/ jueves 25 de febrero de 2021

Tamaulipas: salpicadero


A mediados de julio de 2020, dos meses después de haber sustituido al senador veracruzano Ricardo Ahued en la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte hizo un anuncio...

Señaló que para garantizar la recaudación que se genera en las 49 aduanas del país implementaría una estrategia para combatir el contrabando de combustibles y mercancías, delito que había alcanzado niveles críticos en los puentes de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

De los administradores de aduanas que le heredó Ahued, el abogado mexiquense dijo que en ese momento seis eran investigados en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y que otros tantos habían sido destituidos.

Sin embargo, casi ocho meses después, Duarte no ha podido frenar el contrabando de combustible, en cuya red están implicados empresarios gasolineros, autoridades federales y de Tamaulipas, relacionadas con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca –a quien la FGR solicitó al Congreso desaforar, acusándolo de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal–, los cuales participan de este ilícito negocio que genera ganancias mínimas de 500 millones de pesos en perjuicio de Pemex y el fisco.

De acuerdo con un expediente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el contrabando de combustible, principalmente de gasolina, sigue ingresando por las Aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en contubernio con empresas mexicanas que cuentan con permisos legales para la importación de hidrocarburos.

La distribución de combustible ilegal abarcaría al menos 200 empresas, entre comercializadoras, transportistas de hidrocarburos y gasolineras que ofrecen la gasolina a precios muy por debajo de los de Pemex.

La empresa mexicana importadora de gasolinas es Nexoil, cuyos principales proveedores son las firmas estadounidenses L. Energy International LLC y Serv Energy LLC, establecidas en Texas. Pero los excedentes de combustible son declarados presuntamente como aceites, lubricantes, refinados de petróleo, aditivos y petroquímicos para evadir fiscalmente el IEPS.

Una vez en México, el combustible importado por Nexoil es distribuido a sus dos principales comercializadoras: Marlaya S.A. de C. V. y Karina Melissa Guerrero Rodríguez, quienes cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía en Jalisco y en Tamaulipas, respectivamente. Guerrero Rodríguez, a su vez, utiliza a las transportistas Kame Combustibles y Marvic Petroleum –que no cuentan con permisos para trasladar hidrocarburos– señaladas de clonar pedimentos de importación de gasolina y diésel para simular la legal procedencia del combustible.

En el último bimestre de 2020, Guerrero Rodríguez facturó importes superiores a los 2 mil millones de pesos por unos 115 millones 574 mil litros vendidos a más de 200 empresas distribuidoras, comercializadoras y estaciones de servicio en el norte y centro del país.

Aparte del personal de Aduanas, de la Guardia Nacional y de la Policía estatal, que permite el tránsito de autotanques de combustible sin cumplir las normas de seguridad respectivas, en esta red de contrabando involucran también al Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástigui Ostos, quien solicitaría “cuotas” a pipas de otras empresas.


A mediados de julio de 2020, dos meses después de haber sustituido al senador veracruzano Ricardo Ahued en la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte hizo un anuncio...

Señaló que para garantizar la recaudación que se genera en las 49 aduanas del país implementaría una estrategia para combatir el contrabando de combustibles y mercancías, delito que había alcanzado niveles críticos en los puentes de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en el estado de Tamaulipas.

De los administradores de aduanas que le heredó Ahued, el abogado mexiquense dijo que en ese momento seis eran investigados en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y que otros tantos habían sido destituidos.

Sin embargo, casi ocho meses después, Duarte no ha podido frenar el contrabando de combustible, en cuya red están implicados empresarios gasolineros, autoridades federales y de Tamaulipas, relacionadas con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca –a quien la FGR solicitó al Congreso desaforar, acusándolo de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal–, los cuales participan de este ilícito negocio que genera ganancias mínimas de 500 millones de pesos en perjuicio de Pemex y el fisco.

De acuerdo con un expediente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el contrabando de combustible, principalmente de gasolina, sigue ingresando por las Aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en contubernio con empresas mexicanas que cuentan con permisos legales para la importación de hidrocarburos.

La distribución de combustible ilegal abarcaría al menos 200 empresas, entre comercializadoras, transportistas de hidrocarburos y gasolineras que ofrecen la gasolina a precios muy por debajo de los de Pemex.

La empresa mexicana importadora de gasolinas es Nexoil, cuyos principales proveedores son las firmas estadounidenses L. Energy International LLC y Serv Energy LLC, establecidas en Texas. Pero los excedentes de combustible son declarados presuntamente como aceites, lubricantes, refinados de petróleo, aditivos y petroquímicos para evadir fiscalmente el IEPS.

Una vez en México, el combustible importado por Nexoil es distribuido a sus dos principales comercializadoras: Marlaya S.A. de C. V. y Karina Melissa Guerrero Rodríguez, quienes cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía en Jalisco y en Tamaulipas, respectivamente. Guerrero Rodríguez, a su vez, utiliza a las transportistas Kame Combustibles y Marvic Petroleum –que no cuentan con permisos para trasladar hidrocarburos– señaladas de clonar pedimentos de importación de gasolina y diésel para simular la legal procedencia del combustible.

En el último bimestre de 2020, Guerrero Rodríguez facturó importes superiores a los 2 mil millones de pesos por unos 115 millones 574 mil litros vendidos a más de 200 empresas distribuidoras, comercializadoras y estaciones de servicio en el norte y centro del país.

Aparte del personal de Aduanas, de la Guardia Nacional y de la Policía estatal, que permite el tránsito de autotanques de combustible sin cumplir las normas de seguridad respectivas, en esta red de contrabando involucran también al Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástigui Ostos, quien solicitaría “cuotas” a pipas de otras empresas.

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