Cuando hablo de este tema me refiero a la administración pública, en razón a que el término es aplicable a la iniciativa privada, y por qué no a nosotros como individuos.
Por gasto de capital debemos entender aquel destinado a la creación de bienes de capital y a la conservación de los existentes; a la adquisición de inmuebles y valores por parte del gobierno, así como a los recursos que esos transfieren para los mismos fines, que contribuyen a conservar o acrecentar los activos físicos o financieros, nacionales, estatales o municipales.
La inversión pública o gastos de inversión forman parte del gasto de capital y es el importe de las erogaciones que realizan las entidades públicas tendiente a adquirir, ampliar, conservar la infraestructura, o bienes de naturaleza inventariables necesarios para el funcionamiento de los servicios que tienen el carácter de amortizables.
Reúnen las siguientes características: No son bienes destinados al consumo. Tienen una duración superior a un año. Son susceptibles de inventario. Son gastos generalmente no reiterativos en un periodo determinado.
Podemos concluir que la inversión pública se refiere a todo recurso ejercido por el gobierno con fines productivos, principalmente la provisión de bienes y servicios, para cumplir con los objetivos del desarrollo de infraestructura, educación, salud, seguridad y carreteras, entre otros.
De esta manera la inversión se convierte en una herramienta fundamental para la realización de condiciones propicias para el desarrollo, la competitividad y la productividad de un país, estado, región o municipio.
No siempre es posible contar con recursos para los gastos de inversión, basta recordar que la operación de un ente público requiere de recursos humanos, materiales y servicios para operar los servicios que le obligan las leyes a otorgar a los ciudadanos, estos absorben más del noventa por ciento en algunos casos de su presupuesto.
Las entidades federativas y los municipios, sus recursos propios no le alcanzan para pagar la empleomanía contratada, requiere usar los ingresos coordinados constituidos en el Ramo 28 para satisfacer esta vorágine de gasto, que es irreductible e irrecuperable, que sí satisface la existencia de una parte de una sociedad privilegiada, y le denomino privilegiada porque llueve, truene o relampaguee, los días 15 y 30 de cada mes cuentan con recursos, no se diga los meses de diciembre y enero, cuando reciben la prestación del aguinaldo.
Si los ingresos regulares alcanzan para cubrir el gasto corriente, ¿de dónde se fondean los estados y municipios para la inversión pública? La respuesta es: con los fondos que asigna el gobierno federal dentro de su gasto programable, casi todos comprendidos en la ley general de coordinación fiscal.
Estos fondos generalmente son para infraestructura o etiquetados parcialmente, aceptando en algunos de ellos el pago de pasivos, como el Fafef, en el caso de entidades, y el Fortamun, en el caso de municipios.
Veracruz y Xalapa han sido criticados por no ejercer los presupuestos de inversión y se han visto a cumplir con la normatividad que señala que cuando no se ejerzan en el periodo fiscal asignado, deberán ser devueltos a la Tesorería de la Federación.
Así en 2019 el estado tuvo un subejercicio en gastos de inversión por 3 mil 945 millones de peso, de los cuales mil 682 millones de pesos corresponden a obra pública del dominio público, a obra pública de bienes propios y a proyectos productivos y acciones de fomento no realizadas, que es posible se hayan devuelto.
En el 2021 el subejercicio, según los datos preliminares del IV trimestre, un gasto de capital por tres mil 544 millones de pesos y en inversión pública con mil 451 millones de pesos en obra y proyectos, que también es posible se hayan regresado.
El Ayuntamiento de Xalapa, en 2019, devolvió 15 millones de pesos y en años posteriores cerca de dos millones de pesos, cantidades que para el municipio representan dejar de hacer obras y acciones con dinero federal, siendo esta una responsabilidad administrativa, lo lamentable es que es un dinero sin retorno en perjuicio de los vecinos que se hubieran beneficiado.
Es poco el disponible para inversión, tantas las carencias que hace necesario tener autoridades responsables que transparenten su asignación y la forma en que se aplica, los ciudadanos siempre estamos desinformados, como si a nadie le importara.
En esas épocas la transparencia no solo es un deber, es una exigencia ciudadana. Nadie informa y si lo hace aparece solo para conocedores de la administración pública. Total, a quién le importa.
La inversión se convierte en una herramienta fundamental para la realización de condiciones propicias para el desarrollo, la competitividad y la productividad de un país, estado, región o municipio.
