/ lunes 30 de mayo de 2022

Se cumplió la profecía: “Soy el que maté a su hijo, ¿me perdona?”

«Doñita, soy el que mató a su hijo, vengo a que me perdone», se escucha decir a un joven, de aspecto agresivo, a una señora que llora sobre el ataúd de su hijo asesinado por delincuentes.

En la siguiente escena, se observa a tres sujetos hablar frente a la mirilla de una casa, quienes aseguran haberla robado y le piden perdón a la mujer que vive en ella. Finalmente, un hombre con el rostro cubierto entra a una oficina y se sienta frente al sujeto que está en el escritorio.

Se quita el pasamontaña. «¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa, ¿me perdonas? Si no me perdonas tú, me va a perdonar ya sabes quién», dice haciendo referencia al entonces candidato López Obrador.

Se trata de un spot descarnado, agresivo y muy provocador que un grupo de organizaciones lanzaron durante la campaña presidencial de 2018 para evidenciar los riesgos que implicaba la ley de amnistía propuesta por el actual Presidente de México.

Muy pocos pensábamos que lo que se veía en el spot de televisión podría suceder. Sin embargo, aun sin que se haya aprobado dicha ley, la profecía se cumplió.

México nunca había derramado tanta sangre a causa de la inseguridad como en estos últimos tres años y medio. Hasta ahora, las cifras oficiales maquillan la tragedia de más de 122 mil muertos, producto del crecimiento exponencial de los cárteles en prácticamente todas las regiones del país.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) elaborada por el INEGI, señala que los delitos con mayor cifra negra son el secuestro (98.6%), la extorsión (97.9%), el fraude (96.7%), el robo parcial de vehículo (94.4%), el robo o asalto en calle o transporte público (94.4%) y el robo a casa habitación (90.6%). Somos un país sin ley.

En el caso del delito de secuestro, por ejemplo, el gobierno morenista asegura que sólo se han abierto carpetas de investigación por cerca de 4 mil casos denunciados.

Sin embargo, esta cifra corresponde acaso al 1.4% de los delitos cometidos según la encuesta, lo que significa que se habrían realizado al menos ¡280 mil secuestros! en los últimos cuatro años.

La respuesta del gobierno ha sido no sólo una política absurda de abrazos y no balazos –los delincuentes han decidido aceptar los abrazos del gobierno y repartir los balazos a la población civil- sino que ha sido enfático en que su deber es proteger a los delincuentes porque se trata de seres humanos que gozan de los mismos derechos.

Esta empatía por los delincuentes dista mucho del discurso agresivo y contestatario en contra de niños con cáncer y padres de familia que siguen luchando por conseguir medicinas; de médicos que enfrentaron la pandemia y hoy son marginados del acceso a la especialización y plazas; de periodistas que siguen perdiendo la vida en el ejercicio de su profesión, manchados por la recriminación presidencial a su trabajo.

Basta recuperar algunas de las frases recurrentes del Presidente cuando se refiere a metástasis de la violencia y quienes la generan.

“Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa”, dijo hace algunos meses frente al azoro de integrantes de la Guardia Nacional.

Fuera de sí, López Obrador ha llamado “cretinos”, “desinformados” e “hipócritas de doble moral”, a los críticos de su estrategia de seguridad, basada en “atender las causas” de la violencia que azota al país y que se encuentra en un estancamiento en niveles altos.

El problema es que la pobreza ha crecido tanto como la violencia.

Apenas el viernes pasado, López Obrador exhortó a dejar de llamar “Triángulo Dorado” a la zona límite entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida por ser uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa, y ha pedido renombrarlo como el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”, justo en el que se ha convertido en uno de sus bastiones electorales. La respuesta de la “gente buena y trabajadora” y de la “buena voluntad” fue inmediata.

Ese mismo día, un grupo de 10 hombres armados con cuernos de chivo, detuvieron el paso del convoy de la prensa nacional que cubría las actividades del presidente en su gira de trabajo por el “Triángulo Dorado”, cuna del Cártel de Sinaloa.

La pesadilla transmitida en la televisión como parte de la campaña política se convirtió en la abominable realidad.

La puntita

La disentería verbal del gobernador de Veracruz en los casos de homicidios de alto impacto sólo confirma a un gobierno fallido por la descomposición de la seguridad pública y la cómplice incompetencia de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuántos más?

