/ viernes 7 de junio de 2019

Yunes: a rendir cuentas

Acostumbrado a lo largo de su trayectoria pública a no dar explicaciones convincentes de lo que se le acusa sino sólo a descalificar y amenazar a quienes lo señalan –así ha sido su comportamiento en general como funcionario de gobiernos estatales y federales tanto del PRI como del PAN–, Miguel Ángel Yunes Linares está por ser obligado ahora como exgobernador a rendir cuentas de un presunto desfalco multimillonario que dejó en su administración, similar o peor que el atribuido a su odiado némesis, el ex priista Javier Duarte.

Así evadió, por ejemplo, su responsabilidad como secretario de Gobierno en el brutal caso de los hermanos Rolando y Atanasio Hernández, dos indígenas torturados y masacrados en Ixhuatlán de Madero durante un desalojo ejecutado en 1994 por la policía estatal que en ese entonces dependía de la SEGOB; igual actitud asumió como subsecretario de Seguridad Pública federal ante el desalojo de Atenco, en el Estado de México, donde 11 mujeres fueron abusadas sexualmente por los elementos policiacos en 2006; también, al ser implicado con el pederasta de Cancún, Jean Succar Kuri, buscó ser exonerado por un funcionario de la PGR en Quintana Roo; cuando la primera fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, él se retiró anticipadamente pero dejó al frente de los reclusorios federales a su incondicional Enrique Pérez Rodríguez; igual hizo en 2010 en el ISSSTE, donde fue acusado de millonarios desvíos pero para cubrirse la espaldas dejó en la Dirección General a su operador financiero Jesús Villalobos, el cual terminó siendo inhabilitado y quien ahora fue su principal cómplice en la renegociación de la deuda pública estatal.

En 2016, cuando una televisora de Miami detonó el escándalo de los “Panama Papers”, mencionando a su hijo Omar Yunes Márquez, igualmente se negó a explicar el origen de sus millonarias cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias de altísima plusvalía en México, Estados Unidos y España.

Ahora, ante la denuncia de hechos que presentó el auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, ante la Fiscalía General de la República, Yunes, en vez de presentar toda la documentación contable y contratos para responder a los señalamientos en contra de su corto régimen por presuntos desvíos e inconsistencias financieras, mejor optó por responder que “no serviré de ‘Caja China’ para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices”, argumentando que “por ello no responderé señalamientos falsos y torpes; sería hacerles el juego.”

Pero a Portilla, ese “auditor corrupto”, él lo sostuvo dos años en el ORFIS, cuando pudo sacarlo también como hizo con el fiscal duartista Luis Ángel Bravo.

Acostumbrado a lo largo de su trayectoria pública a no dar explicaciones convincentes de lo que se le acusa sino sólo a descalificar y amenazar a quienes lo señalan –así ha sido su comportamiento en general como funcionario de gobiernos estatales y federales tanto del PRI como del PAN–, Miguel Ángel Yunes Linares está por ser obligado ahora como exgobernador a rendir cuentas de un presunto desfalco multimillonario que dejó en su administración, similar o peor que el atribuido a su odiado némesis, el ex priista Javier Duarte.

Así evadió, por ejemplo, su responsabilidad como secretario de Gobierno en el brutal caso de los hermanos Rolando y Atanasio Hernández, dos indígenas torturados y masacrados en Ixhuatlán de Madero durante un desalojo ejecutado en 1994 por la policía estatal que en ese entonces dependía de la SEGOB; igual actitud asumió como subsecretario de Seguridad Pública federal ante el desalojo de Atenco, en el Estado de México, donde 11 mujeres fueron abusadas sexualmente por los elementos policiacos en 2006; también, al ser implicado con el pederasta de Cancún, Jean Succar Kuri, buscó ser exonerado por un funcionario de la PGR en Quintana Roo; cuando la primera fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, él se retiró anticipadamente pero dejó al frente de los reclusorios federales a su incondicional Enrique Pérez Rodríguez; igual hizo en 2010 en el ISSSTE, donde fue acusado de millonarios desvíos pero para cubrirse la espaldas dejó en la Dirección General a su operador financiero Jesús Villalobos, el cual terminó siendo inhabilitado y quien ahora fue su principal cómplice en la renegociación de la deuda pública estatal.

En 2016, cuando una televisora de Miami detonó el escándalo de los “Panama Papers”, mencionando a su hijo Omar Yunes Márquez, igualmente se negó a explicar el origen de sus millonarias cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias de altísima plusvalía en México, Estados Unidos y España.

Ahora, ante la denuncia de hechos que presentó el auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, ante la Fiscalía General de la República, Yunes, en vez de presentar toda la documentación contable y contratos para responder a los señalamientos en contra de su corto régimen por presuntos desvíos e inconsistencias financieras, mejor optó por responder que “no serviré de ‘Caja China’ para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices”, argumentando que “por ello no responderé señalamientos falsos y torpes; sería hacerles el juego.”

Pero a Portilla, ese “auditor corrupto”, él lo sostuvo dos años en el ORFIS, cuando pudo sacarlo también como hizo con el fiscal duartista Luis Ángel Bravo.

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