/ sábado 26 de octubre de 2019

Niños padecen el castigo de sus padres en cárceles de Veracruz

Según el Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión 2019, niños que viven en prisión con sus madres enfrentan situaciones de estrés que podrían generar afectaciones en su desarrollo físico y emocional

Los menores que viven en prisión con sus madres enfrentan situaciones de estrés que podrían generar afectaciones en su desarrollo físico y emocional, además de padecer el estigma de ser hija o hijo de un “delincuente”, según el Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión 2019, realizado por la asociación civil Reinserta.

De acuerdo con la organización dirigida por Avital Saskia Niño de Rivera Cover, las niñas y niños que viven en prisión se ven expuestos a situaciones constantes y significativas de estrés durante el periodo fetal y la infancia temprana durante los cuales los circuitos cerebrales son particularmente maleables.

“En consecuencia, los sistemas biológicos de respuesta al estrés de estas niñas y niños se activan excesivamente, lo que puede tener un efecto tóxico en los circuitos del cerebro en desarrollo y que repercutirá en el futuro”, apunta el diagnóstico.

Algunas de las consecuencias del estrés tóxico a largo plazo son desórdenes de atención, emocionales, cognitivos y de comportamiento, ansiedad, depresión, dificultades emocionales interpersonales como negatividad, bajos niveles de confianza, dificultades con el aprendizaje, manejo deficiente emociones y, en etapas como la adolescencia, consumo de sustancias, problemas en la salud mental, violencia doméstica y adopción de estilos de vida riesgosos.

Frente a estas situaciones, la asociación civil subraya la necesidad de contar con programas enfocados al desarrollo sano de los infantes que viven en prisión, los cuales deben implementarse en etapas tempranas del ciclo vital, “pues las intervenciones tardías no resultarán exitosas para paliar el impacto del estrés tóxico”.

Foto: Archivo

También da a conocer que otro grupo importante a considerar es el conformado por las hijas e hijos de mujeres y hombres privados de libertad que, aunque no viven en prisión, sí experimentan situaciones de estrés tóxicos, ya que se encuentran expuestos a situaciones de vulnerabilidad, como pobreza, inestabilidad social, económica y emocional, además de vivir bajo el estigma social de ser hija o hijo de “un delincuente”.

Los niños en prisión

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en Veracruz, a través de la solicitud de información 05319219, en los 17 centros penitenciarios estatales hay 295 madres y 4 mil 396 padres recluidos, en ocho de estos centros viven 45 menores de edad junto a sus madres.

Los Centros de Reinserción Social (Cereso) en el que crecen las niñas y niños son los Ceresos de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Pacho Viejo, Amatlán, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos.

El Cereso de Coatzacoalcos cuenta con una población de mil 467 personas, de las cuales 97 son mujeres, además concentra la mayor cantidad de infantes, con 21 niños, 7 de un año de edad; 5 de dos años y 9 de tres años; en este centro, tanto madres y menores son atendidos por personal del centro penitenciario como en el nosocomio de Coatzacoalcos.

En segundo lugar se ubica el Cereso de Amatlán, con 7 niños de un año; 2 de dos años y 3 menores de tres años; en el caso de embarazo, parto, cuidado infantil y/o prenatal, el seguimiento médico se lleva a cabo tanto en el establecimiento penitenciario como en el hospital de Yanga.

Hasta el pasado mes de mayo, el Cereso de Acayucan registraba una población de 361 personas privadas de la libertad, de las cuales 26 son mujeres; y cuatro menores de un año de edad (tres niñas y un niño) que viven con sus madres. Asimismo, las revisiones pediátricas se realizan en el Hospital de Oluta.

En el Cereso de Pacho Viejo, con un registro de 807 personas privadas de la libertad, viven tres menores de un año de edad, dos niños y una niña, mientras que la revisión médica infantil se lleva a cabo en el propio centro.

Celda de la Fortaleza de Perote | Foto: Jaime Rivera

Actualmente, los Ceresos de Poza Rica y Pánuco registran a un menor de un año, respectivamente; y en el de Tuxpan, hay un niño de dos años de edad.

Los derechos de madres, niñas y niños

El artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que las mujeres privadas de libertad embarazadas deberán contar con atención médica especializada durante el embarazo, el parto y el puerperio, proporcionada en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud adecuado.

Con respecto a las niñas y niños que nacen en prisión, el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad gozarán del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; al derecho de prioridad; a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral; protección de la salud; a la educación inicial y al descanso y esparcimiento de modo que gocen de los mismos derechos y posibilidades de crianza que una niña o niño fuera de prisión.

