleta electoral, las que movilizan a la gente.

La revocación de mandato debe tener un origen social. Que sea la población inconforme ante un gobierno ineficaz y autoritario, quien decida que un mandatario debe dejar el cargo. Cuando es convocado por un Presidente –como hoy lo hace López Obrador- no es más que una trampa para buscar en la movilización de sus bases, la contención del descontento social.

GRACE, LA GENEROSIDAD DEL EMPERADOR

Hace 24 días, el Presidente desapareció oficialmente el Fonden; hoy no hay programas ni recursos para la reconstrucción y el apoyo a las familias afectadas por el huracán “Grace” en Veracruz y otros estados. Prescindir de este fideicomiso tuvo el mismo propósito perverso de la 4T: que los recursos no vengan del gobierno y las instituciones, sino de la generosidad selectiva del Emperador.

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En América Latina, una serie de gobiernos populistas y autoritarios convirtieron a la revocación de mandato en un instrumento de manipulación social para romper el orden constitucional y perpetuarse en el poder mediante la inexistente figura de la ‘ratificación’.

Así, por ejemplo, la revocación de mandato sólo existe en Venezuela –donde Hugo Chávez gobernó por 14 años hasta su muerte, seguido de Nicolás Maduro que lleva 8 años en el poder-, en Bolivia –Evo Morales fue Presidente durante 14 años hasta que la protesta social lo obligó a renunciar- y en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa gobernó por una década. Se trató de ratificaciones para disimular el ascenso de una dictadura.

En México, la revocación de mandato tiene el mismo propósito. Por esta razón, los partidos políticos buscamos cerrar la puerta a la tentación reeleccionista de Morena, y al mismo tiempo, ahorrar al menos 5 mil millones de pesos en un ejercicio estéril de propaganda política y culto a la personalidad.

López Obrador no pretende que le revoquen el mando; busca que lo ‘ratifiquen’ para ocultar el grave deterioro social y económico que viven un país en crisis y un gobierno en quiebra financiera.

Esa es la razón por la que la semana pasada, el bloque de contención en el Congreso de la Unión (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) decidimos no aprobar un periodo extraordinario para debatir la ley reglamentaria de esta figura jurídica.

Ahora, desde el 1 de septiembre cuando inicia la 65 Legislatura, Morena buscará sacar adelante esta ley, justo cuando tendrían que estar dedicados a recibir el Tercer Informe de Gobierno del Presidente. Los tiempos se agotan para convocar a esta consulta que tendría que realizarse a finales del mes de febrero o el primer domingo de marzo.

A ello responde la desesperación morenista por aprobar un Decreto que incuba el huevo de la serpiente. El dictamen dice que se trata de “un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de presidente de la República”, sin embargo, el artículo 34 confirma la pretensión de ‘ratificar’ a López Obrador al proponer una pregunta contraria a la naturaleza de la revocación:

¿Estás de acuerdo en que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?

En ello consiste el engaño. Los mexicanos no tienen la opción de revocar –lo que no se plantea en la pregunta- sino de ratificar al Presidente. La revocación no aparece en ningún momento como objeto de la consulta, misma que tendría que plantearse en términos similares a: ¿Estás de acuerdo en que se revoque el mandato al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, antes de que concluya su mandato?

Hacerlo de esa manera obligaría a una respuesta mayoritaria por el NO, algo que en términos de psicología colectiva sería mucho más difícil de transmitir a los simpatizantes morenistas. Hay que recordar que el eje de la difusión y propaganda de la fallida consulta popular fue el SI, como un primer ejercicio de lo que sería la respuesta de la ‘ratificación’ de mandato.

La revocación de mandato es un derecho político de quienes se sienten agraviados por el desempeño de un gobernante a quien buscan remover de forma anticipada. Usar la figura de revocación como un instrumento para movilizar a las bases que apoyan al Presidente distorsiona por completo este derecho político, como lo ha dicho el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

Los mexicanos tenemos otras preocupaciones: frenar la tercera ola del Covid-19, recuperar los empleos, reabrir los negocios, no ser víctimas de la inseguridad y la delincuencia, enfrentar el aumento de la gasolina, la energía eléctrica y los alimentos. Son esas preocupaciones, y no la obsesión presidencial de seguir apareciendo en una boleta electoral, las que movilizan a la gente.

La revocación de mandato debe tener un origen social. Que sea la población inconforme ante un gobierno ineficaz y autoritario, quien decida que un mandatario debe dejar el cargo. Cuando es convocado por un Presidente –como hoy lo hace López Obrador- no es más que una trampa para buscar en la movilización de sus bases, la contención del descontento social.

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