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La Cofece investiga intermediación de valores gubernamentales

La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el Gobierno mexicano.

Al respecto, el titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena, explicó que “de existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave, considerando que cada año el Gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente 100 mil millones de pesos diarios.”

La Cofece indicó que este inicio de investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Lo anterior, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, a quien(es) en caso de ser considerados como probables responsables al término de la investigación, se les deberá oír en defensa.

Dado el periodo en el que posiblemente se realizaron algunas de las conductas que dieron origen a la investigación, ésta se efectúa con fundamento en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1992, así como en el artículo 53 de la nueva Ley, publicada el 23 de mayo de 2014, para determinar si se están o no, actualizando las conductas previstas en éstas.

El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 28 de octubre de 2016, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales.

La autoridad investigadora hizo un llamado para que cualquier persona que cuente con información o pueda coadyuvar con el procedimiento se acerque a esta área.

Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno podría resolver el cierre de la investigación. En caso contrario, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.

Conforme a la LFCE, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10 por ciento de sus ingresos. Quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas también podrían ser sancionados económicamente.

Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ir a prisión hasta por 10 años.