/ martes 12 de enero de 2021

Tecnología contra el crimen

Samara Aurora Arroyo Lemarroy, una nutrióloga del IMSS-Veracruz de 29 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares el 23 de diciembre.

Dos semanas después, el miércoles 6 de este mes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado informaron que su cadáver había sido localizado en el municipio de Actopan, aledaño a Xalapa, en el domicilio del presunto feminicida William “N”, su instructor personal de gimnasio detenido dos días después de la desaparición de la joven mujer.

La fiscal Verónica Hernández Giadáns explicó que en coordinación con la familia y con datos técnicos aportados se logró ubicar el vehículo de la víctima en la localidad de Palmas de Arriba, del municipio actopeño.

En este caso, una de las evidencias más relevantes fue una videograbación que circuló en las redes sociales, en la que se observa al presunto feminicida sacar de una vivienda un bulto envuelto en sábanas e introducirlo en la cajuela de una camioneta.

En la Ciudad de México y en otras de las principales urbes del país las videocámaras han sido de gran utilidad para detectar actos criminales o identificar a los delincuentes. Así se comprobó, por ejemplo, que la madrugada del 31 de octubre del año pasado un drogadicto trasladaba en un diablito los restos de dos menores de edad, de 12 y 14 años, que miembros de una banda de narcotraficantes habían descuartizado en una vivienda abandonada en pleno centro histórico de la capital del país.

En Veracruz, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió desde su campaña, en 2016, a combatir la delincuencia con la mejor tecnología de punta. No sólo con videocámaras, sino hasta con drones.

Al año siguiente de asumir el poder, en octubre de 2017, el exmandatario panista anunció que se instalarían 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, lo que aumentaría en mil 700 por ciento el número de estos dispositivos, pues sólo funcionaban 180 en toda la entidad. Yunes Linares detalló que este moderno sistema sería instalado en ciudades de seis regiones estratégicas: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. La cobertura total alcanzaría una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.

Sin embargo, como ya se sabe, Yunes pagó por adelantado más de Mil100 millones de pesos a la empresa Comtelsat, no obstante que en septiembre de 2014 había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por defraudar a PEMEX, y a la que en ese mismo año también le fueron embargadas las cuentas bancarias por el incumplimiento del pago a sus trabajadores, al IMSS, Infonavit y al SAT. El contratista resultó ser Manuel Arroyo, propietario del diario capitalino El Financiero.

Yunes adquirió también un sofisticado equipo de espionaje por el que pagó 365 millones de pesos, pero del que ningún funcionario del gobierno actual sabe de su paradero.

Samara Aurora Arroyo Lemarroy, una nutrióloga del IMSS-Veracruz de 29 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares el 23 de diciembre.

Dos semanas después, el miércoles 6 de este mes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado informaron que su cadáver había sido localizado en el municipio de Actopan, aledaño a Xalapa, en el domicilio del presunto feminicida William “N”, su instructor personal de gimnasio detenido dos días después de la desaparición de la joven mujer.

La fiscal Verónica Hernández Giadáns explicó que en coordinación con la familia y con datos técnicos aportados se logró ubicar el vehículo de la víctima en la localidad de Palmas de Arriba, del municipio actopeño.

En este caso, una de las evidencias más relevantes fue una videograbación que circuló en las redes sociales, en la que se observa al presunto feminicida sacar de una vivienda un bulto envuelto en sábanas e introducirlo en la cajuela de una camioneta.

En la Ciudad de México y en otras de las principales urbes del país las videocámaras han sido de gran utilidad para detectar actos criminales o identificar a los delincuentes. Así se comprobó, por ejemplo, que la madrugada del 31 de octubre del año pasado un drogadicto trasladaba en un diablito los restos de dos menores de edad, de 12 y 14 años, que miembros de una banda de narcotraficantes habían descuartizado en una vivienda abandonada en pleno centro histórico de la capital del país.

En Veracruz, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió desde su campaña, en 2016, a combatir la delincuencia con la mejor tecnología de punta. No sólo con videocámaras, sino hasta con drones.

Al año siguiente de asumir el poder, en octubre de 2017, el exmandatario panista anunció que se instalarían 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, lo que aumentaría en mil 700 por ciento el número de estos dispositivos, pues sólo funcionaban 180 en toda la entidad. Yunes Linares detalló que este moderno sistema sería instalado en ciudades de seis regiones estratégicas: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. La cobertura total alcanzaría una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.

Sin embargo, como ya se sabe, Yunes pagó por adelantado más de Mil100 millones de pesos a la empresa Comtelsat, no obstante que en septiembre de 2014 había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por defraudar a PEMEX, y a la que en ese mismo año también le fueron embargadas las cuentas bancarias por el incumplimiento del pago a sus trabajadores, al IMSS, Infonavit y al SAT. El contratista resultó ser Manuel Arroyo, propietario del diario capitalino El Financiero.

Yunes adquirió también un sofisticado equipo de espionaje por el que pagó 365 millones de pesos, pero del que ningún funcionario del gobierno actual sabe de su paradero.

ÚLTIMASCOLUMNAS