El tema de los centros de reclusión, mejor conocidos como Ceresos, ha sido el talón de Aquiles del gobierno federal y por lo que ha expresado el presidente López Obrador, para el gobierno de la 4T el penal de Puente Grande, en Jalisco, además de costoso resulta una verdadera proesa su administración y control.
A ello obedece que el que manda en Palacio Nacional haya autorizado el cierre de este centro penitenciario, reubicando a los internos, que si bien son considerados de alta peligrosidad, no son del mismo nivel que tuvieron en su momento otros internos como Jesús Beltrán Guzmán, “el Mochomito”, o Joaquín Guzmán Loera (quien logró fugarse en 2001).
El costo de esta tarea es muy elevado y las demandas sociales del pueblo pobre traen de cabeza, entre propuestas y manifestaciones, al gobierno de AMLO. Y no olvidar que México suscribió el tratado internacional en contra de la tortura, que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber sido aprobado por el Senado y elevado a rango constitucional, buscando acabar con la crueldad en contra de quienes han cometido ilícitos y de personas inocentes que a base de tortura los han hecho confesar conductas antijurídicas que jamás cometieron.
En su libro “Los Malditos”, Jesús Lemus, quien aduce un encarcelamiento injusto en Puente Grande que lo mantuvo tres años privado de su libertad, publica diversos testimonios de los considerados “personajes de la mafia” que vale la pena conocer para tener una idea clara del infierno que se vive al interior de los Ceferesos, que en nada cambia respecto de otras cárceles de estados y municipios, donde los presupuestos para esa tarea (que es una función de Estado) se delega en el bolsillo de los familiares de los internos.
La estadística nacional del Consejo de Seguridad Pública acaba de dar a conocer la multiplicación que se ha dado de las extorsiones telefónicas desde los reclusorios, además de las extorsiones que se dan en los llamados penales de “auto gobierno” con vejaciones, torturas y muerte, que nadie ha podido detener.
La pretensión de los encargados de facilitar la reinserción social encuentra fundamento en el artículo 18 constitucional, pero la sociedad en su conjunto demanda cumplimiento estricto a la aplicación de las leyes que protegen a las víctimas y ofendidos, sus familias, en esta ola de sangre que baña el territorio nacional.
