/ viernes 4 de enero de 2019

No hay avance en bodas y adopción gay

La armonización normativa en Veracruz en materia de reconocimiento de derechos de la población LGBTTTI se encuentra en “números rojos”, apenas alcanza 50.91% de concretización en la legislación estatal

La armonización normativa en Veracruz en materia de reconocimiento de derechos de la población LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual) se encuentra en “números rojos”, pues apenas alcanza el 50.91% de concretización en la legislación estatal, advierte la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En su última actualización la plataforma nacional de la CNDH indica que el Derecho a la No Discriminación por los Fines de Matrimonio, el Derecho al Acceso al Matrimonio y el Derecho a la Adopción en la entidad veracruzana se mantienen en cero avance dentro de la armonización jurídica de los derechos humanos.

En contraste, sólo los estados de Campeche, Ciudad de México y Tlaxcala contemplan adecuadamente el Derecho a la No Discriminación por los Fines de Matrimonio, mientras que siete entidades federativas (Campeche, CDMX, Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit) contemplan —en 100%— el Derecho al Acceso al Matrimonio.

Respecto de la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo, sólo 11 estados del país prevén correctamente esta disposición jurídica: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Nayarit y Querétaro.

En las temáticas de los derechos a la No Discriminación por Identidad ni Expresión de Género, a la Personalidad Jurídica (respecto al procedimiento con base en el consentimiento libre e informado, registro confidencial y procedimiento expedito y con tendencia gratuita), a una Vida Libre de Violencia, a la No Discriminación Laboral, el Estado de Veracruz registra 60% de avance normativo.

Asimismo, las disposiciones jurídicas como el Derecho a la No Discriminación por Orientación Sexual y el Derecho a la No Discriminación por Delito son los que alcanzan el 100% de armonización normativa en la entidad veracruzana. Cabe mencionar que la plataforma nacional desglosa por entidad los rubros jurídicos que requieren de atención inmediata, entre las cuales se encuentran las legislaciones relacionadas con la discriminación laboral, el acceso a una vida libre de violencia, el acceso al matrimonio y de adopción por parte de parejas de mismo sexo.

Al respecto, la asociación civil “Letra S”, especialista en el tema de diversidad sexual y de género, señala que en ciertos estados de la República “aunque se contempla el bloque constitucional y/o tratados internacionales de derechos humanos en materia de derechos humanos y no discriminación, no existen dentro de la ley y normatividad estatal los mecanismos que los hagan válidos y útiles a nivel jurídico, por lo que se siguen vulnerando el goce de derechos por parte de la comunidad LGBTTTI”.

Por su parte, la CNDH señala que poner en práctica los procesos de armonización de los derechos humanos no es un ejercicio que resulte sólo de la buena voluntad de los estados, sino que —ante todo— responde a las obligaciones que dichos estados asumen al firmar los tratados internacionales.

También apunta que la armonización de los derechos humanos es una obligación común para todas las instancias normativas del Estado mexicano, tanto en el orden federal como en el estatal, “no se trata de un deber circunstancial, cuya vigencia sea temporal y cuya atención se resuelva con un solo acto o un esfuerzo jurídico, se trata de una tarea permanente destinada a dar el mantenimiento que requiere el orden jurídico”.

Compromisos incumplidos

A pesar de que la administración presidida por Miguel Ángel Yunes Linares estableció como compromiso el diseño y la implementación de políticas y programas para eliminar la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las personas integrantes de la comunidad LGBTTTI —establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, el cual se publicó el 29 de noviembre de 2016, en la Gaceta Oficial del Estado— esto no se cumplió.

La abogada y activista Jani Jiménez Alarcón explica que no sólo existen retrasos en el tema del matrimonio igualitario, también en el de “concordancia sexo-genérica”, que se refiere al proceso de intervención profesional mediante el cual una persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, a través de una identidad jurídica de hombre o mujer.

Asimismo considera que hace falta sensibilización en temas de diversidad sexual, así como su inclusión en la agenda de gobierno estatal, “pues en la mayoría de los casos ni los mismos funcionarios públicos están enterados sobre el tema”.

La armonización normativa en Veracruz en materia de reconocimiento de derechos de la población LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual) se encuentra en “números rojos”, pues apenas alcanza el 50.91% de concretización en la legislación estatal, advierte la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En su última actualización la plataforma nacional de la CNDH indica que el Derecho a la No Discriminación por los Fines de Matrimonio, el Derecho al Acceso al Matrimonio y el Derecho a la Adopción en la entidad veracruzana se mantienen en cero avance dentro de la armonización jurídica de los derechos humanos.

En contraste, sólo los estados de Campeche, Ciudad de México y Tlaxcala contemplan adecuadamente el Derecho a la No Discriminación por los Fines de Matrimonio, mientras que siete entidades federativas (Campeche, CDMX, Coahuila, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit) contemplan —en 100%— el Derecho al Acceso al Matrimonio.

Respecto de la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo, sólo 11 estados del país prevén correctamente esta disposición jurídica: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Nayarit y Querétaro.

En las temáticas de los derechos a la No Discriminación por Identidad ni Expresión de Género, a la Personalidad Jurídica (respecto al procedimiento con base en el consentimiento libre e informado, registro confidencial y procedimiento expedito y con tendencia gratuita), a una Vida Libre de Violencia, a la No Discriminación Laboral, el Estado de Veracruz registra 60% de avance normativo.

Asimismo, las disposiciones jurídicas como el Derecho a la No Discriminación por Orientación Sexual y el Derecho a la No Discriminación por Delito son los que alcanzan el 100% de armonización normativa en la entidad veracruzana. Cabe mencionar que la plataforma nacional desglosa por entidad los rubros jurídicos que requieren de atención inmediata, entre las cuales se encuentran las legislaciones relacionadas con la discriminación laboral, el acceso a una vida libre de violencia, el acceso al matrimonio y de adopción por parte de parejas de mismo sexo.

Al respecto, la asociación civil “Letra S”, especialista en el tema de diversidad sexual y de género, señala que en ciertos estados de la República “aunque se contempla el bloque constitucional y/o tratados internacionales de derechos humanos en materia de derechos humanos y no discriminación, no existen dentro de la ley y normatividad estatal los mecanismos que los hagan válidos y útiles a nivel jurídico, por lo que se siguen vulnerando el goce de derechos por parte de la comunidad LGBTTTI”.

Por su parte, la CNDH señala que poner en práctica los procesos de armonización de los derechos humanos no es un ejercicio que resulte sólo de la buena voluntad de los estados, sino que —ante todo— responde a las obligaciones que dichos estados asumen al firmar los tratados internacionales.

También apunta que la armonización de los derechos humanos es una obligación común para todas las instancias normativas del Estado mexicano, tanto en el orden federal como en el estatal, “no se trata de un deber circunstancial, cuya vigencia sea temporal y cuya atención se resuelva con un solo acto o un esfuerzo jurídico, se trata de una tarea permanente destinada a dar el mantenimiento que requiere el orden jurídico”.

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