Facebook.com/HectorYunes

Instagram: hectoryuneslanda

Tweet: @HectorYunes

«Doñita, soy el que mató a su hijo, vengo a que me perdone», se escucha decir a un joven, de aspecto agresivo, a una señora que llora sobre el ataúd de su hijo asesinado por delincuentes.

En la siguiente escena, se observa a tres sujetos hablar frente a la mirilla de una casa, quienes aseguran haberla robado y le piden perdón a la mujer que vive en ella. Finalmente, un hombre con el rostro cubierto entra a una oficina y se sienta frente al sujeto que está en el escritorio.

Se quita el pasamontaña. «¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa, ¿me perdonas? Si no me perdonas tú, me va a perdonar ya sabes quién», dice haciendo referencia al entonces candidato López Obrador.

Se trata de un spot descarnado, agresivo y muy provocador que un grupo de organizaciones lanzaron durante la campaña presidencial de 2018 para evidenciar los riesgos que implicaba la ley de amnistía propuesta por el actual Presidente de México.

Muy pocos pensábamos que lo que se veía en el spot de televisión podría suceder. Sin embargo, aun sin que se haya aprobado dicha ley, la profecía se cumplió.

México nunca había derramado tanta sangre a causa de la inseguridad como en estos últimos tres años y medio. Hasta ahora, las cifras oficiales maquillan la tragedia de más de 122 mil muertos, producto del crecimiento exponencial de los cárteles en prácticamente todas las regiones del país.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) elaborada por el INEGI, señala que los delitos con mayor cifra negra son el secuestro (98.6%), la extorsión (97.9%), el fraude (96.7%), el robo parcial de vehículo (94.4%), el robo o asalto en calle o transporte público (94.4%) y el robo a casa habitación (90.6%). Somos un país sin ley.

En el caso del delito de secuestro, por ejemplo, el gobierno morenista asegura que sólo se han abierto carpetas de investigación por cerca de 4 mil casos denunciados.

Sin embargo, esta cifra corresponde acaso al 1.4% de los delitos cometidos según la encuesta, lo que significa que se habrían realizado al menos ¡280 mil secuestros! en los últimos cuatro años.

La respuesta del gobierno ha sido no sólo una política absurda de abrazos y no balazos –los delincuentes han decidido aceptar los abrazos del gobierno y repartir los balazos a la población civil- sino que ha sido enfático en que su deber es proteger a los delincuentes porque se trata de seres humanos que gozan de los mismos derechos.

Esta empatía por los delincuentes dista mucho del discurso agresivo y contestatario en contra de niños con cáncer y padres de familia que siguen luchando por conseguir medicinas; de médicos que enfrentaron la pandemia y hoy son marginados del acceso a la especialización y plazas; de periodistas que siguen perdiendo la vida en el ejercicio de su profesión, manchados por la recriminación presidencial a su trabajo.

Basta recuperar algunas de las frases recurrentes del Presidente cuando se refiere a metástasis de la violencia y quienes la generan.

“Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa”, dijo hace algunos meses frente al azoro de integrantes de la Guardia Nacional.

Fuera de sí, López Obrador ha llamado “cretinos”, “desinformados” e “hipócritas de doble moral”, a los críticos de su estrategia de seguridad, basada en “atender las causas” de la violencia que azota al país y que se encuentra en un estancamiento en niveles altos.

El problema es que la pobreza ha crecido tanto como la violencia.

Apenas el viernes pasado, López Obrador exhortó a dejar de llamar “Triángulo Dorado” a la zona límite entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida por ser uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa, y ha pedido renombrarlo como el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”, justo en el que se ha convertido en uno de sus bastiones electorales. La respuesta de la “gente buena y trabajadora” y de la “buena voluntad” fue inmediata.

Ese mismo día, un grupo de 10 hombres armados con cuernos de chivo, detuvieron el paso del convoy de la prensa nacional que cubría las actividades del presidente en su gira de trabajo por el “Triángulo Dorado”, cuna del Cártel de Sinaloa.

La pesadilla transmitida en la televisión como parte de la campaña política se convirtió en la abominable realidad.

La puntita

La disentería verbal del gobernador de Veracruz en los casos de homicidios de alto impacto sólo confirma a un gobierno fallido por la descomposición de la seguridad pública y la cómplice incompetencia de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuántos más?

Facebook.com/HectorYunes

Instagram: hectoryuneslanda

Tweet: @HectorYunes