Lo que se previó desde antes de arrancar el proceso electoral se cumple: la violencia se ha hecho presente con balazos, secuestros y asesinatos de candidatos. Sin embargo, prevén que falta lo peor.
De acuerdo a la consultora Etellekt, en su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, con corte al 5 de mayo, van 79 políticos asesinados.
Advierte esa consultora que si son sumados homicidios, amenazas, robos o secuestros, entre otras agresiones, hay un total de 443 víctimas durante las campañas, lo que supera en 64% las cifras negras de las pasadas elecciones presidenciales (2018).
Nadie puede decirse sorprendido por esta violenta situación. Análisis habían advertido que esto se presentaría por diversos factores, entre otros por la desmedida fuerza lograda por grupos criminales, la forma de operar de algunos políticos y la polarización existente.
Los estados que concentran la violencia son: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato. Son entidades en las que los cárteles tienen fuerte presencia o que combinan eso con la ancestral participación de fuerzas caciquiles. Llevan años metiendo mano en las elecciones, así que no debe extrañar que cada vez se entrometan con mayor agresividad.
En fin, de que Etellekt hizo público su último informe, decíamos que el 5 de mayo, han ocurrido más hechos violentos, como el asesinato en pleno mitin -con el sello de la casa de los cárteles- del candidato del MC a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, exfiscal de Sonora.
Y el homicidio este fin de semana de Alfredo Partida Esparza, jefe de compras del Ayuntamiento de Cozumel, atacado a balazos cuando llegaba a su casa.
Los ayuntamientos de Quintana Roo son muy atractivos para los cárteles, de ahí que trasciendan constantes hechos de violencia, como ha sucedido en Puerto Morelos. Aquí en Veracruz recordemos que fue asesinada la exdiputada y exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija Carla Enríquez Merlín, quien aspiraba a ser alcaldesa.
En febrero fue acribillado el candidato del PAN y quien fungía como regidor en San Andrés Tuxtla, Carlos Fernández Rocha. En ese mes también mataron a Gilberto Ortiz, aspirante a alcalde por Morena en Úrsulo Galván.
En marzo fue asesinado Melquiades Vázquez Lucas, exalcalde de La Perla y aspirante por el PRI a presidente municipal por ese municipio. Gonzalo Elías Zopiyactle, expresidente de Mixtla de Altamirano y esposo de la actual candidata al mismo puesto por parte del PRI, Francisca Morales, fue asesinado en abril.
También fue baleada la casa del alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle. En Carlos A. Carrillo, Onan Hernández López recibió amenazas para exigirle que se retire de la contienda electoral. A Daniel Orozco, quien fue aspirante por Morena a la alcaldía de Emiliano Zapata, lo quisieron secuestrar. En Pánuco fue secuestrado el dirigente de Todos por Veracruz, Rafael Higareda y mataron a uno de sus acompañantes. El candidato a la alcaldía de Chalma por el PT, Fernando Argüelles, fue golpeado y su vehículo baleado. Y fue tiroteada la casa de campaña del candidato de Podemos a la alcaldía de Cuitláhuac, Said Castillo; en la agresión, su jefe de prensa resultó herido de gravedad. Esos son algunos casos. Agregue el asesinato ayer de quien fue precandidato de Morena en Misantla.
Faltan tres semanas para las votaciones y se afirma que viene lo peor, sobre todo el 6 de junio. Ya se verá, ojalá no sea así, pero alguien que sabe de la política veracruzana nos recordó que cada quien hace lo que sabe y cree que le funciona para ganar en elecciones cerradas: acarrear votantes, seducir a los ciudadanos, robar urnas, comprar votos…o amenazar y matar.
