/ lunes 4 de mayo de 2020

Ambientalistas en contra de la desaparición del Fondo Ambiental

Activistas e investigadores afirman que el fideicomiso ha permitido que se impulsen actividades de conservación en el estado

Xalapa, Ver.- Un grupo de ambientalistas, biólogos, consultores ambientales, así como investigadores y catedráticos de la Universidad Veracruzana e Inecol, solicitaron de manera formal al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la permanencia y continuidad del Fondo Ambiental Veracruzano, debido a que este fideicomiso público “ha constituido una estrategia muy valiosa para impulsar actividades de conservación ambiental de un estado muy frágil al respecto”.

A través de un documento que entregaron a la oficina del mandatario e hicieron público, los especialistas recordaron que el Fondo Ambiental Veracruzano está constituido por recursos provenientes de la verificación vehicular y la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental y que el 60% de éste ya “es retenido en la Secretaría de Finanzas para atender otras prioridades de gobierno”, por lo que el 40% restante se canaliza de manera directa al FAV.

Con ello se respaldan proyectos de la sociedad civil, incluso se refuerzan tareas operativas de la propia Secretaría de Medio Ambiente, que está entre las dos dependencias de la administración pública estatal con el menor presupuesto”, señalan en el texto firmado por 28 profesionistas y ciudadanos de áreas relacionadas al Medio Ambiente.

Luego de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de Fideicomisos a partir del 21 de abril de 2020, el Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, con el respaldo de 28 miembros, solicitó de manera formal al mandatario estatal la solicitud de excepción al Decreto de extinción de Fideicomisos, respecto al Fondo Ambiental Veracruzano. Y es que consideran que este constituye un instrumento financiero “altamente valorado por la sociedad”, y que ha formado parte del frente de batalla en muchos de los retos que tiene la entidad.

Los firmantes reconocieron que aunque es necesario reforzar su operación en términos de gobernanza, con el fin de tener una aplicación más transparente y democrática, la desaparición no es la mejor solución, ya que esto implicaría una forma de agredir un derecho humano.

En el documento los solicitantes le recordaron al gobernador que Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en generación de residuos sólidos urbanos, tiene cinco acuíferos con déficit hídrico, posee dos de los cuatro 4 ríos más contaminados de México, además de que durante 2019 se enfrentó el peor récord histórico en materia de incendios forestales y entre 2019 y 2020 fue el bienio con una de las peores sequías de la historia.

Los investigadores y activistas expusieron también que al menos el 80% de la vegetación original ha sido destruida, un 10.8% tiene diversos grados de perturbación, y sólo un 9% se conserva como vegetación prístina. Además de que hay 425 especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, siendo una cifra conservadora y que aún está latente la amenaza de la minería a cielo abierto que puede traer serios conflictos, argumentando con esto la necesidad de darle continuidad a este fondo. “Todos estos retos a enfrentar son tan sólo una parte representativa de lo que deberá enfrentar la actual administración del Gobierno del Estado, sin soslayar la crisis a la que nos conduce la presencia del Covid-19. Pero no debemos descuidar ningún flanco”, agregan.

Xalapa, Ver.- Un grupo de ambientalistas, biólogos, consultores ambientales, así como investigadores y catedráticos de la Universidad Veracruzana e Inecol, solicitaron de manera formal al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la permanencia y continuidad del Fondo Ambiental Veracruzano, debido a que este fideicomiso público “ha constituido una estrategia muy valiosa para impulsar actividades de conservación ambiental de un estado muy frágil al respecto”.

A través de un documento que entregaron a la oficina del mandatario e hicieron público, los especialistas recordaron que el Fondo Ambiental Veracruzano está constituido por recursos provenientes de la verificación vehicular y la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental y que el 60% de éste ya “es retenido en la Secretaría de Finanzas para atender otras prioridades de gobierno”, por lo que el 40% restante se canaliza de manera directa al FAV.

Con ello se respaldan proyectos de la sociedad civil, incluso se refuerzan tareas operativas de la propia Secretaría de Medio Ambiente, que está entre las dos dependencias de la administración pública estatal con el menor presupuesto”, señalan en el texto firmado por 28 profesionistas y ciudadanos de áreas relacionadas al Medio Ambiente.

Luego de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de Fideicomisos a partir del 21 de abril de 2020, el Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, con el respaldo de 28 miembros, solicitó de manera formal al mandatario estatal la solicitud de excepción al Decreto de extinción de Fideicomisos, respecto al Fondo Ambiental Veracruzano. Y es que consideran que este constituye un instrumento financiero “altamente valorado por la sociedad”, y que ha formado parte del frente de batalla en muchos de los retos que tiene la entidad.

Los firmantes reconocieron que aunque es necesario reforzar su operación en términos de gobernanza, con el fin de tener una aplicación más transparente y democrática, la desaparición no es la mejor solución, ya que esto implicaría una forma de agredir un derecho humano.

En el documento los solicitantes le recordaron al gobernador que Veracruz ocupa el cuarto lugar nacional en generación de residuos sólidos urbanos, tiene cinco acuíferos con déficit hídrico, posee dos de los cuatro 4 ríos más contaminados de México, además de que durante 2019 se enfrentó el peor récord histórico en materia de incendios forestales y entre 2019 y 2020 fue el bienio con una de las peores sequías de la historia.

Los investigadores y activistas expusieron también que al menos el 80% de la vegetación original ha sido destruida, un 10.8% tiene diversos grados de perturbación, y sólo un 9% se conserva como vegetación prístina. Además de que hay 425 especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, siendo una cifra conservadora y que aún está latente la amenaza de la minería a cielo abierto que puede traer serios conflictos, argumentando con esto la necesidad de darle continuidad a este fondo. “Todos estos retos a enfrentar son tan sólo una parte representativa de lo que deberá enfrentar la actual administración del Gobierno del Estado, sin soslayar la crisis a la que nos conduce la presencia del Covid-19. Pero no debemos descuidar ningún flanco”, agregan.

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