Poco faltó para que Fernando Argüelles Rivera, candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Chalma –Huasteca alta de Veracruz– no la contara: dos personas que se trasladaban en una motocicleta abrieron fuego contra el petista y su escolta; ambos resultaron heridos, aunque no de gravedad.
Es el más reciente caso en una larga lista de ataques violento contra políticos en Veracruz.
El candidato a la alcaldía de Chalma circulaba rumbo a la comunidad Mesa del Anono, cuando una motocicleta se emparejó al Volkswagen Jetta en que se trasladaba; en ese momento comenzaron los disparos.
Vivió para contarla. Y ante los medios declaró que sus agresores lanzaron una advertencia: “renuncia o te matamos a ti y a tu familia”.
Un atentado de esa naturaleza pondría a pensar a cualquiera. Sin embargo, de entrada el candidato dice contundente: “no me voy a bajar”; y responsabiliza del ataque a sus adversarios en el proceso electoral.
No lo mencionó por su nombre, pero habría que tener claro que uno de los candidatos a la alcaldía, adversarios de la víctima de la agresión, es Samuel Galván Argüelles, abanderado de Morena a la presidencia municipal y hermano de la actual alcaldesa Mariana Galván Argüelles.
Cualquiera podría pensar que ese parentesco entre la alcaldesa y el candidato de Morena, colocaría en la mira de las investigaciones a dicho par; sin embargo, será la Fiscalía la instancia que investigue el caso y deslinde responsabilidades; porque hasta ahora todo entra en el terreno de la especulación.
Lo cierto es que el hecho ocurrido en la zona Huasteca nos recuerda a otros atentados que han cobrado vidas de varios candidatos o alcaldes en funciones.
No es el primero y seguramente no será el último en Veracruz; a fin de cuentas, vivimos en una entidad que ha sido escenario de innumerables hechos de violencia durante la última década.
El 11 de noviembre de 2020, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, fue secuestrada y ejecutada.
Antes de eso, el 24 de abril de 2019, fue asesinada Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano.
En noviembre de ese mismo año, el diputado local priista Juan Carlos Molina Palacios, fue victimado en su rancho de Medellín de Bravo.
Rogelio Ayala Palomino, ex alcalde de Yecuatla, fue asesinado en julio de 2019, cuando ya no se encontraba en funciones.
¿Sabe que tienen en común esos casos?, que todos se registraron durante la actual administración estatal.
Por otro lado, durante los dos años del gobierno de Miguel Ángel Yunes se consignaron los homicidios del alcalde electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena, el 20 de noviembre de 2017; de presidente municipal de Ixhuatlán de Madeero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, cinco días después.
También durante el gobierno de Yunes fue ejecutado el ex alcalde de Colipa Víctor Molina Dorantes, el 10 de enero de 2018.
Son dos problemas muy ligados: la violencia, de la que no escapa la clase política en Veracruz, y la impunidad; basta recordar que con excepción del caso de Mixtla de Altamirano, ninguno de los homicidios enlistados ha sido esclarecido; y sus autores, capturados.
Esperemos que en el caso de Chalma, donde el candidato tuvo suerte al librarla, la Fiscalía sí logre la captura de los autores materiales e intelectuales del atentado.