Asimismo la legislación nacional estipula que su permanencia en la prisión será hasta los tres años y debe estar sujeta al interés superior del menor, por lo que es necesario garantizarles una buena alimentación, servicios de salud, educación y espacios especiales para estar con su madre.

Los menores que viven en prisión con sus madres enfrentan situaciones de estrés que podrían generar afectaciones en su desarrollo físico y emocional, además de padecer el estigma de ser hija o hijo de un “delincuente”, según el Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión 2019, realizado por la asociación civil Reinserta.

De acuerdo con la organización dirigida por Avital Saskia Niño de Rivera Cover, las niñas y niños que viven en prisión se ven expuestos a situaciones constantes y significativas de estrés durante el periodo fetal y la infancia temprana durante los cuales los circuitos cerebrales son particularmente maleables.

“En consecuencia, los sistemas biológicos de respuesta al estrés de estas niñas y niños se activan excesivamente, lo que puede tener un efecto tóxico en los circuitos del cerebro en desarrollo y que repercutirá en el futuro”, apunta el diagnóstico.

Algunas de las consecuencias del estrés tóxico a largo plazo son desórdenes de atención, emocionales, cognitivos y de comportamiento, ansiedad, depresión, dificultades emocionales interpersonales como negatividad, bajos niveles de confianza, dificultades con el aprendizaje, manejo deficiente emociones y, en etapas como la adolescencia, consumo de sustancias, problemas en la salud mental, violencia doméstica y adopción de estilos de vida riesgosos.

Frente a estas situaciones, la asociación civil subraya la necesidad de contar con programas enfocados al desarrollo sano de los infantes que viven en prisión, los cuales deben implementarse en etapas tempranas del ciclo vital, “pues las intervenciones tardías no resultarán exitosas para paliar el impacto del estrés tóxico”.

Foto: Archivo

También da a conocer que otro grupo importante a considerar es el conformado por las hijas e hijos de mujeres y hombres privados de libertad que, aunque no viven en prisión, sí experimentan situaciones de estrés tóxicos, ya que se encuentran expuestos a situaciones de vulnerabilidad, como pobreza, inestabilidad social, económica y emocional, además de vivir bajo el estigma social de ser hija o hijo de “un delincuente”.

Los niños en prisión

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en Veracruz, a través de la solicitud de información 05319219, en los 17 centros penitenciarios estatales hay 295 madres y 4 mil 396 padres recluidos, en ocho de estos centros viven 45 menores de edad junto a sus madres.

Los Centros de Reinserción Social (Cereso) en el que crecen las niñas y niños son los Ceresos de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Pacho Viejo, Amatlán, San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos.

El Cereso de Coatzacoalcos cuenta con una población de mil 467 personas, de las cuales 97 son mujeres, además concentra la mayor cantidad de infantes, con 21 niños, 7 de un año de edad; 5 de dos años y 9 de tres años; en este centro, tanto madres y menores son atendidos por personal del centro penitenciario como en el nosocomio de Coatzacoalcos.

En segundo lugar se ubica el Cereso de Amatlán, con 7 niños de un año; 2 de dos años y 3 menores de tres años; en el caso de embarazo, parto, cuidado infantil y/o prenatal, el seguimiento médico se lleva a cabo tanto en el establecimiento penitenciario como en el hospital de Yanga.

Hasta el pasado mes de mayo, el Cereso de Acayucan registraba una población de 361 personas privadas de la libertad, de las cuales 26 son mujeres; y cuatro menores de un año de edad (tres niñas y un niño) que viven con sus madres. Asimismo, las revisiones pediátricas se realizan en el Hospital de Oluta.

En el Cereso de Pacho Viejo, con un registro de 807 personas privadas de la libertad, viven tres menores de un año de edad, dos niños y una niña, mientras que la revisión médica infantil se lleva a cabo en el propio centro.

Celda de la Fortaleza de Perote | Foto: Jaime Rivera

Actualmente, los Ceresos de Poza Rica y Pánuco registran a un menor de un año, respectivamente; y en el de Tuxpan, hay un niño de dos años de edad.

Los derechos de madres, niñas y niños

El artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que las mujeres privadas de libertad embarazadas deberán contar con atención médica especializada durante el embarazo, el parto y el puerperio, proporcionada en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud adecuado.

Con respecto a las niñas y niños que nacen en prisión, el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad gozarán del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; al derecho de prioridad; a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral; protección de la salud; a la educación inicial y al descanso y esparcimiento de modo que gocen de los mismos derechos y posibilidades de crianza que una niña o niño fuera de prisión.

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