Niñas, jóvenes y mujeres, a lo largo y ancho del país, todos los días estamos expuestas a los diferentes tipos de violencia, no sólo es la física y la sexual, sino también la psicológica, económica, laboral y hasta política. No son solo cifras las que se generan, sino que trastocan vidas.
Como diputada federal, desde que inicié mi encomienda, combatir la violencia de género ha sido una de mis prioridades. Lo hago por compromiso y convicción, sobre todo cuando nuestro estado sigue siendo una entidad feminicida, un territorio riesgoso para nosotras. Por lo anterior me preocupa y ocupa que el Ejecutivo estatal devolviera al Congreso local el paquete de reformas que armonizan la legislación sobre violencia política en razón de género y paridad.
Con los cambios y adiciones propuestos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, se pretendía saldar una parte de la deuda histórica con las mujeres, al fortalecer nuestra participación política y garantizar nuestro acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de los procesos electorales en el desempeño de cargos públicos.
Pero está claro que, para Morena en Veracruz, no es prioridad prevenir, atender ni sancionar la violencia política contra nosotras. Dada la situación que aquí prevalece, no hay tiempo que desperdiciar, pues son vidas de veracruzanas las que están en riesgo.
Desafortunadamente esta acción gubernamental es la clara muestra de la falta de sensibilidad, el sello de Morena. En mi carácter de vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, he pugnado por frenar los feminicidios y cualquier tipo de violencia contra nosotras, aunque en muchas ocasiones, en estos 20 meses, he topado con esta indiferencia de la mayoría legislativa.
Basta recordar que cuando inició este gobierno federal el blanco de sus recortes fueron los programas enfocados a las mujeres: las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, el combate al cáncer de mama, Prospera y una larga lista de otros más. Estamos próximos a iniciar el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, el próximo 1 de septiembre, y en la agenda de las y los priistas está el impulso a la igualdad de género, el alto a la violencia, como un eje central.
No cesaré en mi intento de que Veracruz y México sean algún día un lugar con oportunidades para todas y todos, en donde la preocupación de niñas y jóvenes sea alcanzar sus sueños y no cuidar su vida. Yo misma, recientemente, he sido objeto de violencia política de género; mis compañeras diputadas, de todos los partidos, también están expuestas a ser violentadas. Mi caso no ha sido la excepción y con las reformas que echó para atrás el Ejecutivo de Veracruz, estamos más vulnerables que nunca.
El combate a la violencia de género requiere altura de miras, la suma de esfuerzos de cada uno de nosotros, desde todas las trincheras. Por eso confío en que las diputadas locales y también los diputados alcen la voz ante este desdén que prevalece en Veracruz y que voten a favor, lo más pronto posible, de este marco jurídico que nos protege y resarce nuestros derechos humanos y políticos que han sido pisoteados; por nosotras y por las que vienen.
Como lo he dicho en otras ocasiones: Tanto poder, para no poder… No lo permitamos.
Diputada federal del PRI
@AniluIngram
