Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron el uso lúdico de la marihuana, acto sobre el cual su presidente, Arturo Zaldívar, consideró “un día histórico para las libertades”.
Puede serlo en la interpretación literal del Derecho, sin considerar consecuencias sociales. De por si, en los últimos años, el país se ha encaminado hacia un mayor consumo de drogas, sobre todo en la juventud, y la carta de naturalización extendida por la SCJN, plantea el escenario de un permiso para otras adicciones, además de estimular el crecimiento de delitos, principalmente vinculados al narcotráfico. No se establecen aún reglas de cuánta yerba estará permitida poseer para consumo personal, dónde adquirirla, cantidad que individualmente se puede producir, cosechar, preparar y transportar, límites de una persona al fumar un carrujo, y aunque específicamente se prohíbe hacerlo en la vía pública, frente a menores de edad o ante terceros que se sientan afectados por ese hecho, en realidad no se cree que eso vaya a respetarse; es algo que difícilmente sucederá. No hay cultura de observancia a la ley, no es común en ese segmento, y más allá de daños a la salud por el consumo de cannabis, de tipo neurológico o cardiaco, entre otras según estudios especializados, el verdadero riesgo es provocar una mayor corrupción por posesión o producción de esta yerba y un consecuente crecimiento del tráfico de estupefacientes, guerras entre pandillas de barrios tentadas por el negocio. Esa prerrogativa sin reglas, o sin reglas claras, genera temor en la sociedad de padecer un daño mayor al que ya se vive con la violencia en las calles. Es un tema polémico, sin duda, como lo mostró el mismo hecho de una votación dividida entre los ministros que aprobaron la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de marihuana; además de complejo, es muy probable que genere una nueva carga al sector Salud, al contribuyente, para atender a los enfermos adictos, y extensivo a otras instituciones para crear nuevos ‘Centros de Rehabilitación de Adicciones’, lo cual es crear un problema para después tratar de solucionarlo. Tampoco se observa cómo esta decisión podría resolver el problema del narcotráfico, o una parte de él, como señalan los promotores de la despenalización. Ahora la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tendrán la responsabilidad de emitir las regulaciones del uso recreativo de la cannabis. ¿Quién se beneficia con esta decisión? Ya estarán frotándose las manos quienes se preparan para convertirse en productores de marihuana autorizados por el gobierno federal con el propósito de regular la venta del estupefaciente, lo que finalmente revelaría lo que verdaderamente hay detrás de esta decisión. Esperemos.
Ayer sorprendió la afirmación del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, de que ha sido identificado la variante Delta de Covid-19 en el estado de Veracruz, sin especificar dónde se detectó, pero por asociación del nivel de riesgos determinados en el semáforo epidemiológico, podría tratarse en Xalapa o el puerto de Veracruz. Sin embargo, horas después se retractó, señalando que se mal interpretó lo que había dicho y que no hay casos confirmados en la entidad veracruzana. Raro ese comportamiento del titular de la Sesver, que hace pensar que le llamaron la atención por su revelación.
opedro2006@gmail.com
