Si es o no guerra declarada entre policías y grupos del crimen organizado, sólo las autoridades lo saben, pero cuando esas acciones trascienden a daños colaterales graves hacia la población, debe hacerse una revisión profunda por las instituciones responsables de garantizar la vida y bienes de los veracruzanos.
En Amatlán de los Reyes, el viernes, dos menores de edad perdieron la vida por balas que presumiblemente dispararon elementos de la Fuerza Civil (FC) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante un enfrentamiento que sostuvieron contra un grupo de la delincuencia organizada, según la información oficial; otro caso fue en Moloacán, sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, donde la policía estatal desalojó con violencia a manifestantes que obstruían el paso vehicular en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, y con la prepotencia que caracteriza a quienes llevan órdenes de pasar por encima de quien fuere para lograr su objetivo, se atentó contra cinco periodistas que realizaban coberturas informativas. Algo pasa en los mandos de esa corporación, pues aunque pueda entenderse que no hay sutilezas en el trato con los delincuentes, debe respetarse la ley, por encima de actos de poder. En Amatlán, lo que se sabe es que la FC fue atacada y los uniformados respondieron a la agresión; esa población y los municipios adyacentes, junto con todo el norte del estado y todo el sur de Veracruz, son zonas álgidas por el enraizamiento de grupos dedicados al narcotráfico, huachicoleo, robo de mercancías, secuestros y otros delitos, por lo cual son comunes los crímenes y choques entre esas misma células delictivas y la policía. Lo que inquieta es la falta de protocolos y se dispare sin ton ni son, no importando si hay personas que puedan resultar lesionadas o muertas en una refriega, como sucedió en este caso. Es un asunto grave. También, en el sur, el desalojo de la carretera fue a garrotazos y gases lacrimógenos, para dispersar a quienes protestaban por la detención de una persona, al parecer arbitrariamente; en ese lugar habían periodistas cubriendo los hechos, y también se emprendió la fuerza contra ellos, como si formaran parte de las protestas, a pesar de que se identificaron verbalmente y portaban videocámaras, cámaras y grabadoras. Claramente se trata de una agresión a la libertad de expresión, al gremio periodístico, para hacerles saber que el gobierno está en contra de que se le exhiba en este tipo de actos ilegales por el exceso de fuerza.
La SSP, su titular, Hugo Gutiérrez Mandonado, asumió el compromiso de actuar conforme a la ley contra de los elementos que cometieron tales abusos de autoridad, tanto en Amatlán donde familiares y pobladores de la zona bloquearon algunas horas la autopista para pedir justicia, incluso se acusa a los elementos policiacos de querer hacer aparecer a los menores ultimados como delincuentes al “sembrar” un arma y drogas en el vehículo que los chavales lavaban; y en el otro caso, el de Moloacán, donde intervino Asuntos Internos, para determinar la sanción a los uniformados que aparecen en videos agrediendo a los periodistas, según un comunicado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas. Esto, sin embargo, no resuelve el problema de fondo, que tiene que ver con protocolos que deben aplicarse en todos los casos donde intervenga la Secretaría de Seguridad Pública, u otras instituciones, que eviten actos de tortura y violación a los derechos humanos, como en otras ocasiones se ha exhibido. Esperemos.
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